Hace dos meses que Sofía (el nombre ficticio con el que se la identifica para resguardar su identidad) vive con miedo y permanece “escondida” en la casa de un familiar, porque un vecino está obsesionado con ella y no deja de acosarla. El hombre, que tiene una condena vigente por haber abusado sexualmente de su propia hija, obtuvo la prisión domiciliaria durante la cuarentena por ser parte del grupo de riesgo ante la pandemia de coronavirus. La familia de la menor, residente de la localidad de tucumana de Alderetes, decidió hacer público el caso para que la Justicia tome la denuncia y puedan protegerla.
Gregorio Evaristo Leiva tiene 71 años y terminó tras las rejas por abusar sexualmente de su hija cuando tenía 14 años, dejarla embarazada y obligarla a parir. Después de estar prófugo durante un mes lo capturaron en Santiago del Estero y llegó finalmente a juicio, donde la Justicia lo declaró culpable.
Hace dos meses, Leiva fue autorizado por la Justicia a volver a su casa debido a su edad. Fue entonces cuando se convirtió en la pesadilla de Sofía: la nena no pudo salir más a jugar, ni a tender la ropa en su propio patio y ya ni siquiera puede conciliar el sueño.
La madre de Sofia, que trabaja hasta tarde para mantener a la familia, decidió esconderla en la casa de una tía: "Tengo miedo de volver a casa después de trabajar y encontrar a mi hija violada o muerta", denunció la mujer ante un medio local.
"Desde el 27 de junio vengo buscando Justicia, que alguien me ayude con este hombre, que acosa verbalmente a mi nena", añadió. Y contó que en la comisaría de Alderetes no le quisieron tomar la denunci, y la mandaron al Patronato de Internos y Liberados, ya que el acusado cumple con prisión domiciliaria. Sin embargo, en esa dependencia también hicieron caso omiso de su reclamo.
Tras la viralización del caso, recién este jueves al mediodía, la denuncia fue tomada por la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Integridad Sexual. Al mismo tiempo, el Ministerio Público solicitó al juez de feria una medida de resguardo urgente; a la policía, la implementación inmediata de una consigna policial en la puerta de la casa donde la chica vive presa del terror, y a la Oficina de Atención a las Víctimas de la Corte Suprema, que preste asistencia, contención y orientación a la menor y a su madre. También pidieron que se le revoque la prisión domiciliaria.
