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En un nueva ofensiva del gobierno de facto, la Procuraduría General de Bolivia denunció a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por un supuesto "trato diferencial" a la hora de gestionar denuncias. Según la Procuraduría, el organismo internacional dio preferencia a otro trámite antes que a la solicitud de medidas cautelares que hizo el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín, por agresiones de partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS) entre 2017 y 2019. Se refirió al trámite del periodista Adair Pinto, quien fue atacado por un miembro de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo paramilitar que cobró un gran impulso en los conflictos posteriores a las elecciones del 20 octubre de 2019. Para la Procuraduría, Pinto realiza "una labor periodística claramente favorable al anterior gobierno" y ese sería motivo suficiente para que la CIDH priorice su denuncia. Además, la institución que representa legalmente al Estado boliviano juzga como "pelea" lo que en la justicia está caratulado como intento de homicidio.
La madrugada del sábado primero de febrero, Adair Pinto se encontraba en un local bailable de Cochabamba. Su agresor, Roger Revuelta, ingresó al boliche con un grupo de personas para amenazarlo de muerte. Lo que empezó como un simple comentario derivó en una agresión directa. Pinto recibió puñaladas en el tórax, estómago y pierna derecha. "Le recuerdo al señor procurador de Bolivia, José María Cabrera, que los obrados judiciales indican que no se trató de un altercado o una simple pelea, sino de un intento de asesinato de la Resistencia Cochala, y que por ello hay un detenido en el penal de San Sebastián de Cochabamba", aclara Pinto en diálogo con Página/12.
Agarrándose de la denuncia del joven periodista, la Procuraduría se puso al frente del gobierno de facto para ensayar una amenaza hacia la CIDH floja de papeles. "El doble estándar tiene que ver con la aplicación de un trato diferenciado para casos similares, es decir una aplicación sesgada, y en consecuencia injusta, en el tratamiento de las solicitudes de medidas cautelares, mismas que se otorgan a personas que se encuentran en riesgo", aseguró la institución jurídica a través de un comunicado.
La CIDH mantiene una conducta sostenida tras el golpe de Estado del pasado 10 de noviembre, denunciando violaciones a los derechos humanos en Bolivia y masacres como las ocurridas en Sacaba y Senkata. Aunque no respondió a las acusaciones de la Procuraduría, el organismo internacional expresó su "profunda preocupación ante amenazas y actos de violencia contra funcionarios de la Defensoría del Pueblo" por un grupo de personas que intentó ingresar por la fuerza al despacho de la defensora Nadia Cruz, y le exigió al Estado que investigue los hechos.
"No me sorprende que la Procuraduría cuestione la labor de la CIDH. Si bien el gobierno de facto está alineado a la derecha internacional, no le conviene para nada que se divulgue la violación de derechos humanos", advierte Pinto, quien en medio de una lluvia de amenazas debió huir de Bolivia para aterrizar en Argentina. "La persecución que se ha entablado en mi contra es sencillamente para acallar la labor periodística que ha denunciado innumerables hechos de corrupción y tantas otras situaciones. Quieren acallarnos", agrega el periodista, quien recuerda en ese sentido el caso de Sebastián Moro, colaborador de este diario que murió en circunstancias dudosas durante el golpe de Estado.
