El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta tiene “actas y registros fotográficos” de los trabajadores que adhirieron al paro convocado por ATE Capital el 16 de marzo pasado y envió a los responsables de distintos organismos públicos listados de afiliados a ese sindicato “para proceder” a descontarles el día. Así surge de una denuncia realizada por la Junta Interna de ATE en el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que calificó a la maniobra como “una clara acción de persecución gremial y política a las y los trabajadores organizados”, propia “de un gobierno fascista y neoliberal”.
En paralelo con el segundo día del paro nacional de 48 horas convocado por los gremios docentes, ATE Capital paró el jueves 16 para rechazar el tope del 18 por ciento que el gobierno porteño –igual que el nacional y el bonaerense de María Eugenia Vidal– pretende imponer a las paritarias. El “abandono de trabajo” para participar de la masiva movilización de aquella tarde fue “verificado por la Subsecretaría de Trabajo a través de sus inspectores, mediante actas y registros fotográficos”. Así surge de un mail que Jorge Andrés Rey, director de Relaciones Laborales del gobierno porteño, le envió al propio Rodríguez Larreta, a su jefe de gabinete, Felipe Miguel, y a un grupo de funcionarios. En el correo fechado el 23 de marzo, al que accedió al Junta Interna del Consejo, Rey pide que le informen sobre “las ausencias incurridas” para “proceder a los descuentos respectivos” y con ese fin adjunta planillas de Excel con nombre, apellido y DNI de los afiliados de cada repartición.
La medida de fuerza fue “legalmente informada” por ATE Capital “en uso de nuestros derechos constitucionales”, ya que “el paro es una acción legal”, recordó la Junta Interna en el Consejo. Calificó la decisión de Rodríguez Larreta como “gravísima, violenta y persecutoria” contra los trabajadores “que luchamos contra las políticas de vaciamiento del Estado y peleamos por estabilidad laboral y paritarias libres”. “Esta medida excede ampliamente el descuento de un día de paro. La existencia de listas negras no se ve en nuestro país desde la época de la dictadura militar. La publicación de un listado con nombre y DNI en un documento oficial consiste en una bisagra que implanta un plan sistemático de persecución ideológica”, advirtió.
El comunicado contextualiza la decisión en el marco de “las herramientas propias con las que responde un gobierno fascista y neoliberal”, y enumera: “persecución a los docentes, a la educación pública, amenazas a dirigentes gremiales, desprestigio de los sindicatos, persecución político partidaria a los miembros de la oposición, presos políticos como Milagro Sala, retroceso en las políticas de la Memoria, Verdad y Justicia, y la puesta en duda por parte de funcionarios sobre el genocidio de Estado, militarización de los barrios, baja de la edad de punibilidad, entre tantas otras”.
“Estamos convencidos que con esto sólo buscan amedrentar, intimidar y provocarnos, pero no lo van a lograr”, advierte ATE, y anuncia que “al contrario, vamos a redoblar nuestras fuerzas para defender nuestros derechos y los de toda la población, vamos a defender el Estado, vamos a defender nuestros derechos constitucionales, el derecho a la organización, a la protesta y el derecho a huelga”.
Los destinatarios del pedido que debían informar (o no) sobre sus compañeros que ejercieron el derecho de huelga, además de Rodríguez Larreta y Felipe Miguel, son Teresita Barragán Recalde, de la Dirección General de Programas Descentralizados; Martín Mura, de la jefatura de gabinete del Ministerio de Hacienda; Julia Domeniconi, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos; José Ohrnialian, de la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal; y Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
