Las “consecuencias prácticas” de las políticas de “seguridad” desarrolladas en la provincia de Buenos Aires por el gobierno de Cambiemos condujeron al “incremento de las muertes provocadas por el Estado”. Como resultado del “uso letal de la fuerza policial” ocurrieron “485 muertes en cuatro años; de éstas, 21 fueron femicidios mayoritariamente cometidos con el arma reglamentaria”, sostuvo la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) en su informe anual 2020, denominado “El sistema de la crueldad XIV”. El informe, al que tuvo acceso este diario, precisa que sólo durante el año pasado “se registraron 134 muertes en territorio bonaerense (14 más que en 2018); es decir, un promedio de 11 asesinatos por mes. No se trata de muertes aisladas o producto del azar: contienen regularidades que las explican y son producto de la definición de las políticas de seguridad” de la gestión de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, en el marco de las políticas públicas diseñadas por el ex presidente Mauricio Macri.
Se subraya en el informe, de todos modos, que el actual estado de cosas es el resultado de “la orientación, sostenida durante más de dos décadas, de una política de seguridad y de persecución penal basada en el encarcelamiento y el punitivismo selectivo: la captación de los sectores pobres que forman parte de las cadenas más débiles del delito”.
En los años que estuvo Vidal en el gobierno “se produjeron 550 muertes en cárceles y alcaidías bonaerenses, lo que equivale a un promedio de 138 muertes por año y 11 por mes; 521 eran varones, 25 mujeres y 4 personas trans”.
Si se toma en cuenta el total de la población “la evolución de la tasa en estos cuatro años marca un promedio anual de 3,5 muertes cada mil personas detenidas”. Además “murieron al menos 70 personas en arresto domiciliario, custodiadas” por el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Sólo en 2019 fueron 29 las personas que murieron en arresto domiciliario, que sumadas a las 148 ocurridas en lugares de encierro totalizan 177 personas fallecidas a disposición de la justicia penal provincial.
El informe completa la serie que analiza en forma crítica la gestión de la ex gobernadora Vidal. Más allá de lo ocurrido en 2019, se avanza sobre los “graves problemas estructurales” del sistema penal en la provincia caracterizado por “una política criminal que vulnera de manera sistemática y generalizada los derechos humanos de las personas que atrapa”.
El XIV informe de la Comisión Provincial por la Memoria define a la gestión Vidal como una etapa de “masacres”, como las ocurridas en 2017 y 2018 en las comisarías de Pergamino y Esteban Echeverría, y el asesinato múltiple de adolescentes en San Miguel del Monte en 2019.
Se señaló al mismo tiempo la “falta de eficacia” de las políticas denominadas de “mano dura” o de “tolerancia cero”, cuyo objetivo real es “el control de las poblaciones vulneradas por las políticas de exclusión propias del neoliberalismo”.
Eso se traduce en un aumento de las penalidades sobre los sectores vulnerables, a través del ·control policial del territorio y el encarcelamiento creciente”.
Prueba de ello son “los índices récord” de personas en prisión durante la gestión anterior. La sobrepoblación en las unidades penitenciarias “creció del 72 % al 118 %”. La cifra representa una tasa de “294 detenidos cada 100.000 habitantes, la más alta del país; la tasa provincial se posiciona por encima del promedio nacional (232 c/100.000) y mundial (145 c/100.000)”.
El número de personas alojadas en comisarías provinciales más que se duplicaron: pasaron de 1.836 a 3.854 en cuatro años, siempre en las mismas 1.200 plazas informadas; la sobrepoblación aumentó del 159 % al 217 %.
En febrero de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de las personas alojadas en 15 comisarías provinciales, solicitadas por la CPM, el CELS y la Defensoría de Casación provincial. La sobrepoblación se incrementó más aun en Lanús, donde llegó al 1.522 %. De las 270 comisarías que alojaban personas, 103 estaban clausuradas por orden judicial o resolución administrativa.
También se señalan datos, parciales por falta de información oficial, sobre la evolución de los principales índices en materia de homicidios y delitos en general. En 2008 los homicidios dolosos a nivel nacional llegaron 2.371 (seis cada 100.000 habitantes). Diez años después, la última cifra registrada en las estadísticas, fueron 2.362 (tasa de cinco cada 100.000 hab).
Si se hiciera otro corte, 2006-2016, las tasas respectivas tienen una orientación inversa: 5,5 casos en 2006 y seis en 2016. Esto indica que las cifras no dan cuenta de avances o retrocesos significativos. Lo que sí marcan “es que son tasas muy bajas a nivel global”, no obstante lo cual se mantuvieron las justificaciones del gobierno para aplicar la “mano dura” como supuesto remedio.
Si se toman las cifras del delito a nivel nacional durante la gestión Cambiemos, aparecen con el mismo panorama. En 2016 la cantidad total de delitos ascendió a 1.502.681, mientras que en 2018, fue de 1.552.644. Esto significa que “a pesar del discurso público y la centralidad que adquirió la política de seguridad en el marco de esta gestión, no han podido demostrar resultados significativos”.
La CPM subrayó que “este sistema de la crueldad funcionó de manera casi automática” y el Poder Judicial operó “como un gestor de la violencia estatal en la calle y en la cárcel”. De esa forma, entre 2012 y 2018 “sólo el 11% de las detenciones fueron producto de una orden judicial previa”. La “mayoría de las aprehensiones policiales en flagrancia luego fueron convalidadas por fiscales y jueces”. Se resaltó que “esos records marcan el sesgo represivo de la intervención estatal, que incrementa las condiciones de posibilidad para la ocurrencia de graves violaciones a los derechos humanos”. Eso “deteriora profundamente la democracia y el estado de derecho, y ahonda aun más las brechas sociales”.
El informe será presentado este jueves, a las 18 horas, con transmisión en vivo por las páginas de Youtube y Facebook de la CPM. De la presentación participarán Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, presidentes de la CPM, junto a otros integrantes como Nora Cortiñas, Yamila Zavala Rodríguez, Roberto Cipriano García y Víctor de Gennaro. La coordinación de la mesa estará a cargo de la directora general Sandra Raggio. El acto contará también con la presencia de los miembros de la CPM el padre Jose "Pepe" Di Paola, Susana Méndez, Víctor Mendibil, Ernesto Alonso, Ana Barletta, Maria Sonderéguer y Carlos Sánchez Viamonte. Además, estará presente el presidente del Comité Nacional de Prevención de la Tortura, Juan Manuel Irrazábal.
