Al amparo de un decreto que establecía el carácter secreto de los gastos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), la gestión de Gustavo Arribas durante el gobierno de Mauricio Macri destinó 3.088.944 pesos y 657.751 dólares en elementos y servicios que rozan el ridículo, y en operaciones que se hicieron en forma directa y sin criterio alguno. Así lo refleja una nueva denuncia que presentó la interventora del organismo, Cristina Caamaño, y que investigarán el juez Luis Rodríguez y la fiscal Alejandra Mángano. Las principales irregularidades revelan la adquisición de equipamiento para un Laboratorio de Informática Forense para estudios que la AFI no hace y que tampoco se sabe dónde quedó; la organización de un Foro en Bariloche con pasajes aéreos pagos, lujosas habitaciones y regalos protocolares; la contratación millonaria de entrenamiento para el uso de polígrafos (detectores de mentiras) que la gestión de Arribas usaba para controlar a sus empleados y que la intervención eliminó; y la compra de una red de comunicación interna que se cotizó en pesos pero se pagó en dólares de manera inconveniente para los fondos públicos.

Como es de esperar, al tratarse de gastos que no tenían control, para las contrataciones no se hacían ningún cotejo de precios ni se explicaban los criterios utilizados. La denuncia apunta a los ex directores de la AFI, Arribas y Silvia Majdalani, y a los ex directores de Gestión Económica y Financiera, de Servicios y Soporte Técnico, de Ciberinteligencia, de Tecnología de la Información, de Inteligencia Exterior, de Análisis, y “al ex presidente Mauricio Macri, en su calidad de responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”.

La suma “exorbitante” que la AFI denuncia que se gastó --aunque esta no es la primera presentación penal por gastos irregulares-- egresó de las arcas de la Administración Pública ilegítimamente, "sin ningún criterio de necesidad, urgencia, razonabilidad ni trasparencia en las contrataciones de bienes y servicios, sin cumplir con las normas que regulan las compras del Estado, ni justificar las excepciones de carácter restrictivo de contratación directa y además situada en el marco de una crisis económica en la que la propia administración sumergía a nuestro país”, según plantea la presentación.

Laboratorio

El Laboratorio de Informática Forense se montó a pedido de un juzgado, que entonces estaba a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Permitiría que la AFI hiciera análisis que habitualmente se encomiendan a otras fuerzas, como la extracción de datos de teléfonos celulares y computadoras, por ejemplo. El laboratorio se armó y costó 2.260.000 pesos y otros 64.505 dólares. El juzgado nunca mandó a concretar el estudio ni se encontró la documentación que acreditara el pedido del peritaje en cuestión. “La pericia referida, si es que realmente existió, la podría haber efectuado cualquiera de las fuerzas de seguridad, en su función de auxiliar de la Justicia, tal como ocurre en la práctica”, señala la denuncia. Los elementos del laboratorio tampoco se sabe dónde están, solo hay algunos y un espacio supuestamente destinado a él.

Polígrafos

Cuando se hizo cargo de la intervención, Caamaño descubrió que en la AFI había “polígrafos”, una decena. Son los famosos aparatos conocidos como "detectores de mentiras". Una valijita con un dispositivo que tiene cables con terminales o sensores que se adhieren al cuerpo de la persona interrogada y que mide sus reacciones corporales, para detectar si miente o no. Esos aparatos, según contaron varios espías, fueron usados para controlar a los empleados. La interventora los erradicó. Los consideró innecesarios, abusivos y sin ningún poder científico. Para entrenar a doce profesionales para saber cómo usarlos, la AFI contrató a una firma de México por 50 mil dólares. La solicitud de compra se emitió 18 días después de la orden de compra. Los polígrafos costaron entre 5760 y 6400 dólares cada uno.

Foro en Bariloche 

También se denuncia la organización del Foro de Servicios de Inteligencia Iberoamericanos en Bariloche, del 27 al 29 de septiembre de 2017. Para el evento se hicieron contrataciones como pasajes aéreos y terrestres a una agencia privada, arreglos florales, accesorios de librería y regalos protocolares “en abierta transgresión a los principios de legalidad y promoción de la competencia, eligiéndose ilegítimamente en la mayoría de los casos en forma directa a los proveedores por cada rubro, sin justificación alguna, y en ciertas ocasiones pagando dos veces el mismo servicio”. Hubo una erogación “directa y desproporcionada” de 157.563,93 dólares para la contratación de habitaciones, en su mayoría de “categoría superior”, en el Hotel Llao Llao. En definitiva, el evento implicó un desembolso total de 157.563,93 dólares y 828.555 pesos.

Red de comunicaciones

Se adquirió equipamiento para comunicaciones internas de la agencia, en 2016: se presentaron tres empresas oferentes que cotizaron en moneda nacional, y que luego, “sin mediar motivos para su reiteración, la Dirección de Servicios y Soporte Técnico expresó que se realicen nuevas cotizaciones, pero ahora en dólares”. Se hicieron dos órdenes de compra a Corporate Corp S.A por 42.291,93 y 343.392,39 dólares. “Ningún acto cumplió con las normas de contratación, como tampoco se consigue apreciar, por más esfuerzo, una utilización racional de los recursos públicos mediante la elección de la oferta más conveniente”, apuntó la denuncia.