Hay dos acciones colectivas interpuestas ante la Justicia salteña por la situación de las personas en situación de vulnerabilidad social que requiere el acceso a un terreno y a una vivienda. 

La Mesa de Derechos Humanos de Salta con el patrocinio letrado de María Cecilia Jezieniecki y Martín Plaza Schaefer, del Colectivo de Abogades Populares, presentó este miércoles un hábeas corpus colectivo por los vecinos que fueron reprimidos el martes en los asentamientos San Calixto y Ampliación Parque La Vega. 

La acción legal fue presentada ante la jueza Virginia Solorzano. Por otro lado, hay un amparo colectivo que interpuso la presidenta de la Fundación Tomar Acción, Antonieta Plaza, contra el Instituto Provincial de la Vivienda y en representación de un grupo de personas que estaba en la toma de la zona sur de la Ciudad de Salta y luego accedió al desalojo pacífico por temor a la represión.

Las peticionantes son las militantes y referentas Nora Leonard, de la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet; Blanca Lescano, de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas y Gremiales de Salta; Canela Alvarez,de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio, y Elena Rivero, de la Asociación de DDHHCoca Gallardo.

Con el amparo se solicita a la magistrada la protección de Yuthiel Alderete, Renzo Alderete, Santiago Farías y de todas las personas que se encuentran en situación de emergencia habitacional ocupando los asentamientos conocidos como San Calixto y Ampliación Parque La Vega, en terrenos fiscales de la zona sur de la ciudad de Salta.

Plaza destacó que la jueza ya pidió el legajo de investigación al fiscal Horacio Córdoba, quien llevaba un proceso de mediación entre la gente de los asentamientos y el gobierno provincial. El letrado expuso que el fiscal no habría dado la orden de desalojo y represión, pero sí habría ordenado a la Policía "restablecer el orden" cuando una mujer intentó ingresar cartones y un colchón para resguardarse del frío ya que la choza que había armado se le había desarmado. 

Indicó que fue un acto negligente e imprudente del fiscal porque "sabe cuál es el accionar de la Policía, que no está capacitada para cumplir (esa directiva) sin palos o balas". "Es un hecho de violencia policial grave y complejo el de anoche (por el martes último) en un contexto de pandemia y el fiscal no se hace cargo. Cuando se enteró de lo sucedido debería haberse apersonado en el lugar", manifestó. Añadió que el Ministerio de Seguridad no actuó acorde al respeto a los derechos humanos. 

Por su parte, Jezieniecki explicó que el hábeas corpus fue la acción judicial que consideraron más oportuna para pedir a la justicia que intervenga. Señaló que hay alrededor de 100 personas heridas, entre ellas un hombre al que le dispararon en el ojo y puede perder la vista. En este año y en plena pandemia ya son varios los hombres que resultaron víctimas de este proceder policial y perdieron el ojo.

"Esperamos que la Justicia intervenga rápido para evitar que el Estado vuelva a reprimir. Esta situación dejó al desnudo cómo está viviendo la gente, les falta acceso al agua, están sin medicamentos", precisó la letrada. El amparo espera lograr que se garanticen estos recursos y alimentos a las familias de la toma. "El Estado vulnera los derechos de las personas más desoídas del sistema. Ante la emergencia habitacional, la respuesta es la represión policial, que no les resuelve el problema sino que lo agrava", sostuvo. 

Jezieniecki sostuvo que el gobierno de Salta viene dando muestras de utilizar las normas en la pandemia para la represión policial y el abuso de autoridad y que por ello también han venido denunciando el decreto 255, que ya es ley, que se está usando para violar garantías constitucionales. Aseguró que militarizar el lugar de las tomas y exponer a la gente a los abusos policiales, dificultarles el ingreso de comida u otros insumos de necesidad o la libertad ambulatoria también implica un desalojo encubierto.

Por ello, la acción colectiva se realizó debido a la violación de los derechos humanos, a la libertad ambulatoria, a la integridad física y a una vivienda digna, entre otros derechos fundamentales y tiene como objetivo prevenir cualquier acción estatal que lesione, restrinja, amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías constitucionales. La Mesa de los Derechos Humanos y Abogades Populares evaluaron que existe una amenaza "cierta, actual e inminente de nuevos hechos de vulneración perpetrados por fuerzas de seguridad de la Provincia de Salta". 

"Solicitamos se ordene al Gobierno de la Provincia que de forma inmediata asegure la provisión de los bienes necesarios para una vida digna de las familias que se encuentran en los terrenos fiscales de San Calixto y Ampliación Parque La Vega, garantizando el acceso al agua y alimentación adecuada de las familias y la atención médica de las personas heridas", pide el amparo. Las organizaciones denuncian que actualmente en el lugar hay personas heridas por la represión vivida, y familias con niños y niñas en condiciones de extrema precariedad y sin servicios mínimos como el acceso al agua.

En el amparo, las organizaciones indicaron que las familias se encuentran en condiciones de precariedad absoluta, en el marco de una grave crisis habitacional que atraviesa la provincia, agudizado por las medidas de restricción y consecuencias propias de la Covid-19. 

Además denunciaron que fue objeto de disparos el merendero que se montó en el lugar, "ya que allí habían corrido para refugiarse en medio de la balacera mujeres embarazadas y niños/as". También argumentan que muchas de las fotos de heridas dan cuenta que fueron en la parte cuarta posterior, "lo que denota a todas luces que se encontraban huyendo del accionar represivo, por una parte, y de la intención de dañar tirando al cuerpo de las víctimas". 

El amparo solicita que se pida al gobierno provincial con carácter de urgente un informe circunstanciado de los hechos sucedidos el martes por la noche en la toma. Anoche, vecinos del asentamiento informaron que aumentó el  personal policial porque llegaron efectivos de Infantería

Acción colectiva contra el IPV

La abogada Antonieta Plaza presentó un amparo contra el IPV la semana pasada ante la jueza Guadalupe Villagrán. El colectivo al que representa está integrado por personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, carecen de una vivienda y pretenden acceder a ésta por intermedio del Instituto Provincial de la Vivienda.

La abogada sostuvo que ya quedó abierto el juicio para que se discuta lo que la jueza disponga. Se va a notificar al IPV para que informe cuál es el mecanismo de acceso a la vivienda para el grupo de personas que tiene bajos ingresos, con discapacidad, adultos y adultas mayores y mujeres en situación de violencia de violencia de género.

"Menciono el antecedente de que trabajé para 150 personas que estaban en la toma al costado de ruta 21", detalló Plaza y planteó que hay normas que obligan al Estado argentino a legislar ante el déficit habitacional.

La acción colectiva pretende lograr la adecuación de la normativa de asignación de viviendas del IPV, al contenido del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y a los principios de derechos humanos que otorgan protección diferenciada a personas y grupos en situación de vulnerabilidad social. En este sentido, Plaza, consideró que el Plan Mi Lote lanzado por el gobierno provincial es genérico y no contempla esas diferencias. 

La abogada consideró que las más afectadas ante la emergencia habitacional son las mujeres porque a raíz de la desigualdad de género que es estructural les cuesta tener recibo de sueldo, y que en los alquileres son discriminadas si tienen niños y niñas a cargo.