Desde fines de febrero existe una dura contienda entre el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta y el Ejecutivo comunal. La relación entre los dos actores que componen el gobierno municipal se fue desgastando, a fuerza de desentendimientos, escasa o nula comunicación y exceso de protagonismo de los representantes de ambas partes.
El veto a la ordenanza para la conformación de un Comité de Emergencia por la pandemia; la falta de contestación a los pedidos de informe por parte del Ejecutivo; las marchas y contramarchas en el llamado a licitación para el servicio de higiene urbana; y la ejecución de un Plan de Movilidad, que recién luego de tres meses de obras reunió a funcionarios y concejales en una plataforma virtual, dan cuenta de un vínculo roto, que difícilmente pueda recomponerse.
Y como si esto fuera poco, en la sesión del Concejo del último miércoles, un nuevo elemento se sumó a esta lista cuando el Cuerpo rechazó, de forma unánime, el veto de la intendenta Bettina Romero a una ordenanza sancionada por los ediles el pasado 29 de julio. Mediante esta normativa, se donaba un terreno municipal al Club Social y Deportivo San Francisco, con destino único de uso institucional, deportivo y recreativo.
El principal argumento expuesto por el gobierno comunal es que la ciudad no cuenta con suficientes tierras reservadas para espacios verdes, destino original del terreno en cuestión.
Tras ser aprobada, la ordenanza de donación había llegado al Ejecutivo el 6 de agosto. Según establece el artículo 38 de la Carta Orgánica, la intendenta tenía, a partir de esa fecha, diez días hábiles para vetar o promulgar la normativa.
Vencido el plazo sin ninguna actuación, el viernes 21 la ordenanza quedó firme. Sin embargo, para sorpresa de los ediles, el martes 25 ingresó al Concejo el decreto 262/20, con el veto firmado por la intendenta Romero.
Esto provocó tal fastidio en el cuerpo deliberativo, que motivó a los jefes de los distintos espacios políticos a redactar la resolución conjunta que sería aprobada durante la sesión de esta semana. Mediante este instrumento legal, los concejales instan al Ejecutivo a publicar en el Boletín Oficial la ordenanza sancionada el 29 de julio, declarando extemporáneo el veto.
“Que no nos quieran tomar el pelo”, disparó la concejala Paula Benavides, al momento de tratar la iniciativa. Notablemente enojada, citó el artículo 38 de la Carta Orgánica y acusó al Ejecutivo de hacer una “interpretación subjetiva e incompleta” y de acuerdo a “lo que les resulta más conveniente o más bonito”. La edil del bloque Salta Independiente también sostuvo: “Éste no es un cuerpo de ignorantes” y advirtió que no mirarán hacia el costado, ante “estas desprolijidades”.
Al término de la sesión, consultada por Salta/12, Benavides agregó: “Considero que desde el Ejecutivo enviaron el veto al Concejo, esperando que pasara inadvertido el hecho de que no cumplían con los plazos procesales que establece nuestra Carta magna”.
Fuentes del municipio, en tanto, aseguraron que el veto habría sido ingresado en tiempo y forma, por la Mesa de Entrada virtual del Concejo Deliberante. Sin embargo, carecería de valor de registración formal y efecto legal. Por este motivo, el Ejecutivo requeriría información sobre el reglamento de funcionamiento de esta plataforma, lo cual podría abrir una nueva vía de conflicto.
Doble vara
El martes, mientras el decreto de veto ingresaba al Concejo Deliberante, la propia intendenta Bettina Romero, formalizaba la restitución histórica del predio de la calle Catamarca al Centro Juventud Antoniana. Previamente y para que esto pudiera suceder, el pasado 5 de agosto el cuerpo deliberativo había sancionado la ordenanza correspondiente.
En la sesión del miércoles, varios concejales hicieron alusión a este tema. Fue el caso de Santiago Alurralde, quien manifestó: “Esto es una incongruencia. Después de tanta alharaca que hicieron, sobre apoyar a los clubes de barrio, le entregan un predio a Juventud Antoniana, pero le quitan la posibilidad a un club como San Francisco de seguir creciendo”.
El edil del espacio Salta tiene Futuro comparó esta acción del Ejecutivo con otras medidas, como las del proceso del llamado a licitación para el servicio de Higiene urbana. En ese sentido, acusó al gobierno comunal de trabajar “sin un plan”, “sobre el pucho” y cometiendo “errores garrafales e infantiles”.
En tanto, su compañera de bloque, Frida Fonseca, dijo: “vetar la ordenanza que ayuda al club San Francisco es una contradicción muy grande por parte del Ejecutivo”. La concejala explicó que el terreno donado “ya estaba desafectado del uso público” y que “había sido otorgado en comodato al club San Francisco previamente”. Entonces, agregó: “Lo que hemos hecho es concretar la donación del predio para que la institución pueda construir infraestructura y gestionar recursos para poder crecer”.
Finalmente, la concejala del Frente de Todos, Laura García, declaró: “Ésta es una muestra más de las desprolijidades del Ejecutivo”; y Ángel Causarano, por su parte, disparó: “si los funcionarios no están a la altura, que den un paso al costado”.
