El odio en red y los límites de la libertad

Si alguna ciudad pudiera existir sin Internet, la noticia ya habría dado la vuelta al mundo. Hasta entonces, hasta que una opción superadora redefina los hábitos de millones de personas a nivel global, generar estructuras legales y educativas para regular y entender Internet y redes sociales es una deuda pendiente para las democracias. Sobre todo en tiempos caracterizados por la circulación de discursos de odio con pretensiones políticas: desde los anticuarentena hasta el sentido común que sostiene el Lawfare, todavía queda mucho por hacer para mejorar nuestra conciencia sobre Internet. Para saber por dónde se podría empezar, el suplemento Universidad consultó a especialistas de distintas disciplinas que cruzan el transversal del ciberespacio y sus derivaciones en la vida pública.

Formación cívica digital

Cuando en abril de 2010 el decreto presidencial 459/10 creó un programa de distribución de computadoras entre alumnos secundarios, Argentina daba un salto regional en términos de acceso a tecnología. “Conectar Igualdad” es hoy una marca registrada y un hito en la concatenación de conquistas sociales que ubican al país a la cabeza en materia de educación pública en el continente

Era el inicio de una década que culminaría, COVID-19 mediante, con el teletrabajo como única verdad y realidad para millones de personas en el mundo. También era el inicio de una década en la que no muchos se tomaban en serio una red social y matriz tecnológica, Facebook, que hoy hostea todas y cada una de las conversaciones que hacemos cuando usamos, por ejemplo, Whatsapp. Y si la mayoría de los lectores no saben lo que es hostear, entonces ya hay un problema.

El proceso hacia la alfabetización digital que inició “Conectar Igualdad” no terminó de plasmarse de manera integral en la vida de los habitantes y mientras el mundo realizaba más actividades económicas, educativas, sociales y políticas mediante redes que terminaron por pertenecer a pocas manos, las discusiones políticas sobre la influencia de los medios dejaron de lado, en gran medida, el papel de Internet para el desarrollo humano. De hecho, a 10 años del lanzamiento del plan y según cifras del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) el 36 por ciento de los hogares argentinos no tiene una conexión fija de Internet.

Para tener una idea actual de esta carencia basta leer las últimas estimaciones de la Oficina para Argentina de Naciones Unidas sobre los efectos de la pandemia en la educación. Según un relevamiento de esa entidad publicado en junio, 10 millones de alumnos abandonaron el año escolar en lo que va del 2020. Más allá de las problemáticas de cada familia, los motivos de esta deserción masiva son básicamente dos: problemas para acceder a Internet y precariedad en el equipamiento.

Esta forma de desigualdad ha sido convencionalmente denominada como “brecha digital” y así como afecta a los alumnos, permite dar una dimensión de las dificultades actuales para entender cómo las redes e Internet se implican en la vida ciudadana y política de una Nación.

Para las investigadoras del Instituto de Altos Estudios Sociales (Idaes) de la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) Luciana Anapios y Brenda Focás, no basta con facilitar el hardware, sino que hay que nutrir la relación usuario-dispositivo, con nociones que, muchas veces, están ausentes. “Creemos que las redes potencian los discursos del odio, y que es importante una alfabetización pedagógica digital sobre el uso de los dispositivos”, indican. Anapios, doctora en Historia por la UBA, dirige la sede regional que el Centro María Sibylla Merian de Estudios Latinoamericanos Avanzados (Calas) tiene en la Unsam. Focás, doctora en Ciencias Sociales por la UBA y becaria postdoctoral del CONICET, integra el Núcleo de Estudios sobre la Violencia y la Muerte del Idaes.

Para ellas, por el momento, la mejor manera de contrarrestar estos discursos es utilizar herramientas para chequear la información, como Confiar, la plataforma creada por la agencia Télam para desmentir información falsa. “Estas iniciativas colaboran en la interpretación de la información porque muchas veces el bombardeo de datos no permite espacio para reflexionar”, destacan las especialistas.

En este sentido, distinguen ciertos ítems en el proceso de constitución de los discursos de odio. En primer lugar, “en toda recepción se activa en mayor o menor medida una dimensión emotiva (odio, risa, tristeza, bronca) según la relevancia del tema en la vida cotidiana”. Asimismo, señalan que “las personas tienden a creer en aquella información con la que coinciden ideológicamente” y “existe cierta resistencia en dejar de compartirla”. En consecuencia, “los medios y las redes colaboran en instaurar discursos de odio, pero la ideología política previa es clave al determinar si hacen mella o no”.

Tecnología y vacíos legales

En Argentina las manifestaciones anticuarentena volvieron a forzar el límite de lo que las redes pueden promover y de cierta perspectiva sobre la libertad de expresión utilizada para justificar discursos reaccionarios. Al respecto, uno de los juristas que más ha trabajado sobre crímenes de odio en el país, el ex juez y actual docente de posgrado de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condenó al genocida Miguel Etchecolatz, sostiene: “El Asesor Especial del secretario general de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng, lo dijo claramente: ‘los discursos de odio preceden a los crímenes de odio’”.

“Es importante diferenciar la libertad de expresión de los delitos que se cometen en su nombre”, distingue el doctor Honoris Causa por la UNLP. Y ejemplifica: “Antes de la manifestación ‘por la libertad’ en la que fueron atacados los periodistas de C5N, el ex presidente Macri había hecho un discurso que a mi entender es violento y horas después los periodistas fueron agredidos, y los agresores se valían de los mismos pretextos vertidos por el expresidente”.

