A once años del fallo Arriola en el que la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas que consumen drogas, todavía proliferan causas por tenencia para consumo personal. Las causas no solo le cuestan al Estado millones de dólares, sino que también tienen un alto costo social en materia de vulneración de derechos humanos. Un informe realizado por la ONG Reset, Política de Drogas y Derechos Humanos, relevó que desde aquel fallo a la fecha se presentaron, sin considerar las iniciativas que despenalizan únicamente con fines medicinales, 28 proyectos para cambiar la ley de drogas (23.737). De los proyectos que son comparables entre sí: el 82 por ciento despenalizan/ descriminalizan la figura de siembra o cultivo para consumo personal y el 89 por ciento despenalizan/ descriminalizan la figura de tenencia para consumo personal. 

Las presentaciones muestran que el tema es transversal a los partidos políticos, y según concluye el estudio, existe cierto "consenso" para cambiar el paradigma criminalizador.

El 25 de agosto de 2009 la Corte Suprema desandó con el fallo Arriola el camino punitivista trazado en los 90 por la corte menemista, que a través del fallo Montalvo penaba la tenencia de drogas sin distinguir si la posesión de sustancias tenía destino de comercialización o consumo personal. Al dictar la inconstitucionalidad del artículo 14 (segundo parrafo) de la Ley 23.737, que reprime la tenencia de estupefacientes para consumo personal con pena de prisión de 1 mes a 2 años, el tribunal retomó el criterio sostenido por la Corte en el año 86 en el caso Bazterrica, y reivindicó el derecho a la privacidad de los usuarios siempre que no afecte a terceros.

Sin embargo, como señala el informe de Reset, dado que las decisiones de la Corte no son de cumplimiento obligatorio, porque por el sistema de control de constitucionalidad que rige en Argentina los juzgados inferiores pueden desoír el criterio establecido por el máximo tribunal, a lo que se suma que la afectación de terceros deja un margen de discrecionalidad a los operadores judiciales y de las fuerzas de seguridad, hasta tanto no haya un nueva ley, los usuarios estarán a merced de la retórica política imperante en materia de drogas.

En este sentido, desde aquel fallo, el informe contabilizan unas 28 iniciativas parlamentarias en total. De ellas, 24 fueron presentadas ante la Cámara de Diputados, dos fueron presentadas ante el Senado, y dos iniciativas tuvieron origen en el Poder Ejecutivo Nacional. Además 22 proyectos despenalizan/descriminalizan la figura de siembra o cultivo para consumo personal (Art. 5 inc. a y anteúltimo párrafo) y 24 proyectos despenalizan/descriminalizan la figura de tenencia para consumo personal (Art. 14 segundo párrafo).

Los datos del informe muestran también cómo el tema atraviesa a la mayor parte de los partidos políticos. Según lo relevado, los proyectos que despenalizan/ descriminalizan el autocultivo fueron impulsados por legisladores/as de los bloques: Córdoba Federal, Frente de Todos, Frente para la Victoria, Libres del Sur, Movimiento Evita, Movimiento Popular Neuquino (MPN), Nuevo Encuentro Popular y Solidario, Partido Socialista, Peronismo para la Victoria, Producción y Trabajo, Generación Para Un Encuentro Nacional (GEN), Unión Cívica Radical (UCR), Unión Pro (PRO).

En los proyectos que despenalizan/descriminalizan la tenencia para consumo personal participaron legisladores/as de: Coalición Cívica (CC), Córodba Federal, Frente de Todos, Libres del Sur, Moviemiento Evita, Movimiento Popular Neuquino (MPN), Nuevo Encuentro Popular y Solidario, Partido Socialista, Peronismo para la Victoria, Producción y Trabajo, Unión Cívica Radical (UCR), Generación Para Un Encuentro Nacional (GEN), Unión Pro (PRO).

En tanto entre quienes mantienen la penalización del autocultivo, intervinieron legisladores de la: Coalición Cívica (CC), Federal Unidos Por Una Nueva República, Frente para la Victoria, Unión Cívica Radical (UCR). Por último, sólo integrantes del bloque Federal Unidos por Una Nueva Argentina presentaron proyecto que mantiene la penalización de la tenencia para consumo.

En sus conclusiones, Reset señala que salvo casos muy excepcionales, los representantes legislativos "de las fuerzas políticas más variadas han presentado proyectos que entienden entre sus fundamentos que la persecución penal a las personas consumidoras, mediante figuras que tienden a limitar su ámbito de libertad y autodeterminación, como ser la tenencia o el autocultivo, es lesiva a nuestra Constitución".

No obstante, el abogado y presidente de Reset, Mariano Fusero, dijo a Página/12 que "podemos decir que el Poder Legislativo, más alla de esta cantidad de proyectos presentados y de esa transversalidad partidaria ni siquiera hizo un debate en el recinto desde 2012 a la actualidad. El último debate en una comisión parlamentaria fue ese año, es decir hace ocho años". Por otra parte, señaló que "son muy pocos los proyectos que realmente se aboquen a establecer una técnica legislativa que uno pueda considerar que va a significar un cambio positivo respecto a la no criminalizacion de las personas que consumen. Hay muchos proyectos que repiten formulas que siguen brindando determinada abstracion y discrecionalidad a las fuerzas policiales y al poder punitivo en general".

Y remarcó que "en Brasil, en el año 2006, también se hizo una campaña de despenalización pero dejaron tantas abstracciones que en definitiva desde 2006 a 2012 se triplicaron las causas de personas detenidas por consumo. Una mala técnica legislativa puede dar lugar a un efecto más perniciosos". "Está la intención de despenalizar, pero falta dar un debate sincero respecto a cuál es sería la mejor técnica legislativa para que las situaciones fácticas de la criminalización de las personas no sigan sucediendo", añadió.