La Policía reprimió sin orden judicial a alrededor de mil familias asentadas en terrenos fiscales de los barrios San Calixto y ampliación Parque La Vega, en la zona sur de la ciudad de Salta. Según el relato de vecinas, los uniformados comenzaron a los tiros luego de que una mujer intentara ingresar cartones para protegerse del frío en la intemperie. 

La Policía cercó los accesos. Hay mujeres, hombres, adolescentes, niños y niñas con heridas. Desde la toma señalaron que no hubo advertencia previa para que desalojaran. Si bien intentaron el resguardo, hubo niños y niñas que salieron corriendo y llegaron a perderse en medio de la represión, también dispararon contra un almacén donde se habían refugiado. Varias organizaciones repudiaron la represión policial, responsabilizaron al Gobierno y apuntaron contra el ministro de Seguridad, el militar retirado Juan Manuel Pulleiro.

Las familias estaban en un proceso de mediación a cargo del fiscal Horacio Córdoba Mazuranic. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron a Salta/12 que desde allí no hubo pedido de desalojo y que el procurador General Abel Cornejo estaba intentando intervenir para frenar el accionar policial.

La referenta de la asociación Eclosión, Cintia Gabris, informó a Salta/12 que se acercaron al lugar cuando escucharon los disparos. Señaló que vio muchos niños y niñas llorando y corriendo, huyendo de las balas de goma. "Era un desparramo de niños y adolescentes. La gente está rodeada por la Policía, entre San Remo y el predio hay varios móviles policiales, hay una barrera de policías en una de las veredas", describió.

"Nos están reventando con la represión, hay heridos, uno en el ojo. Estamos cuidando el merendero donde refugiamos a las mujeres embarazadas y a los niños y las niñas. No nos dejan salir. Han tirado gas lacrimógeno", contó Andrea, quien se encuentra en el lugar.

Tiros, corridas, pedidos de agua, es lo que se escuchaba detrás del teléfono durante la represión. "Los cascotes de balas están por todos lados, reprimieron alrededor de una hora, pegando tiros. No había advertencia previa, no tienen orden judicial", sostuvo Andrea.

La referenta de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), Yamila Romero, indicó que hay diferentes sectores en la toma, divididos por siete calles y dos avenidas y que la Policía mantiene vallados los accesos. "Hay mucha gente herida con balas de goma en la frente y pómulos, mujeres embarazadas intoxicadas por el gas lacrimógeno. Hay dos niñas heridas. No hay ambulancias", manifestó desde la toma.

Romero dijo que muchas niñas se perdieron en la represión y que las mujeres se encargaron de ir juntándolas en un almacén de una esquina: "dispararon al portón cuando estábamos ahí", afirmó.

Explicó que la represión comenzó luego de que una vecina quiso introducir cartones y un colchón porque tiene una hija pequeña y estaban expuestas al frío. "Un policía se bajó de una camioneta, y empezó a disparar tiros. Estamos rodeadas, hay muchos móviles policiales. Las vecinas están tratando de resistir, tienen todas sus pertenencias en la toma y hay muchas niñas. Los heridos son principalmente jóvenes que se pusieron al frente para intentar contener a la Policía para que otros vecinos con niños y niñas puedan salir por otro lado. Les han tirado a la cara", sostuvo.

Romero denunció que la Policía ingresó a las casas vecinas y empezaron a disparar desde ahí. Calcula que hay alrededor de 600 familias en el sector de la toma donde se encuentra.

La referenta de la Unión de Inquilinos de Salta, Natalia Soraire, expresó su solidaridad con las familias reprimidas y responsabilizó al gobierno provincial. "No hay respuesta, nadie dice nada. Hay familias enteras con niños. Tiraron balas de goma y gas lacrimógeno. Había un arreglo en la mediación penal y un compromiso de que no iban a reprimir con 1.800 personas ahí pero no hubo soluciones", aseveró. Si bien la cifra que señaló era la cantidad inicial en la toma, hubo gente que desde mayo hasta la fecha se fue yendo. Soraire planteó que el gobierno solo amenazaba a la gente con no dejarla participar en los sorteos del Plan Mi Lote si continuaban en los asentamientos, por ello por miedo, y el desgaste de permanecer ahí sin respuestas hicieron que muchas familias se fueran.

"A la necesidad de acceso a la vivienda le tienen que dar solución, no represión", afirmó Soraire. "Como Unión de Inquilinos damos el apoyo a la gente que está siendo reprimida, y vamos a pelear por el derecho a la vivienda como derecho humano básico. El 30 de septiembre caduca el decreto nacional 320 (que impedía desalojar) y se van producir desalojos. Hay más familias que pueden quedar en la calle. En una encuesta que hicimos, más del 45% de quienes contestaron no podía pagar el alquiler", sostuvo.

Tiraron el merendero 

"Hace más de 120 días que estamos acá. Al que quiere salir lo detienen. No se ve nada, andamos con velas. No hubo ningún pedido para que desalojemos, empezaron con los disparos. Tiraron gran parte del merendero. No se detuvieron ante las mujeres y niños. Hay mujeres golpeadas. A los niños los protegimos. Hay un hombre herido en el ojo con bala de goma. Nosotros asistimos a los heridos, no hay asistencia médica", afirmó la vecina Mirta Juárez.

"Queremos una solución habitacional, no queremos que nos regalen nada. Hace tres meses y medio que estamos viviendo así. El hambre no entiende de Covid-19. Los chicos menos. A mí me desalojaron del alquiler, vimos que la gente se metía en este asentamiento y no nos quedaba de otra que venir también, tengo una nena de 4 años. Mi pareja es trabajador independiente y yo estudiante", señaló Juárez.

Varias organizaciones repudiaron la represión policial. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular indicó que había alrededor de 30 heridos, entre ellos niños y niñas.

En el mismo sentido se expresó el movimiento La Dignidad, que responsabilizó de la integridad física de las personas que estaban asentadas al gobierno provincial y municipal.

También el Partido Obrero- Tendencia, repudió la represión y señaló que es la muestra del fracaso de la política habitacional salteña que se aplica desde hace casi 30 años.

También se expresaron en idéntico tono el Colectivo de Abogados Populares y la Agrupación HIJOS Salta. Y anoche la Delegación local de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comunicó con autoridades provinciales para expresar su preocupación por la represión. 

Este martes, el gobernador Gustavo Sáenz entregó mediante videollamada 100 casas del Instituto Provincial de la Vivienda en Embarcación. Si bien señaló la voluntad del gobierno de trabajar ante el déficit habitacional, la demanda por terreno y vivienda supera a las  respuestas gubernamentales.