Desde el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación se extendió hasta el 28 de agosto próximo la inscripción para que pequeños productores y agricultores familiares (campesinos e indígenas), accedan a obras que les permitan tener agua. Si bien la respuesta no es inmediata a los reclamos de quienes viven en las zonas donde el evento climático ambiental se instaló desde principios de 2019, se prevé que sea un paliativo a futuro.
Se espera que el gobierno de la provincia, por su parte, declare la emergencia agropecuaria en el Chaco salteño que comprenda a las familias agricultoras que sufren la sequía. El diputado del departamento Rivadavia, Ramón Villa, recordó que hace cuatro sesiones se aprobó por unanimidad un proyecto de declaración pidiendo la emergencia agropecuaria. Sin embargo, hasta ahora no hubo ejecución alguna desde el gobierno provincial.
Por su parte, uno de los referentes de la Delegación Salta de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina, Indígena (SAFCI), Ignacio Garzarón, dio a conocer las acciones que Nación inició con el fin de ayudar a las comunidades indígenas y campesinas a acceder al agua.
Se trata del Plan de Acceso al Agua. En una primera convocatoria se pueden presentar proyectos que apunten a promover la incorporación de tres modelos tecnológicos: la captación de agua de lluvia para uso familiar mediante cisternas de placa, la captación de agua subterránea a poca profundidad o someras y los sistemas de riego parcelario presurizados. Según se indicó, se van a evaluar las tipologías más adecuadas para cada territorio, teniendo en cuenta el contexto de emergencia y los criterios de selección para la asignación de prioridades sobre la base de las características de las familias y la localización.
Garzarón estimó que se podrían elegir unas 2.500 obras en todo el país. En una primera etapa del Plan se priorizaron las provincias de las regiones NOA: Jujuy, Catamarca, Salta, Santiago del Estero y Tucumán; del NEA: Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, y de Cuyo: Mendoza, San Juan, La Rioja y San Luis.
Las obras continuarán durante el año en el marco del Programa Integral de Calidad de Vida Rural y Equidad Territorial, cuya instrumentación está a cargo de la SAFCI, la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El financiamiento será a través del Proyecto de Inclusión Socio-Económica en Áreas Rurales (PISEAR), con el objetivo de incrementar la producción de alimentos y reforzar la lucha contra el hambre en sectores vulnerables como agricultores familiares, campesinos y campesinas, trabajadores rurales y pueblos originarios. Y si bien será la primera convocatoria, se estima que habrá otras más.
Sin embargo, la inmediatez de una respuesta a la sequía no es la de los tiempos del Plan nacional. Aún se deberán seleccionar los proyectos presentados cuyos trabajos se prevé, concluyan antes de que se inicien las lluvias.
Garzarón reconoció que existe una necesidad clara de las familias que trabajan la tierra de contar con respuestas urgentes que podrían llegar con la declaración de la emergencia agropecuaria a nivel provincial y nacional. Sin embargo, entendió que esta posibilidad tiene un obstáculo porque hace falta un relevamiento que durante la pandemia no puede hacerse por las condiciones que impone el contexto sanitario. Afirmó que de todos modos se viene hablando con distintas organizaciones de posibles salidas urgentes como la venta adelantada de terneros para disminuir la pérdida por la mortandad de animales, y también para que haya menos para alimentar.
Cumplir con el fallo de la Corte IDH
Garzarón indicó a Salta/12 que el acompañamiento a las comunidades campesinas e indígenas pasa también por mejorar el manejo del ganado y la producción de pasturas a fin de fortalecer el sistema de forraje ante las sequías.
Uno de los temas pendientes tiene que ver con la necesidad de facilitar la infraestructura para las familias criollas de los ex lotes 55 y 14 de Santa Victoria Este, del departamento Rivadavia.
Estos grupos deben ser reubicados junto a su ganado en 243 mil hectáreas, de las 643 mil hectáreas de ese territorio que es de uso ancestral de pueblos originarios. La reubicación permitiría avanzar con la entrega del título comunitario a las 132 comunidades indígenas que habitan este territorio.
Este trabajo está enmarcado, a su vez, en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Garzarón indicó que en la reubicación el ganado de las familias criollas deberá ser confinado en espacios más reducidos. Ello implicaría entonces mejorar las pasturas y avanzar en el manejo más sustentable del bosque para la ganadería.
