Trabajadores despedidos de la empresa EDVSA subcontratada por Mansfield en el proyecto de Mina Lindero fueron reprimidos este martes mientras protestaban en las puertas de la Catedral de la ciudad de Salta. Estaban en huelga de hambre y se cosieron la boca el lunes. Ya llevan 80 días de acampe en reclamo por la reincorporación laboral y por el pago de dinero que les deben. No hubo avances en las negociaciones en la Secretaría de Trabajo ni por fuera de ésta.

La Policía les sacó las cadenas y luego golpeó y detuvo a los trabajadores Ramiro Frías y Cristian Torres. Les dieron la libertad recién por la tarde. El Ministerio Público Fiscal informó a Salta/12 que los efectivos actuaron en "flagrancia", sin orden judicial.  Si bien los obreros señalaron que los policías los denunciaron por resistencia a la autoridad y agresión y comenzaron una averiguación preliminar, desde el Ministerio Público, aseguraron que la fiscala Mónica Poma cuando fue informada pidió su libertad y que no formuló decreto de imputación. 

"Desperté en el Hospital San Bernardo. Convulsioné dos o tres veces por los golpes y porque me ahorcaron los policías", sostuvo Frías ante Salta/12. Luego de que lo desalojaran de la Catedral, se descompuso en la camioneta de la Policía y lo llevaron con custodia al Hospital, alrededor de las 16 fue trasladado a la Comisaría 1 y a las 18 le dieron la libertad. También fue demorado en la Alcaidía el trabajador Cristian Torres, a quien liberaron durante la tarde. 

Cuando los obreros se manifestaron, el arzobispo Mario Cargnello se acercó a hablar con Frías, su intención, según expresaron los trabajadores, habría sido que se vayan del lugar, al no lograr el objetivo se retiró y a los pocos minutos actuaron los policías, tal como describió Daniel, otro de los trabajadores que adujo haber sido golpeado. 

Indicó que cuatro obreros tienen lesiones por la represión. También explicitó que los trabajadores no golpearon a ningún efectivo policial y dijo que hay videos de lo sucedido que lo prueban.

"Ni el gobierno ni la patronal nos dio una respuesta ni nos llamó. La culpa la tiene Sáenz que le dio poder a la Policía para pasar por encima de jueces y fiscales, para reprimir", sostuvo el obrero. "Esa es la Policía y el monseñor que tenemos. Todos sabemos que si Cargnello levanta el teléfono nuestro problema queda solucionado", añadió.

El obrero consideró que los grandes inversores mineros "vienen y hacen lo que quieren, tienen más poder de decisión que el gobierno y que la Secretaría de Trabajo".

La abogada de los trabajadores, María Duffey Laxague, manifestó preocupación por la represión. Explicó que estaban realizando una negociación con un abogado de la empresa Mansfield, el gobierno provincial y con la intermediación del gremialista de Camioneros, Jorge Gauymás, pero quedó trunca desde hace más de dos semanas ante la falta de respuestas. "Mis representados decidieron coserse la boca y encadenarse y fueron golpeados por la Policía, por órdenes del comisario de la Comisaría 1. Los trabajadores están haciendo una legítima petición", planteó la letrada. Anticipó que este miércoles realizarán la denuncia penal por la violencia policial.

El acuerdo al que intentaban arribar consistía en la reincorpación de los despedidos a Mansfield o a cualquier otra empresa; un subsidio de 30 mil pesos; y el pago de diferencias salariales que EDVSA quedó debiendo. "(El representante) de Mansfield dijo que la empresa era responsable de lo que EDVSA no había pagado", aseguró Duffey Laxague. Sin embargo, según lo que manifestó la letrada, al mostrarles el monto que un estudio contable calculó que se les debe a los empleados despedidos no volvieron a tener novedades de Mansfield. La letrada dijo que las empresas deben a cada trabajador entre 500 mil y hasta un millón de pesos. 

Duffey Laxague contó que pudo hablar con el senador Carlos Alberto Rosso. "Le pedí por favor que nos sentemos en una mesa de diálogo donde estén los obreros, el gobierno, las empresas, el diputado Claudio del Plá que viene apoyando el reclamo, para que esto tenga la finalidad que corresponde", aseveró.

"El gobierno salteño debería estar removiendo a la cúpula de la Comisaría 1 que actuó reprimiendo. Pediré que se investigue en profundidad lo que les hicieron a mis clientes. A Frías lo reventaron a palos y lo llevaron con custodia policial al hospital", afirmó la abogada.

Enfatizó que el gobernador sabe lo que está pasando, pero "está en juego el poder económico que aporta plata a la provincia y por otro lado, los trabajadores que no tienen ni para comer". 

También planteó que está esperando que el Juzgado Laboral 5 resuelva un recurso de amparo presentado en favor de los despedidos. Esta acción está dirigida contra Mansfield y EDVSA. La abogada recordó que los trabajadores fueron despedidos durante la pandemia, y que las empresas no cumplieron con el decreto dispuesto por Nación para evitar los despidos. 

EDVSA no les pagó la doble indemnización, la liquidación se hizo en perjuicio de los trabajadores ya que les deben horas de trabajo. La abogada también dijo que la doble indemnización corresponde ante los despidos por "injusta causa", que sería este caso. "No les dieron los papeles necesarios, no han podido cobrar el cese laboral ni el seguro de desempleo", afirmó.