La Comisión Bicameral que fiscaliza las actividades de inteligencia avanza en la investigación de treinta “pre-causas” que tramitó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019. La sospecha es que no se utilizaron para hacer serias investigaciones sobre posibles delitos, sino para hacer espionaje ilegal. Se trata de expedientes que se abren por impulso de la central de espías ante algunas sospechas, generalmente instaladas por denuncias anónimas o con datos inventados, y que quedan bajo supervisión de un juez o jueza elegido arbitrariamente que habilita tareas de inteligencia pero que recién después de la recolección de información decide si hay motivos para inaugurar una investigación penal. Lo más probable es que el análisis de estos casos derive en alguna denuncia penal.

Cuando un juez o jueza habilitaba la realización de una causa de estas características, que todavía no tiene carácter de causa penal propiamente dicha, puede habilitar a la AFI a escuchar teléfonos, hacer seguimientos y bucear en todo tipo de datos. Uno de los primeros ejemplos célebres de la gestión de Gustavo Arribas que comenzó como “pre-causa” estuvo basado en una denuncia sobre su antecesor, Oscar Parrilli. 

Querían chequear si se había llevado documentación o algo de la AFI, y lo empezaron a investigar. Le pincharon el teléfono, con la venia de la jueza María Servini de Cubría. Pasados cuatro meses, como no surgía nada delictivo de las conversaciones, Servini en teoría mandó a destruir el material y desechó el expediente. Pero a Parrilli lo siguieron escuchando, en otro expediente donde la AFI hacía una escucha directa (casi en tiempo real), sobre un supuesto encubrimiento al narco Ibar Pérez Corradi, cuyo regreso al país fue arreglado precisamente por el organismo de inteligencia macrista. De todas esas conversaciones recogidas, que no sirvieron para descubrir ningún delito, se filtraron a los medios la conversaciones del actual senador con Cristina Fernández de Kirchner y la famosa frase “soy yo, pelotudo”.

Según analiza la Bicameral que preside Leopoldo Moreau, el uso de las pre-causas habría sido una práctica frecuente con objetivos espurios, para habilitar a la AFI a hacer tareas de investigación criminal interna. La mayoría de los casos analizados fueron cerrados, por no haber delito, lo que muestra que eran “excursiones de pesca” y artilugios para escuchar y seguir a determinadas personas, muchas veces del mundo de la política, o vinculadas a casos de alto impacto político.

Una de las “pre causas” más llamativas estuvo dirigida, según información en manos de la Comisión Bicameral, a la modelo Florencia Cocucci, vinculada con el fiscal fallecido Alberto Nisman. La mujer había declarado tras la muerte de Nisman, cuando la causa estaba a cargo de la fiscal Viviana Fein, sobre viajes que hizo con él y había alegado que desconocía el origen del pago de los gastos. Luego cuando el expediente por la muerte del fiscal pasó a Comodoro Py, tal como quería la querella de la madre y de Sandra Arroyo Salgado, además del poder mediático y el macrismo, Cocucci tenía que volver a declarar. Por esa época, hacia agosto de 2016, fue que la AFI abrió una pre-causa con el argumento de que podía estar relacionada con el grupo terrorista ISIS, lo que para colmo la ponía en una lista de sospechosos de terrorismo internacional. El juez que intervino fue Sebastián Ramos, que finalmente desestimó el caso y no abrió ningún expediente. 

La Bicameral pidió los expedientes de las 30 “pre-causas” detectadas y podría haber denuncias en los próximos días. El mecanismo de este tipo de investigaciones que guardan un enorme grado de discrecionalidad sigue habilitado porque la ley lo permite, pero la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, prohibió utilizarlas. Si la AFI hoy recibe un dato vinculado a un delito, simplemente lo tiene que poner en conocimiento del Poder Judicial.