"No se aplica en ningún lugar del mundo". Ese un uno de los principales argumentos que plantea la dirigencia opositora a la hora de rechazar un impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, existen en distintos países iniciativas similares al proyecto de ley que entra este viernes al Congreso de la Nación.
Los efectos de la pandemia han obligado a los Estados a volcar una cantidad inédita de recursos en la economía y la salud para ejecutar políticas de emergencia y, al mismo tiempo, pusieron en debate los mecanismos tradicionales de recaudación tributaria que se vieron severamente erosionados por la caída de la actividad económica.
Países como Alemania, España, Reino Unido, Suiza, Italia y Rusia están debatiendo por estos días proyectos que apuntan en el mismo sentido al que promueve el gobierno argentino.
“La recesión económica mundial aumentará la pobreza, el hambre y otras formas de inseguridad alimentaria, en especial en países con redes de protección social débiles", expresaron organismos de Naciones Unidas, como la FAO y la CEPAL. "La gran tarea que tenemos por delante es impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis alimentaria”, sostienen.
De acuerdo a sus proyecciones, "la población en condiciones de pobreza extrema en América Latina y el Caribe podría llegar a 83,4 millones de personas en 2020". Además, preven una caída del PIB del 9,1% en 2020, que llevará a que el nivel del PIB per cápita de América Latina y el Caribe sea parecido al observado una década atrás.
Frente a esta dramática realidad social, reconocidos economistas como Joseph Stiglitz, Thomas Piketty y José Antonio Ocampo, solicitaron introducir gravámenes progresivos sobre los servicios digitales y sobre los beneficios empresariales; que las empresas que operan en paraísos fiscales para pagar menos tributos renuncien a recibir fondos públicos; gravar la riqueza offshore, entre otras medidas tributarias.
Aporte solidario
La iniciativa impulsada por el gobierno argentino plantea un "aporte solidario", que por única vez alcanza al sector más rico de la población y recaerá sobre las personas y no sobre las empresas.
El objetivo es aumentar la recaudación en el marco de la caída de la actividad económica por la pandemia y la necesidad de ampliar la cobertura que ofrece el Estado a los sectores más postergados de la sociedad.
El diputado Carlos Heller, impulsor del proyecto junto con Máximo Kirchner, calcula que se podrá recaudar alrededor de "300.000 millones de pesos".
