La fiscala penal Mónica Araceli Viazzi amplió la imputación contra el ex intendente de Pichanal, Julio Antonio Jalit, quien se encontraba imputado desde 2019 por supuesto enriquecimiento ilícito. Ahora le imputaron los delitos de estafa por fraude a la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado de servicios, enriquecimiento ilícito; utilización de residuos peligrosos que contaminaron de un modo peligroso para la salud el suelo, el agua, la atmósfera y el ambiente en general.

También lo imputaron por omisión maliciosa sus declaraciones juradas y falsear u omitir datos en sus declaraciones juradas patrimoniales y por fraude a la administración pública por administración infiel.

Esa larga lista de nuevos delitos que se le atribuyen le fue leída a Jalit el lunes último, día en que se hizo la audiencia de ampliación de la imputación. Jalit fue a la Fiscalía pero no habló, en cambio, dijo que presentará una declaración por escrito. 

Por otro lado, la fiscala citó a otras ocho personas, que serán imputadas por distintos delitos en audiencias que se celebran desde ayer y hasta el 1 de septiembre próximo. A todos se les atribuyen distintas acciones ilícitas vinculadas a las maniobras fraudulentas que encabezó Jalit. Entre estos están el cuñado del ex intendente, Sergio Castillo, y su sobrino, Sergio Daniel Castillo Jalit. 

También serán imputados el ex tesorero municipal, Ricardo Murúa Enrique; el propietario del comercio El Mirador Servicios, César Gómez; el dueño de Servicios Generales Victoria, Luis Enrique Juárez; el contador Renzo Reynaldo Ruiz; Leonardo Darío Macarón y Lilia Amanda Klarmann. A todos, incluidos Castillo y su hijo Castillo Jalit, se les atribuyen distintos grados de responsabilidad en el delito de estafa por fraude en perjuicio de la administración pública.

El Ministerio Público Fiscal de Salta informó que en la investigación surgió que el ex intendente emitió casi 1.400 cheques irregulares, que suman más de $23.000.000. De la mano con esta actividad Jalit “tuvo un incremento significativo de bienes desde el inicio de su gestión hasta su cese, de los ingresos derivados de la inyección de fondos de origen espurio e ilegal”, según se señaló en el primer decreto de imputación. 

La fiscala aseguró que el ex jefe comunal incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, porque autorizó la salida de fondos y emitió órdenes de pago y cheques y otros créditos a favor de empresas privadas que contrataban con el municipio y lo hizo en perjuicio del erario municipal, el interés que él debía representar y defender. 

De los ejercicios que hasta ahora se peritaron en la investigación, surgió que en 2014, 2017, 2018 y 2019, el ex intendente y Murúa, que entonces era tesorero municipal, emitieron 1.394 cheques, por un total de $ 23.494.711, aunque la Fiscalía aclaró que este monto es estimativo, porque resta ampliar la pericia contable y verificar otros años de la gestión Jalit, entre 2003 y 2019, dado que "constan en la causa numerosos cheques que habrían sido librados de forma irregular o ilegítima".

De Murúa, indicó que fue parte de las maniobras para beneficiar a la empresa Astillero SRL, ya que desde diciembre de 2015 firmó todos los cheques, y "también firmó cheques en beneficio propio o de sus familiares", sostuvo la información brindada por el Ministerio Público Fiscal.

Un ñoqui a cargo de las empresas privadas

Sobre César Gómez y Luis Enrique Juárez, la fiscala sostuvo que prestaron sus nombres apareciendo como dueños de empresas unipersonales que ni siquiera declaraban ingresos en la AFIP y, sin embargo, figuraban en libros, bancos, órdenes de pagos, de compra y facturas, como encargados de realizar obras públicas. Aunque en realidad los fondos abonados por Jalit y Murúa a través de cheques "eran negociados o percibidos por Astillero SRL", cuyos representantes legales son Macarón y Klarmann.

Además, Juárez y Gómez cobraban haberes en relación de dependencia con el municipio. Sin embargo, Gómez no trabajaba y solo iba a cobrar mensualmente. En cambio, sí se desempeñaba en las empresas rurales privadas de Jalit.

Viazzi sostuvo que Murúa, Jalit, Juárez, Gómez y Renzo Ruiz permitieron que cuantiosas sumas salgan del erario municipal hacia terceros, la empresa Astillero SRL, y hacia el propio Jalit, sin ningún tipo de respaldo documental, como lo observó la Auditoria General de la Provincia.

