“Tenemos una deuda con los trabajadores del sector privado que fueron víctimas de la última dictadura cívico militar”, sentenció Hugo Yasky, diputado nacional y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, al inaugurar una reunión informativa en la que referentes de organismos de derechos humanos nacionales expusieron en respaldo del proyecto de ley de reparación de legajos laborales de hombres y mujeres que, por haber caído en las garras del terrorismo de Estado, de un día para el otro, faltaron de sus trabajos y no volvieron nunca más.

La Madre de Plaza de Mayo de la Línea Fundadora Taty Almeida, el referente de la regional porteña de H.I.J.O.S. Carlos Pisoni; así como Miguel Santucho, de parte de Abuelas de Plaza de Mayo, fueron las voces que, de manera remota, llevaron el respaldo de los organismos al proyecto de ley que, por segunda vuelta parlamentaria, busca “equiparar derechos” entre trabajadores del sector público y el sector privado al impulsar la corrección de los legajos de aquellos que se desempeñaban en empresas privadas cuando fueron asesinados o permanecen desaparecidos y entregárselos a sus familias. La presidenta de la asociación de Abuelas, Estela de Carlotto, envió una carta con el mismo mensaje. Ningún legislador o legisladora se expresó en contra.

El derecho a  la verdad

En el sector estatal, la tarea de buscar los legajos de las víctimas de la última dictadura que trabajaba en el sector cuando fue secuestrado o asesinado la desempeña desde hace una década la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de la Identidad, impulsora de la iniciativa que espera tratamiento para ser convertida en ley. Su integrante Julián Scabbiolo fue parte de la reunión de esta mañana cuando remarcó que se han reparado cerca de 100 legajos de empleados del sector privado víctimas de la última dictadura gracias al empuje de la Comisión, pero restan muchos más para los que es necesaria la ley.

La primera en hablar tras la apertura de Yasky fue Carla Pitiot, diputada mandato cumplido y responsable de reingresar al Congreso, en diciembre pasado, el proyecto de ley que en su primera vuelta cosechó media sanción en la Cámara Baja y perder estado parlamentario tras el ninguneo en el Senado. La iniciativa responde al “deber de recordar y al derecho de la sociedad a conocer la verdad” y “busca visibilización y busca reparación” al disponer en los legajos de los trabajadores y las trabajadoras de empresas privadas víctimas del terrorismo de Estado que fueron cesanteades o dados de baja por ausentarse de sus tareas un reemplazo de esa razón por la leyenda “desaparecido”, “desaparecida”. “En muchos de esos legajos sigue figurando “baja” o “suspendido” como si alguna día de un día para el otro hubieran decidido dejar de asistir”, explicó.

En esta ocasión, el proyecto de ley contó con las firmas de los diputados y diputadas Facundo Moyano, María Florencia Peñaloza Marianetti, Jorge Taboada, José Luis Ramón y José luis Moretti. Ningún diputado o diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara se pronunció en contra de la iniciativa.

Con el respaldo de los organismos

“Solicitamos el tratamiento del proyecto de reparación documental de los legajos de trabajadores del sector privado porque restituye derechos laborales a ellos y a sus familias”, expresó Estela de Carlotto a través de una carta especialmente enviada al presidente de la Comisión y al resto de los legisladores que la integran. En la misiva, con la que buscó hacerse presente debido a su imposibilidad de ser parte de la reunión vía zoom, hizo hincapié en que la reparación no representa ningún gasto extra para el estado ni para las empresas.

A su turno, Almeida pidió “por favor” la aprobación del proyecto ya que “nuestros queridos desaparecidos tienen derecho” a la verdad. También lo solicitaron Victorio Paulón, de la intersindical de Derechos Humanos, y Julio Piumato, secretario de DDHH de la CGT.

Esteban Santamaría habló de su mamá, Cristina, militante del ERP y trabajadora administrativa en Xerox, quien fue asesinada en octubre de 1976 por una patota que la fue a secuestrar y se topó con su resistencia. Contó que intentó “por todos los medios” recuperar el legajo de su mamá, que acudió a la empresa, que tuvo reuniones, que le dieron la espalda. Y que solo lo logró tras la asistencia y el acompañamiento de la Comisión de Trabajo por la Recuperación de la Identidad. Allí descubrió que a su madre la habían dado de baja “por abandono de trabajo”, pero que su legajo era “intachable”. “Para nosotros, los familiares de desaparecidos y asesinados por la dictadura, y para toda la sociedad es una tarea ineludible que haya una ley que equipare a todos los trabajadores, que repare su historia --remarcó--. Es parte de la lucha que venimos llevando adelante en reescribir lo que sucedió con el genocidio en nuestro país en la década del 70. Justicia es lo más importante que buscamos, pero también verdad”.