Según las últimas proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el PBI de la región se contraerá -9,1 % en lo que queda de 2020, la pobreza se incrementará en un 37,3 % y alcanzará a 231 millones de personas: cerca de 118 millones son mujeres. En este escenario, los derechos de lxs migrantes en la reconstrucción económica y social post pandemia deberán ser cuestión prioritaria, visibilizada y pensada desde políticas públicas, inclusión y protección social. “América Latina y el Caribe enfrentan la peor crisis en un siglo”, advirtió la Secretaria Ejecutiva de la Cepal, Alicia Bárcena, en el primer diálogo virtual “Los efectos del Covid-19, una oportunidad para reafirmar la centralidad de los derechos humanos de las personas migrantes en el desarrollo sostenible”, de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe.
Bárcena sostuvo que las mujeres migrantes se concentran en los sectores de servicios más afectados, incluyendo el trabajo doméstico, lo que constituye 14,3 % del empleo de las mujeres en la región: el 17,2 % de las personas ocupadas como trabajadoras domésticas son migrantes en un sector caracterizado por altas tasas de informalidad. A esto se agrega la reducción del flujo de remesas hacia los principales países receptores de la región en el acumulado hasta mayo, que alcanza en promedio un 7 % con respecto al mismo período de 2019. En varios de los países más pobres representan un alto porcentaje del PBI, por lo que la Cepal instó a que las remesas sean consideradas servicios esenciales. “Estamos confrontando una situación que va a durar más de lo esperado -concluyó la funcionaria-, que requerirá más recursos fiscales y, por lo tanto, necesitamos repensar la manera en que nos vamos a ir reconstruyendo de una forma más igualitaria, más inclusiva y más sostenible.”
