“Se va a poner bravo.” La frase circula como los barbijos y el virus en la Puna, en Alto Comedero, en la ciudad y los pueblos más chicos y más estallados. Gerardo Morales y funcionarios tienen un Covid-19 muy a lo macho, descripto con fortaleza de camisa planchada y plano medio de “estoy infectadísimo pero me siento muy bien”. Es su realidad paralela y asintomática frente a un Jujuy que arde en jornadas récord de contagios, fallecimientos y desamparo. Ahora se le suman comerciantes amotinados que se resisten a la Fase 1, mientras los hospitales desbordados se escalonan con la pobreza creciente, el agujero laboral de la precarización, la represión policial en el aislamiento y el esfuerzo sobrehumano de médicos, enfermeras, docentes, trabajadorxs de la economía informal y familias para remontar el desastre. En la coyuntura, la Resolución N° 1966 del ministerio de Educación provincial vino a traer más zozobra al personal docente y de servicios generales, que deberán realizar tareas sanitarias esenciales para el Comité Operativo de Emergencias (COE), exponiéndolos en el momento más crítico de la pandemia. De fondo, se trata del desmantelamiento estructural del sistema institucional provincial. “Estamos padeciendo un colapso sin precedentes. La pandemia expone carencias y desinversión en el sistema educativo y una crisis económica y social en miles de familias”, dice Mercedes Sosa, docente en dos escuelas secundarias y un instituto terciario desde Tilcara, una de las geografías más castigadas por el coronavirus. “El Gobierno vive en una realidad paralela, no le interesa que miles de chicxs no tengan conectividad para sostener su educación ni que otrxs miles deserten para hacer changas, por el desplome de la economía informal desde que se decretó la cuarentena”, lamenta Claudia Pinela, también docente de escuelas secundarias en San Salvador de Jujuy y compañera de Mercedes en la Corriente Sindical Marina Vilte, una de las agrupaciones que elevaron un petitorio al ministro de Educación Nicolás Trotta para que no se apruebe el protocolo de vuelta a clases, por la falta de recaudos que garanticen condiciones reales de salubridad, higiene, transporte y conectividad.

Esta semana, el Consejo Federal de Educación (CFE), que reúne a lxs ministrxs de todas las provincias confirmó que nadie repetirá en 2020 y que este ciclo lectivo tendrá continuidad pedagógica y curricular con el de 2021. Sin embargo, la ministra de Educación provincial, Isolda Calsina, anunció obstinada que en Jujuy el ciclo lectivo finalizará en diciembre y no habrá promoción automática. "(Los alumnos) van a terminar finalizando los estudios con certificado por lo que aprendieron, van a intensificar los aprendizajes en lugar de que los promovamos automáticamente."  

En junio, la encuesta “Educación virtual en tiempos de pandemia” que realizaron la Corriente Marina Vilte y la Fundación Andhes a 110 docentes jujeñxs de nivel inicial, primario y secundario de diferentes localidades, reveló que “el Covid-19 repercute directamente en la dimensión educativa, dejando al descubierto las desigualdades y los contextos vulnerables en los que viven muchos niños, niñas y adolescentes”. El 43,1 % dijo que lxs alumnxs no logran adaptarse a la educación virtual, el 18,3 % que se sienten confundidxs, el 10,1 % que se comprometen con la tarea, el 8,3 % que están desorganizadxs, el 7 % se muestran poco colaborativxs con la tarea y apenas un 2 % se adaptó muy bien, y que el resto directamente carece de medios para continuar la educación virtual y quiere volver a la modalidad presencial. “Encima, la asistencia de lxs estudiantes es optativa, y esto ahonda la brecha porque terminan cayéndose del sistema. Es evidente que la pandemia exhibe la brutal desigualdad que ya existía en la provincia”, agrega Claudia, que integró con Mercedes el equipo de investigación. “Les educadores populares nos señalaron la vulneración del derecho a una alimentación adecuada, a salud, a vivienda digna, a recreación, a educación y a una vida sin violencias”, enumera. “Les docentes nos relataron la falta de acceso a internet, a dispositivos tecnológicos para uso escolar, la invasión de la escuela en la privacidad del hogar y la falta de recursos para cubrir necesidades básicas.”

¿Qué lectura les provoca la cuarentena casi policíaca del inicio, el relajamiento posterior, la imagen del gobernador en la celebración de la Pachamama, su acusación a “la cholita” como fuente de contagio masivo y el escenario sanitario dantesco que están padeciendo?

Mercedes: -Podría hacer un listado interminable: angustia, cansancio, inseguridad, desazón, impotencia, indignación por los discursos discriminatorios, misóginos y racistas que tuvo Morales cuando el virus se desperdigó después que miembros de su comitiva cruzaran a Bolivia para comprar hojas de coca. Tengo la sensación de esfuerzo en vano para que se nos escuche. La escuela “en casa” nunca dejó de funcionar porque siempre estuvo sostenida con la voluntad y los recursos de docentes, familias y estudiantes, con un costo muy alto que evidencia ese estado de incertidumbre y padecimiento. Y ahora la ministra habla de intensificar aprendizajes en lugar de promover automáticamente a les alumnes. ¡Es de otro planeta!

