El gobierno nacional rechazó la decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de no prorrogar el mandato del titular de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, concluido a mediados de agosto.

"La República Argentina no comparte las explicaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en su decisión de no avanzar en el proceso de renovación del mandato del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, sobre la fecha del vencimiento del mismo", expresó la Cancillería en un comunicado.

La cartera que encabeza Felipe Solá consideró que con su decisión "el secretario general desconoce la propuesta realizada por el pleno de la Comisión el 8 y 9 de enero del corriente año, conforme el Artículo 21 del Estatuto de la CIDH y el Artículo 11 inciso 3 del Reglamento de la Comisión".

Almagro comunicó por carta a la CIDH su decisión de no renovar el mandato de Abrão, concluido a mediados de agosto, lo que, según la Comisión, atenta contra su "autonomía e independencia".

En el comunicado, el Palacio San Martín recordó que "el Estatuto de la CIDH prevé mecanismos para la separación del secretario ejecutivo, siempre en consulta con la Comisión e informando los motivos que fundamenten dicha decisión".

"Queda claro que, de comprobarse algunas de las irregularidades aducidas, deberán tomarse las acciones pertinentes", señala el comunicado, en alusión a las denuncias sobre presuntas irregularidades que Almagro puso como argumento para la no prórroga del mandato de Abrão. "No corresponde, entonces, que el secretario general se atribuya potestades de proceder sin las consultas previstas con la CIDH".

"La Argentina manifiesta su profunda preocupación frente a una decisión que puede tener consecuencias en la legitimidad y efectividad de las labores de protección y promoción de los derechos humanos en la región del órgano principal de la OEA en la materia", expresa el comunicado. En ese sentido, el Gobierno argentino instó "a que se tomen todos los recaudados necesarios para garantizar la autonomía y la independencia de CIDH y que la misma no esté sujeta a presiones políticas en una tarea que resulta esencial para los Derechos Humanos en el hemisferio".