El Gobierno dejó trascender que planea publicar en los próximos días un decreto para desclasificar los archivos secretos de la ex Side vinculados al atentado a la AMIA, como gesto de interés y colaboración con la investigación. Como novedad, es llamativa, ya que el decreto 395 del año 2015 ya dispuso esa misma medida y tanto los fiscales de la Unidad AMIA así como el Grupo de Análisis Documental de la Procuración, vienen analizando desde entonces el material que quedó a disposición en dependencias (por cierto bastante sucias y descuidadas) de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La diferencia, según explicó a PáginaI12 Mario Cimadevilla, el titular de la Unidad especial del Ministerio de Justicia, sería que la desclasificación pasará a ser controlada por su propia dependencia, o sea, el Poder Ejecutivo. La lógica de esta situación es la misma que pone en evidencia la renuncia de la abogada Mariana Stilman que representa la querella del Gobierno en el juicio por el encubrimiento del atentado, quien en una carta denunció que el ministro de Justicia Germán Garavano dio instrucciones para evitar un papel activo en las audiencias (ver aparte).

El decreto de 2015 dispone “la desclasificación de la totalidad de la documentación que fue remitida en custodia” a la UFI AMIA por una resolución de la ex Side; “la desclasificación de la documentación adicional” seleccionada en la central de inteligencia; la “desclasificación de toda otra nueva documentación, informe o archivo que no hubieran sido aportados oportunamente a la causa” que estén en poder de la AFI. El decreto instruye a la Agencia para que remita todo a la Unidad de Investigación que tiene delegada la causa sobre el atentado. Según Cimdavilla, “no está todo desclasificado, por eso hace falta un nuevo decreto, que será complementario, no derogará el anterior”. 

“No es cierto. Nosotros no sólo desclasificamos, hicimos entrega de todo el material. Hacen esto para mostrar que hacen algo y congraciarse con la colectividad judía, más después del papelón de Esteban Bullrich hablando de Ana Frank. El decreto ya existe”,  dijo a este diario Oscar Parrilli, ex titular de la AFI, en la misma línea de un tuit de Cristina Kirchner.  

En la Unidad AMIA de la Procuración, dos funcionarios consultados por este diario dijeron que aún falta desclasificar material y documentación, aunque buena parte ya fue realizada. Lo que sucedió después del decreto de 2015 es que se encontraron con que ellos tenían que hacer un trabajo de inventario y análisis de todos los elementos, que son miles, y que estaban arrumbados en sótanos y dependencias de la AFI llenos de suciedad, excrementos de rata y humedad. En esto trabaja personal de la UFI AMIA y del Grupo Especial de  Relevamiento y Análisis Documental (Gerad). La UFI ha ido realizando reclamos parciales de desclasificación a medida que detectó pruebas puntuales. Encontraron videos en VHS, casettes con escuchas, partes de inteligencia, análisis de prensa, fotos, entre otras cosas. A medida que se desclasifica y digitaliza una caja, se labra un acta conjunta entre la unidad y la AFI. Uno de los videos hallados fue el que permitió, por ejemplo, identificar a la víctima 85 el año pasado. Un punto en el que buscan avanzar, por ejemplo, son documentos de inteligencia previos al atentado. Por esto plantean que todo lo que sume a la investigación y desclasificación es bienvenido. La duda principal es si el decreto encierra otra intencionalidad o si habilitará un control directo del Poder Ejecutivo sobre lo que se investiga.

Cimadevilla dice: “No creo que en la Argentina la Justicia esté en condiciones de investigar al poder; AMIA y Nisman son ejemplos de eso. Por eso nuestro planteo es remover los obstáculos para que los jueces dicten sentencia. Nosotros (la Unidad AMIA del Ministerio) nos vamos a hacer cargo de la desclasificación, sin restar participación a la Unidad de Fiscales y respetando el papel de la AFI. Queremos poner expertos, por ejemplo, de la Universidad de San Andrés, para que analicen y desclasifiquen lo que no se hizo hasta ahora”.  En la misma línea, Cimadevilla es el impulsor del proyecto de ley de juicio en ausencia para el caso AMIA y otros. Es una herramienta muy cuestionada en la comunidad jurídica ya que podría interpretarse que vulnera el derecho de defensa y la posibilidad del acusado de explicar su versión de los hechos en primera persona. La organización Memoria Activa ha sostenido que es un artilugio para designar un culpable sin buscar la verdad.

La puesta a disposición del material a desclasificar, ya sea de la AFI o de otras dependencias, ante los reclamos de la Unidad de Fiscales, parece más una cuestión de voluntad política que de la firma de un nuevo decreto. En todo caso, está por verse cuál es el propósito de generar una intervención tan directa del Gobierno, y si está –como todo hace suponer– en línea con los hechos denunciados por la abogada de la querella del Estado respecto de las instrucciones del Ministerio de Justicia para mantener un papel poco activo en el juicio del encubrimiento.