Claudia: -Y además tenemos la certeza de una vulneración de derechos que profundiza la brecha entre les estudiantes que pudieron acceder a las diferentes formas de educación a distancia y otres 48.000 que por razones de inequidad no pudieron. Por eso decimos que el programa educativo “Estamos más cerca” es contradictorio desde su enunciación.

La Resolución del ministerio de Educación que pone al personal general de la cartera a disposición del COE para realizar tareas sanitarias tiene un amplio margen de discrecionalidad, no especifica el tipo de tareas, además de la zozobra que generó entre les trabajadores.

M.: -El alcance no es claro, pero la raíz de esta resolución es el Decreto N° 793, ratificado por la Ley N° 6.170, que faculta al Ejecutivo provincial a disponer el cambio de funciones de les empleades del Estado provincial, según requiera el COE. Por ahora sólo está afectado el personal de maestranza de las escuelas. Creemos que lo distribuirán en salitas, hospitales y postas sanitarias, con el consiguiente riesgo para sus vidas en el peor momento y con el agravante de que el sistema sanitario estaba precarizado antes de la pandemia. Por otra parte, estamos en alerta por lo que pueda suceder en los establecimientos educativos desde que el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, adelantó que la escuela Pucarita, en San Salvador de Jujuy, va a funcionar como hospital de campaña.

Son días de duelo. La semana pasada falleció por coronavirus el profesor de Historia Alfredo Colque, de San Salvador. Su hermano denunció en las redes la falta de atención que sufrió Alfredo, el drama para que lo ingresaran a un hospital. Dijo que cuando consiguieron una cama ya era tarde. Zulma Cruz, otra profesora del barrio Alto Comedero, su marido, su hijo mayor y el menor de 5 años, con antecedentes de broncoespasmo, presentaron síntomas la semana pasada. Al cierre de esta edición seguían esperando hisopados y asistencia sanitaria. Mercedes y Claudia explican conmovidas que la muerte de Alfredo y el presente de Zulma dispararon una angustia que ensombrece todo cuando se empiezan a sentir las bajas. En un comunicado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional Jujuy, declaró que “el Gobierno provincial no ha garantizado en esta contingencia ni siquiera los elementos de protección necesarios a los trabajadores de la salud a pesar de los permanentes reclamos, y tampoco genera la confianza suficiente en su pretensión de sumar a un nuevo grupo de personas a estar expuestas”.

“Habíamos arrancado en marzo con una cuarentena híper restrictiva, con sectores de la calle para caminar, salidas según días pares o impares, y hasta llegaron a anunciar que iban a marcar las casas de personas contagiadas. Todo eso para después adelantar las vacaciones de invierno y liberar la circulación sin ningún sustento epidemiológico”, describe Mercedes. “Sufrimos el reto y la estigmatización institucional permanente, y ahora quieren atender tardíamente la situación que crearon soslayando capacitaciones docentes, protocolos de prevención y recaudos elementales.”

¿Qué sucedió cuándo empezó a circular el virus?

C.: -Fue un castillo de naipes derrumbándose. Es desgarrador ver todo el tiempo pedidos de cama, de oxígeno, plasma, y escuchar los audios de trabajadores de la salud denunciando que no tienen elementos y que se les muere un paciente todos los días. Quedó al desnudo que no había nada preparado para afrontar una crisis. Hay barrios  con familias enteras que se contagiaron.

M.: -Vimos cómo el gobierno de Morales se encargaba de dilapidar el sistema de salud, tal como lo hizo con el sistema educativo. Hoy, les docentes y las familias sostenemos la educación remota porque no hubo ni una sola inversión en infraestructura digital. En las reuniones del Pacto Social por la Educación nos quieren convencer de que les chiques no necesitan recibir computadoras porque estamos en otra era, que todes tienen telefonía móvil ¡y con eso basta! Esto es parte de la política que delineó el gobierno de Mauricio Macri. En salud no se quedan atrás: hace tres años hubo una pueblada en defensa del hospital de Maimará, que querían convertir en salita de auxilio porque, total, ya hay un hospital en Tilcara, ahora en emergencia por la cantidad de casos. En esa lógica de explotación laboral teñida de eficiencia recortan presupuesto, desguazan, achican recursos y precarizan personal, con reducciones de planta y contratos basura.

¿Qué les manifiestan lxs estudiantes?

C.: -Nos comparten su preocupación por lo que van viviendo. Estoy en el barrio Alto Comedero, que concentra casi 500 casos positivos de coronavirus, de los 1.779 que se registran en San Salvador de Jujuy, y trabajo en la escuela secundaria de Palpalá, otro lugar azotado por el virus, con chiques de bajos recursos, con un solo celular por familia, y con enorme grado de deserciones, porque nunca pudieron conectarse o porque las familias no pueden sostener el consumo de datos. El ministerio de Educación estima en 48.000 les alumnes sin conectividad, yo creo que son más. En su discurso triunfalista, el gobernador adelantó las vacaciones, y en julio, en el peor momento del invierno, se abrieron las escuelas. Están tomando exámenes regulares, previas y libres como si aquí no pasara nada.