Sobre el carácter violento de esa manifestación y sus consignas, que entraron en la agenda pública vía redes y luego fueron replicadas por medios nacionales, Rozanski explica: “Hay que distinguir entre la legislación que sería útil producir para abarcar formas de agresión nuevas y aquella que ya tenemos. La nueva tarda porque requiere elaboración y sanción, y muchas veces el poder político posterga cualquier actuación porque aducen que no hay una ley específica, pero en el caso de Argentina, la Constitución incluye las Convenciones Internacionales sobre Derechos Humanos y ahí están todas las garantías de la vida comunitaria incluida, por ejemplo, la actividad periodística”.

“Más allá de que siempre está bien que se legisle mejor de acuerdo a las novedades, hay que tener conciencia de que en Argentina lo único que se tiene que hacer es aplicar las convenciones porque haberlas incorporado en la Constitución las hace ejecutorias y obligatorias. En la mayoría de los países del mundo no hay excusa para perseguir lo ilegal y lo violento. Sí, por supuesto, se podrá especificar mejor esa temática en futuras leyes”, advierte el especialista.

Para complementar esta mirada, el abogado de la Universidad Nacional del Litoral y actual doctorando en Especialización en Delitos Informáticos del CONICET Marcelo Temperini, un especialista con más 10 años de experiencia en derecho informático, señala: “El mejor lugar para educar sobre Internet y ciudadanía es en las escuelas y a una edad temprana, porque es ahí cuando ya se empieza a experimentar con la tecnología, pero sobre todo con las redes”. “Lo importante es destacar los valores y explicar los riesgos del uso de las tecnologías. Existen iniciativas de este tipo en otros países, como el Proyecto KiVa en Finlandia, pero debemos armar proyectos propios adaptados a nuestra realidad, a nuestra cultura, y sobre todo a nuestras posibilidades reales de implementación”, afirma el director del Observatorio de Delitos Informáticos de América Latina.

En este sentido, el Diplomado en Derecho Informático por la Universidad Nacional de Río Negro considera que “la pérdida de la privacidad y la construcción de nuevas identidades forjadas en parte por las redes sociales son temas muy importantes que deben abordarse desde un enfoque interdisciplinario”.

“Lo que se cristaliza en las redes termina siendo consecuencia de una violencia social cada vez más grande. El Derecho es necesario para combatir discursos de odio en Internet, pero no es suficiente. Para operar un cambio real sobre la situación, es más importante la educación de forma seria y constante”, asegura.

La relación entre filosofía y digitalidad

Si, como postuló el filósofo y matemático Ludwig Wittgenstein “una ética es una estética”, entender que una de las palabras de la década haya sido “Like” nos muestra cómo el orden de legitimidad que sostiene gran parte de las actividades humanas se ha expresado a través de las redes y aquellos valores que estas plataformas han ayudado a circular.

En la manipulación de ese orden de lo legítimo, los investigadores del CONICET Lucia Weinstein y Ezequiel Ipar encuentran una alarma para el valor de la democracia que, cuando es expresada por la política, puede tomar la forma de enormes muros fronterizos o desprecio por la salud pública.

“Sostener a la democracia no sólo como una forma de organizar y legitimar el Estado, sino también como una serie de valores y disposiciones subjetivas compartidas, hoy resulta particularmente útil”, advierten los doctores en Ciencias Sociales por la UBA e integrantes del Grupo de Estudios sobre Ideología y Democracia del Instituto Gino Germani.

“La cooperación autónoma de la ciudadanía, imprescindible para enfrentar la crisis sanitaria, se volvería imposible si no existieran espacios cotidianos de construcción democrática de reglas y consensos. Pero todo esto puede quedar relegado a un plano ideal si una sociedad no consigue que esas reglas y esos consensos democráticos sean efectivamente respetados por todos, especialmente por los grupos más poderosos en términos económicos y simbólicos”.

Ahí es donde el periodista especializado en economía digital formado en Filosofía en UBA Juan Ruocco encuentra una dificultad clara: “La autonomía de las personas para manejar las herramientas de Internet choca con los intereses de los gatekeepers de la cultura digital, por lo cual no será una batalla sencilla de ganar. La batalla por los usuarios será un poco la batalla por la sencillez. Mi mamá, por ejemplo, nunca supo manejar bien una videograbadora y hoy maneja Netflix con total naturalidad”, explica.

Sobre la necesidad de volver más autónomos a los usuarios, el colaborador de la revista que edita la Fundación Friedrich Ebert en Argentina explica: “Hoy la descentralización es un tema político ligado al gobierno de la propia red. Las redes son centralizadas, monárquicas. Se rigen bajo el poder del autócrata, el CEO y, con suerte, del departamento de compliance [el sector encargado de velar por la legalidad de los procedimientos y protocolos de la empresa]. Los sistemas descentralizados, en cambio, son participativos y son más democráticos en tanto que el poder existe como relación distribuida por nodos”.

Ante este panorama, Ruocco advierte un rol posible para la política: “Son las fuerzas democráticas las que tienen que, por un lado, resolver si se permite el avance de fuerzas políticas que se expresan a favor de la disolución de la democracia. Por el otro, tienen que salir a disputar las narrativas. Es un problema que no se resuelve sin participación y sin involucrarse en la propia tecnología”.