Expertos en humedales y urbanidad expusieron ayer en la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, que trabaja en la elaboración de una ley para promover la conservación y el uso racional de los humedales. “Intereses pequeños en cantidad de gente pero muy poderosos han impedido que el Estado logre regular la práctica y la vida sobre los humedales. Y lo que el Estado no regula el mercado lo ha destruido”, destacó Leonardo Grosso, presidente de la comisión.

“La ley debería penar a las personas que anteponen sus beneficios personales sobre los comunes, que son la posibilidad de vivir”, destacó el sociólogo Santiago Bolaño, quien pidió "frenar los proyectos inmobiliarios sobre humedales”. “Lamentablemente para nuestro Tigre ya se hizo Nordelta, pero estamos a tiempo de evitar” proyectos similares en Zárate y Campana, añadió.

La diputada entrerriana Gracia Jaroslavsky, consideró “esencial que en el espíritu de la ley quede plasmado un cambio de cultura hacia el antropocentrismo” y que “se fomente la educación ambiental real desde los primeros grados”. Jerónimo Valle, investigador de la UBA y autor de una tesis sobre el barrio cerrado Colony Park que “desplazó a familias isleñas y sepultó humedales en más de 300 hectáreas”, destacó que “no tenemos que modificar el ambiente para que se adapte a nosotros” sino lo contrario, “para no tener que esperar más sequías e inundaciones”. “Los humedales son sistemas complejos que no se restauran de un día para otro como plantean los emprendimientos inmobiliarios”, recordó.

Damián Tabakman, de la Cámara de Desarrolladores Urbanos, marcó la voz disonante del encuentro al pedir a los legisladores “un marco normativo propositivo para la inversión, que la aliente e incentive, responsablemente, en la medida que sea sustentable y amigable con el medioambiente”.

Cecilia Martínez, cooperativista en Isla Esperanza, recordó que “vivimos en lucha frente a Colony Park, que ha venido a invadir y arrasar nuestra forma de vida isleña” y a “terminar con todo lo que florecía”. Su compañera María Tania Giuliani afirmó que la ley debería “promover la integración a la vida del humedal” y pensarse “para los isleños y no en pos del extractivismo y el turismo depredador como hasta ahora”.

Grosso, en el cierre, destacó el esfuerzo por “pensar le mejor ley posible en el marco de un debate cada vez más álgido por los incendios que acechan gran parte del territorio”. “Tenemos la decisión política, sabemos que son muchas las resistencias”, admitió antes de recordar que “lo que el Estado no regula el mercado lo ha destruido”. “Tenemos que asumir la responsabilidad de regular la protección de nuestro humedales”, destacó, y consideró que ya existen “puntos de amplio consenso”.

El diputado negó que se trate de una “ley antiproductiva”, como sugieren sus detractores. “Es una ley que pretende que el Estado regule las actividades sobre estos humedales para que no se quemen 90 mil hectáreas de pastizales en el delta del Paraná, para que no destruyamos la capacidad ecosistémica de los humedales de evitar las inundaciones, como ocurrió en la basílica de Luján; para que no sea tarde”, redondeó. Contextualizó el debate en el marco de la pandemia de “un virus de origen zoonótico resultado de la depredación del planeta que venimos haciendo como humanidad” y destacó que “si no aprovechamos esta oportunidad para resolver estos temas e incorporar la perspectiva ecológica a la organización de nuestras sociedades, no lo aprovechamos más”.