El informe de la CPM advierte que las prácticas policiales que vienen registrándose desde hace décadas en la Argentina marcan “un sesgo represivo de la intervención estatal” que “deteriora profundamente la democracia y el estado de derecho” porque se violan los derechos humanos elementales. 

Señala “acontecimientos ocurridos en la región (en particular, Chile y Bolivia) dan cuenta de la necesidad de encarar urgentes transformaciones estructurales de la política y de las fuerzas de seguridad”.

Esto debe ser así porque “se han convertido en una fuerza corporativa armada que, en situaciones de alta conflictividad social y política, responden a lineamientos ideológicos de las derechas autoritarias”.

Por esas razones “son capaces de perpetrar crímenes gravísimos como en tiempos de dictaduras”.

El organismo de DD.HH. sostuvo que “en gran medida el futuro de las democracias está sujeto a desmontar estos dispositivos de control y represión”.

También se menciona otros “acontecimientos de la escena mundial, la violencia policial contra poblaciones afrodescendientes y latinas en Estados Unidos”, porque “son indicadores relevantes de las consecuencias de estas políticas” dado que el país del norte “ha sido la usina de buena parte de las directrices que marcan las reformas judiciales, procesales y penales, como también las doctrinas que se implementan como constitución de las fuerzas y de los ministerios de seguridad de la región”.