La fiscala de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, pidió la recusación del juez de Garantías del departamento Anta, Héctor Sebastián Guzmán, en la causa que se sigue contra el comisario Walter Mamaní y otros policías de la Subcomisaría de Apolinario Saravia por uso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica y vejaciones agravadas y en la causa en la que el auxiliar fiscal, Sergio Dantur, está siendo investigado por incumplimiento a los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado.
La fiscala solicitó que sean anuladas las disposiciones del juez Guzmán respecto a la libertad otorgada al policía Franco Vizgarra para quien insistió en requerir prisión preventiva. También pidió que se anule la decisión por la que el magistrado rechazó la prueba obtenida mediante la apertura del celular del comisario.
En la causa, la sargenta Julia Díaz sigue con prisión preventiva domiciliaria mientras que el sargento Sergio Argañaraz y el cabo Juan Giménez están detenidos en Joaquín V. González. Mamaní está detenido en Salta Capital.
El denunciante es Luciano Diez, quien manifestó que el 28 de junio a las 4 de la madrugada circulaba con su vehículo por la avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte en el pueblo de Apolinario Saravia, cuando apareció en sentido contrario el móvil policial conducido por Giménez, acompañado por Argañaraz, Díaz y Mamaní , quienes sin motivo alguno realizaron al menos cuatro disparos.
La fiscala planteó que tras esto, los policías fueron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y escapar, lo que entendió que fue una privación ilegal de la libertad de Diez, ya que no había motivos que autorizaran su detención. Simesen de Bielke concluyó que para avalar la restricción ilegal, los policías "armaron· una causa penal, en la que el comisario Mamaní denunció falsamente a Diez por atentado a la autoridad. Además, luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, los policías lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos. Dos días después cuando el joven circulaba por el pueblo de General Pizarro, el comisario volvió a demorarlo e insistió con el intento de armarle una causa.
La fiscala solicitó que se deje sin efecto la posibilidad de imputar por falso testimonio a la madre del denunciante, Iris Waidelich, y a dos testigos de la querella. Planteó que le faltó imparcialidad al juez cuando consideró que la única prueba en que sustentaba la imputación y pedido de preventiva para Vizgarra era la declaración de Waidelich. "La ha comparado con los documentos y actos confeccionados por el personal policial y que justamente son cuestionados por este órgano acusador, en orden a la 'falsedad ideológica'" de esos dicumentos y actos, sostuvo la fiscala.
La funcionaria señaló que Vizgarra fue mencionado como uno de los partícipes en la detención de Diez y como la persona que en la comisaria llevó a cabo las vejaciones en su perjuicio.
"No corresponde al Sr. Juez en su calidad de 'garante' analizar los elementos de prueba incorporados, sino tan solo verificar, conforme lo dispone el artículo 41 del Código Penal, 'el control de legalidad procesal y resguardo de las garantías constitucionales'. No surge en modo alguno que el dictamen fiscal por el que se dispuso la ampliación de la imputación en relación a Vizgarra adolezca de un vicio tal que permita declarar la nulidad infundada que pretende", sostuvo Simesen de Bielke.
Respecto a los testigos de Diez, Ramiro Serrano y Diego Figueroa Orquera, el juez corrió vista a la Fiscalía considerando que pudieron haber incurrido en falso testimonio. Simesen de Bielke también rechazó esta pretensión.
La fiscal sostuvo que el juez debe ser apartado de seguir interviniendo en la causa y aseguró que "se encuentra en juego la confianza en la imparcialidad de la administración de justicia”. Consideró que el magistrado incurrió en una “sentencia arbitraria”, que carece de los requisitos mínimos que la sustenten.
El juez también declaró nula la inspección ocular sobre los celulares oficiales del auxiliar penal de Apolinario Saravia y de la fiscala penal Yonny Zigarán correspondiente a los días 28 de junio desde las 4 a las12 y el 2 de julio, de 15 a 17.30. Esta inspección se hizo con el consentimiento de ambos funcionarios. Pero el juez la anuló porque no se le requirió autorización a él. La fiscala esgrimió que no era necesaria su autorización para llevar adelante la medida.
Simesen de Bielke también aclaró que la inspección oa los celulares se realizó luego de la declaración de Mamaní, quien solicitó que esto se hiciera a los fines de aportar elementos exculpatorios, sin embargo, las conversaciones encontradas con el auxiliar Dantur, devinieron en la imputación del auxiliar fiscal por haber filtrado información de la investigación al comisario. Dantur fue suspendido de sus funciones, se le inició un sumario administrativo, y luego de que se hiciera una auditoría en la dependencia de la Fiscalía de Apolinario Saravia a su cargo y se descubrieran irregularidades como el archivo de causas, el procurador general Abel Cornejo decidió cerrar esa dependencia de forma provisoria.
