Albert Hirschman se propuso la tarea de agrupar en familias conceptuales los múltiples argumentos ensayados por el discurso reaccionario toda vez que una sociedad se aprestaba a producir un avance de los derechos de ciudadanía. Así fue como en su libro Retóricas de la intransigencia pudo catalogar, clasificar y agrupar esos argumentos conforme los elementos en común que identificó con mucha precisión. La amena lectura del texto permite hacer paralelismos interesantes acerca de como reaccionan los poderes constituidos ante la inminencia de transformaciones que cuestionan el status quo.

En nuestro país podemos advertir esos mismos paralelismos retóricos o discursivos.

Cuando se sancionó el instituto del aguinaldo, las cámaras patronales y los partidos opositores pusieron el grito en el cielo por lo que consideraban un engendro que iba a llevar a la quiebra a todas las empresas y comercios.

Cuando se sancionó el voto femenino, se argumentó que el mismo debía ser optativo porque la obligatoriedad no se compadecía con el rol de madres de las mujeres.

Cuando se sancionó el divorcio vincular, que la familia como institución iba a desaparecer.

Así, la lista podría ser infinita. Ahora, con motivo del proyecto de ley de creación de múltiples juzgados federales y de transferencia de competencias hacia la justicia ordinaria de CABA, aparecen los mismos clichés y falacias discursivas. La que nunca falta es la referida a la necesidad de construir más consensos. ¿Quién dijo que no hay consenso sobre la necesidad de avanzar en sucesivas reformas a la justicia? Una de las instituciones más cuestionadas de nuestra sociedad es el Poder Judicial. Se cae de maduro la necesidad de introducir reformas en un poder signado por la opacidad, la falta de control ciudadano, los amplios márgenes de discrecionalidad y una inocultable ineficacia a la hora de hacer Justicia.

Hace meses que la sociedad viene discutiendo la cuestión. Ahora, el Congreso tiene la oportunidad de debatir el proyecto y, en caso de obtener las mayorías exigidas por la Constitución, convertirlo en ley. ¿Acaso no es el Congreso de la Nación el ámbito para el debate de los proyectos legislativos? Me llama la atención que quienes detentan menor representación legislativa se autoadjudiquen ser los representantes de la voluntad de las mayorías. Es un contrasentido absurdo. Las minorías dicen expresar el sentimiento mayoritario del Pueblo, mientras argumentan que quienes obtuvieron la mayoría del voto ciudadano en verdad son expresión de apenas una facción minoritaria y marginal. Cada vez que aparece un proyecto con el que las minorías no están de acuerdo, se apela a lo mismo: que hay que buscar más consenso, proponiendo una mecánica de abordaje de los temas que no lleva jamás a ningún lado.

Otro de los argumentos se vincula a un pretendido avance y pisoteo del Poder Judicial. ¿Leyeron acaso el proyecto? Entiendo que se habla, que se adjetiva, que se descalifica, pero no se desarrolla ni un solo razonamiento referido al articulado del proyecto. A mi, en términos personales, el proyecto me parece que no constituye una reforma integral sino que apenas esboza algunos cambios de sentido común. Cada vez que se presenta un proyecto para modificar el Poder Judicial se dice lo mismo: que hay una intromisión inaceptable, que hay una búsqueda de impunidad. En verdad se trata de manera de impedir todo cambio o modificación, por más pequeño que fuese. El metamensaje es claro: que nunca se modifique nada, ni lo sustancial ni lo nimio.

Otra de las razones es la falta de oportunidad. Entiendo que se trata de una falacia. La discusión de un proyecto de reforma judicial no es ni debe ser óbice para discutir otras cuestiones. Se dice que la cuestión económica requiere no perder energía en otros temas. Entiendo que la mejora de las instituciones es un insumo necesario para pensar en un esquema económico virtuoso. No hay economía que funcione sobre la base de instituciones vetustas y apolilladas. Hay una necesidad inexcusable de repensar nuestra institucionalidad para hacer posible un proceso de crecimiento y de desarrollo que sea sustentable, y eso supone un poder judicial dinámico, veloz, eficaz y, por sobre todas las cosas, justo. Así, la reforma de cuestiones vinculadas al poder judicial debe abordarse en el marco de necesidades más globales y complejas vinculadas con el tipo de sociedad que aspiramos construir.

Lamento mucho como se ha degradado el debate público, al punto de caricaturizar cuestiones tan trascendentes. La lógica del “no se de qué se trata pero me opongo” está desvirtuando todo, al extremo de reeditar un nivel de confrontación que hace daño, y mucho. Ante tamaña necedad no queda otro camino que persistir en las convicciones, no abandonar nunca el ejercicio del diálogo y ejercer la argumentación racional como camino hacia la persuasión. Yo sigo creyendo que es posible una reforma del sistema judicial argentino, con legislaciones más dinámicas, procesos menos burocráticos, jueces menos engolados, soluciones concretas menos dogmáticas y una mayor cercanía con la demanda ciudadana de Justicia.