Una parte relevante del establishment nacional decidió ser cuidadoso respecto a tener expresiones públicas y corporativas sobre el caso del DNU con que el Gobierno Nacional declaró servicio esencial a internet, cable y celulares. Una pelea que impulsan los principales prestadores con una activa postura del Grupo Clarín, que concentra buena parte del mercado y es el más impactado por las regulaciones.

A diferencia de lo que ocurrió con los casos de Vicentin y la reforma Judicial, el Círculo Rojo no salió a criticar la medida por diferentes razones y el reclamo quedó circunscripto a las firmas del sector. En una solicitada que se redactó el fin de semana y que intentó, sin éxito, sumar a voluntades extra negocio, pusieron la rúbrica Clarín, Telefónica y Claro, más la Cámara de Comercio de los Estados Unidos (Amcham), que firmó en nombre de DirecTV, compañía de capitales estadounidenses y Telecom, Telefónica y Claro, que también son socios.

Se representó allí toda la mesa de la industria del rubro, pero el escrito generó ruido incluso hacia adentro de Amcham. No hubo consultas a los socios no tecnológicos y la mayoría se enteró cuando vieron la solicitada. Cuando les avisaron esta mañana, adelantaron también que, paralelamente, Amcham trabaja en un posicionamiento propio “que estaremos enviando a la Jefatura de Gabinete”.

El mismo viernes en que el presidente Alberto Fernández dio a conocer el congelamiento en los precios de los abonos hasta fin de año y avisó que será el Estado quien autorice aumentos vía justificación de mayores costos, hubo moderada actividad en los grupos de Whatsapp de ceos. Esos mismos chats que albergaron alertas fuertes sobre medidas que se consideraban como atentados a la propiedad privada y a la institucionalidad.

El caso más emblemático, el grupo Nuestra Voz, que armaron los unicornios digitales con Marcos Galperín, de Mercado Libre, al comando. Tribuna que suele reflejar el sentir negativo de cualquier avance del Estado y que nació para bancar la candidatura de Mauricio Macri, solo contó con un impulsor de la bronca por el DNU. Escribió algunas lías Ricardo Estévez, un filántropo y empresario con campos en el sur que es íntimo amigo del mexicano Carlos Slim, dueño de Claro.

Lo siguieron muy pocos. La actividad se dio por fuera del grupo, donde algunos de los presentes blanquearon por qué la épica que busca Clarín es incompleta. “Esta no es una pelea nuestra ni algo en lo que tengamos que meternos, es algo sectorial y regulatorio que afecta a empresas muy concentradas y con poder de fuego”, le dijo un ceo industrial a otro de los participantes, perteneciente a la industria farmacéutica.

En ese grupo, la mayor obsesión es la reforma judicial. Uno de los que dijo que eso es más relevante que el DNU fue Javier Goñi, de Ledesma, que además es un alto mando de IDEA, conglomerado que puso por escrito su oposición al tema judicial.

PREOCUPADOS POR LA ECONOMÍA

Algo similar ocurrió en la reunión del lunes de la Coordinadora de Productores de Alimentos (Copal), que alguna vez rechazó fuerte el asunto de la expropiación fallida de Vicentin. Hablaron de precios y de un encuentro que se viene con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas. No hubo menciones al caso de las telcos.

En el ámbito bancario, en tanto, la única preocupación que generó la decisión no tuvo que ver con la supuesta afectación a los negocios o las inversiones de un sector, sino más bien a la señal negativa de congelar precios como una medida de fondo ante posibles rebrotes inflacionarios.

Fuentes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), no descartaron ante la consulta de Página I12 que haya un comunicado para sentar posición por el tema. Pero en ese caso sería más lógico, considerando el peso que el holding de Héctor Magnetto tiene en la entidad.

Este martes, en la típica reunión de Junta de la Unión Industrial Argentina (UIA), la agenda contempló todo menos el caso de la regulación a las telcos. En aquella situación de la expropiación fallida de Vicentin, fue el propio Luis Betnaza, mano derecha de Paolo Rocca en Techint, el que pidió salir con un comunicado cruzando al gobierno. Esta vez, no hubo chispazos a favor de Clarín. 

La mayor preocupación de los industriales, hoy, es saber cuándo Fernández dará a conocer las tan mentadas 62 medidas para reactivar la economía. Un anuncio que hasta los ministros desconocen la fecha pero que ya tiene señales concretas: un acto importante luego del 28 de agosto, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, cierre formalmente el canje con los acreedores privados.