Y Juárez y Gómez prestaban sus nombres para ocultar a los reales beneficiarios o destinatarios de los créditos, el propio Jalit y las firmas Astillero SRL y KyM SaCaGFICFTS, representadas legalmente por Macarón y Klarmann, quienes se beneficiaron con fondos públicos, a través de por lo menos 496 cheques. "Por un lado Jalit administraba los fondos del municipio y de manera fraudulenta hacía aparecer a Servicios General Victoria y El Mirador Servicios como los destinatarios de los pagos, cuando, en realidad, no cobraron ninguno de los cheques. Del otro lado, participaban de la maniobra Macarón y Klarmann, quienes se beneficiaban con los montos de los títulos de créditos, en connivencia con Jalit", se informó. 

Además, Jalit compraba combustible a Astillero SRL para sus fincas privadas y a su vez la empresa era proveedora de la Municipalidad de Pichanal. 

En la investigación se constató que las farmacias Rivadavia y Cejota SRL pertenecen a la sociedad de hecho Jalit - Castillo Sergio y que "recibieron pagos cuantiosos con títulos de crédito con fondos del municipio". Hasta donde avanzó el peritaje se contaron 108 cheques a favor de Cejota SRL y 68 a favor de Farmacia Rivadavia. En este caso, Castillo y su hijo Castillo Jalit "percibieron o negociaron títulos de crédito con fondos municipales y se apropiaron de ellos; el primero por ser socio y el segundo, por ser apoderado de ambos".

Declaraciones juradas mentirosas 

En este marco la fiscala apuntó a las declaraciones juradas patrimoniales del ex intendente. 

La investigación determinó que omitió y falseó datos al informar sobre su patrimonio. Por un lado, incumplió presentar las declaraciones juradas ante la Escribanía General de Gobierno y cuando finalmente lo hizo, las falseó. 

Respecto de los cuatro años revisados, se encontraron diferencias al cotejar sus declaraciones de 2014, 2015 y 2017 y 2019 con el informe de la Unidad de Análisis Criminal (UNAC), que se sirve de la base de datos del Registro Nacional de Propiedad Automotor (RNPA) y "confirmaron diferencias entre vehículos, inmuebles y otros bienes declarados y reales".

Además, la Fiscalía determinó que Jalit tampoco rindió ingresos del Pichanal en concepto del Fondo Federal Solidario, a través del “Plan Más Cerca”; y tampoco rindió los fondos del Plan Alimentario Nutricional Provincial y del Programa de Asistencia Financiera a Provincias y Municipios.

Los gastos se hicieron, las obras no

En la investigación penal hubo concejales que afirmaron que hasta 2017 el presupuesto municipal de Pichanal se trató a libro cerrado, no se labraban actas. En ese marco, se detectaron dobles imputaciones respecto de obras ya presupuestadas pero que no se hicieron. 

Por ejemplo, se presupuestaron $30 millones para proveer de gas y electricidad al parque industrial, pero la obra no se hizo. La Municipalidad compró el terreno a la firma KyM y el parque hasta fue inaugurado en 2011, "con solo un cartel y una casilla, pero sigue abandonado". También fueron presupuestadas las obras de la Feria Municipal de Pichanal, que no existe, y el Complejo Municipal, que figuró en más de un presupuesto. 

Por otro lado, Jalit también fue imputado por contaminación ambiental porque se probó que ejerciendo "acciones claramente abusivas de su poder de intendente municipal", invadió una propiedad privada, donde dispuso que se arrojen los residuos de la ciudad, tanto los domiciliarios como los patógenos y hasta líquidos cloacales, con el agravante de que se volcaron en un sector cercano al río San Francisco. 

La Fiscalía sostuvo que por decisión de Jalit "se ocuparon dos inmuebles, donde se vertieron líquidos cloacales previa apertura de canales desagüe, que formaron una laguna y se originaron dos basurales". Esto provocó una demanda civil, que terminó condenando al municipio a pagar $ 3.500.000. La justicia determinó que hubo negligencia del jefe comunal. La suma total no fue cancelada, por lo que se embargó de la Coparticipación Federal del municipio.

Jalit estuvo en la función pública desde noviembre de 1991 hasta diciembre de 2019. Cuando la fiscala Viazzi empezó a investigarlo de oficio, en marzo de 2019, llevaba 15 años y 3 meses de gestión al frente del ejecutivo municipal y tenía un patrimonio que superaba los 500 millones, con vehículos de alta gama, maquinarias agrícolas y más de una decena de fincas.