Si algo caracterizó la política pública de memoria, verdad y justicia durante el gobierno nacional de Mauricio Macri fue que no hubo. Entre ajustes, paralización de líneas de trabajo y desfinanciamiento de programas vinculados a la temática, el abandono de querellas en causas que investigan delitos de lesa humanidad se destacó como una de las estrategias más viles desarrolladas por Claudio Avruj, entonces a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Y uno de los primeros puntos en los que su sucesor, Horacio Pietragalla, concentró esfuerzos. Así, el Estado nacional volvió a tener participación en el impulso de tres causas que revisan secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones cometidas en el marco del terrorismo de Estado.
"Estamos haciendo un gran esfuerzo para volver a construir una Secretaría de Derechos Humanos con volumen en todas sus áreas”, puntualizó Pietragalla en relación a uno de los pasos que el área comenzó a dar en este sentido: las querellas en juicios por delitos de lesa humanidad.
El lunes, la Secretaría se presentó como querellante en dos causas ante la Justicia federal de Córdoba. Una de ellas investiga la responsabilidad de los represores Ernesto Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz en el secuestro y las torturas a las que fueron sometidos José Jaima Blas García Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso, Rubén Palazzesi, Carlos Guillen y Cristina Guillén. También se los investiga por la muerte de Palazzesi, quien murió durante la tortura, mientras que su cuerpo fue carbonizado y plantado en un accidente de tránsito.
La otra refiere a numerosos hechos ocurridos en Córdoba en los que se investiga a más de ochenta acusados pertenecientes a diferentes fuerzas de seguridad, muchos de los cuales aún no recibieron condena alguna por delitos de lesa humanidad.
Días atrás, la Secretaría se incorporó como querellante en la causa que tiene como imputado a Eduardo Britos por el asesinato del dirigente del Movimiento Rural Cristiano y colaborador de monseñor Enrique Angelelli Wenceslao Pedernera, a quien mataron la madrugada del 25 de julio de 1976 en su casa de Sañogasta, Chilecito. Se trata de una causa demorada ya que el único acusado identificado, Britos, no podía ser indagado. El trámite finalmente avanzó a mediados de julio pasado.
“Queremos que el Estado tenga nuevamente un rol protagonista, que aporte a construir una estrategia para terminar de juzgar a los genocidas pero también a los civiles cómplices con esa dictadura”, apuntó Pietragalla Corti e hizo hincapié en la “impunidad biológica” generada por el paso del tiempo, que beneficia a los responsables del terrorismo de Estado: “Muchos se están muriendo pero también contamos con una gran fortaleza: esa demostración de conquista social que significó la movilización contra el 2x1", destacó.
