La renuncia de la abogada Mariana Stilman a la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, tras las presiones del Ministerio de Justicia para bajarle el tono a la acusación contra los imputados en ese hecho, es la comprobación de la “decisión política” del Gobierno “para que esa causa termine en la nada”. Así lo consideraron Oscar Parrilli y Juan Martín Mena, ex director y ex subdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), respectivamente, quienes además advirtieron que la  Argentina podría recibir por ello “una condena internacional por violación a los derechos humanos”.

Para Mena, la decisión del Poder Ejecutivo de cambiar el eje de la querella es, en los hechos, “dejar de acusar”. Y no acusar “no solo es una decisión política reprochable, sino que también es (un acto) delictivo”. Por lo tanto, añadió, esa decisión es parte de “un nuevo encubrimiento del poder político” al atentado terrorista más grave que sufrió el país.

Tal como lo reveló hoy Página/12, la dimisión que Stilman le presentará al ministro de Justicia, Germán Garavano, tiene como principal argumento un rechazo a su postura de incorporar a la querella a un nuevo abogado con instrucciones de no actuar activamente contra los procesados. Quienes están sentados en el banquillo de los acusados son el ex presidente Carlos Menem, el ex juez Juan José Galeano, los ex jefe de la SIDE, los fiscales, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, y el ex jefe policial allegado al macrismo Jorge “Fino” Palacios.

La decisión de que el Estado sea querellante en esa causa fue decidida a través de un decreto del gobierno de Néstor Kirchner, en 2006, que reconoce la responsabilidad internacional de la Argentina en ese hecho. El objetivo no solo fue investigar las presuntas irregularidades en la investigación cometidas por espías y funcionarios judiciales y políticos durante el menemismo, sino también dar cumplimiento al compromiso que el Estado tenía al respecto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De este modo, si se cumplen las instrucciones de Garavano de no actuar tan activamente contra los imputados, “se va a venir una condena internacional (contra la Argentina) por violación a los derechos humanos”, alertó Mena durante una entrevista por Radio 10.

Parrilli, en tanto, sostuvo ante AM 750 que el nombramiento de “un abogado sustituto de Stilman” en esa causa es parte de una “decisión política” del Gobierno “para que en lugar de acusar a los acusados, se los defienda. Con lo cual, la intención es que “esa causa termine en la nada”.

El ex titular de la AFI consideró, además, que esa medida se enmarca en otra similares respecto del caso AMIA, como por ejemplo cuando el Poder Ejecutivo “le sacó funciones a la UFI-AMIA” para “tener a su cargo todo el material desclasificado” del caso.

Mena añadió que la medida del Ministerio de Justicia se enmarca, también, en la regulación y transparencia de los fondos para inteligencia, uno de los objetivos que se persiguió con la creación de la AFI en reemplazo de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la gestión de Cristina Kirchner. “Entre la orden de echar para atrás la investigación por encubrimiento y la derogación del decreto que transparenta los fondos de inteligencia, pasamos a incumplir dos de los principios acordados con la CIDH”, explicó Mena.

Por otra parte, los ex funcionarios también se refirieron al anuncio del Gobierno sobre la desclasificación de archivos de la ex SIDE sobre el atentado a la mutual judía. “Anunciaron lo que ya se hizo en el decreto 395/15 de CFK”, sintetizó Parrilli. En ese decreto se disponía que toda la información sobre la AMIA fuera remitida a la UFI-AMIA, así como también toda la documentación adicional y de aquella nueva que apareciese. “No solamente desclasificamos sino que hicimos que fuera público, fundamentalmente para los familiares de las víctimas”, subrayó.

Mena recordó al respecto que la primera desclasificación de archivos se había hecho en 2003, cuando Néstor Kirchner relevó a los funcionarios de inteligencia del secreto que debían guardar y se pusieran a disposición de la Justicia. Luego, “en 2005 se ordenó a todas las áreas la prohibición de la destrucción de cualquier papel que tuviera que ver con la AMIA. Y en marzo de 2015 se volvió a desclasificar toda la información. Por eso, concluyó, el anuncio hecho ayer por el gobierno de Macri fue solamente para “hacer algo para que parezca que hicieron algo”.