M.: -En la Puna fueron días desesperantes porque ahí se iniciaron los contagios, cuando  gente de la comitiva de gobierno fue a buscar hojas de coca a Bolivia, y el virus se esparció hasta el Ramal, que hoy es la región más afectada. Hubo que retirar a les docentes y a les chiques de esas escuelas, que reúnen estudiantes de lugares lejanos, con pánico de que pudieran contagiarse. 

¿Cuál es la situación de las familias?

C.: -Los chicos de 4° y 5° año están desertando porque tienen que ayudar a sus familias en diferentes cuestiones informales, sobre todo en Palpalá y a partir del fenómeno post Zapla, que deja de ser un dador de trabajo desde los noventa en adelante. Hoy las familias se sostienen con trabajo del Estado, del municipio, o con trabajo informal en ferias. Volvieron los merenderos, las copas de leche y los comedores, entre el virus que se extendió a Perico, Palpalá, San Salvador, y explotó en Ledesma. Todo esto colapsó el sistema, porque además son pocos los hospitales con camas de terapia intensiva, que generalmente están ocupadas por personas que vienen del interior. El Estado no ha garantizado ninguna infraestructura, no hubo asistencia o ayuda a estudiantes o a sus familias. Muchos alumnos están trabajando como albañiles. Esa changa les permitió comprar un móvil y poder comunicarse con nosotras para hacer sus tareas.

M.: -La actividad económica de la Quebrada se sostiene del turismo, que hoy no existe. Muchos estudiantes se replegaron a comunidades distantes, dedicadas a la ganadería y la agricultura, pero sin conectividad. De cuando en cuando se comunican y piden el material para hacer algunas de las tareas. Y en este punto el discurso del ministerio de Educación también fue contradictorio, porque desde el principio la ministra pedía que fuéramos condescendientes y no atosigáramos a les estudiantes con tareas, pero después tenemos que soportar controles minuciosos, con informes semanales de cantidad de estudiantes conectades, responsabilizándonos si no se conectan. En Jujuy, si querés estudiar tenés que garantizarte tu teléfono, y ni así, porque desde que empezó a circular el virus no se puede acceder a los puntos digitales. Además, si les docentes queremos mantener nuestra estabilidad laboral, debemos tener teléfono, computadora, conectividad que pagamos de nuestros bolsillos. No es casual que las únicas provincias que no adhirieron al acuerdo nacional de Ctera que regula el teletrabajo son Jujuy y Corrientes, marcadas por una política neoliberal.

¿El aislamiento intensificó los casos de violencias de género y embarazo adolescente?

C.: -Cuando empezamos a trabajar en la encuesta, ya se detectaban situaciones de violencias de género, con acosos a través de las redes, entre compañeros o con extraños. Les docentes trabajan con grupos de whatsapp y muchos de los celulares que utilizan les chiques son de adultos que pudieron acceder a información o a contactos. Aumentó el grooming, pero al no haber una fiscalía especializada en delitos informáticos, las denuncias caen en la nada, ni siquiera hay un registro.

M.: -El problema de las violencias es muy grave. Hace tiempo que venimos denunciando violencias entre parejas separadas, en las que les chiques son el botín de guerra, y la situación se exacerbó en el momento de la pandemia.

C.: -Tampoco hay desde el ministerio de Educación un impulso para trabajar Educación Sexual Integral (ESI). El índice de estudiantes embarazadas es elevado, y en el momento presencial teníamos alguna organización con las redes de profesionales y con las diferentes asesorías que formaban parte del ministerio de Salud. Pero a partir de la cuarentena se desarticuló todo y ese tema ni se toca. También hay tasas altísimas de abusos de menores, pero ahora no sabemos qué sucede porque no está ese espacio presencial donde una podía detectar situaciones y articular. Les chiques no salen de sus casas y sólo se conectan en relación al estudio.

La Corriente Sindical Marina Vilte es joven, pero en sus dos años de construcción logró tramar una red colectiva, interseccional y feminista contra “la estafa discursiva del gobierno”, como define Mercedes. En este escenario, a la organización política le sumaron acciones solidarias, colectas, acompañamientos sociales. “Nunca podríamos ser espectadoras”, ríe Claudia, afirmando el camino político. “Aspiramos a pensar en otras dimensiones con un posicionamiento propio, porque como colectivo de docentes con mirada crítica nos organizamos para decir algo diferente. Nos atropellan, pero nos sostenemos entre nosotres y nos organizamos sin dejar de denunciar que la situación en que nos encontramos tiene que ver con una política neoliberal. Todo es negocio en Jujuy.” Mercedes enfatiza que el espacio va más allá de la disputa sindical, sin perder el foco de los derechos laborales, que se violentan en forma sistemática. “Estamos tratando de sistematizar e intelectualizar lo que nos está sucediendo, y por otra parte intentamos dar respuesta a colegas que se acercan. Porque creemos con vehemencia que es posible la unidad de voluntades para promover desde la práctica educativa una docencia sensible, humana, feminista y justa.”