El máximo tribunal de Venezuela dio otro paso en el conflicto de poderes que vive el país al asumir las competencias de la Asamblea Nacional -de mayoría opositora- mientras ese cuerpo mantenga su "situación de desacato" por haber juramentado a tres diputados cuya elección fue suspendida por presunto fraude. Desde el antichavismo denunciaron que se trata de “un golpe de Estado”, afirmaron que la Corte responde al presidente Nicolás Maduro y llamaron a movilizarse.
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) había declarado en desacato al Legislativo a inicios de 2016 y considerado nulas sus decisiones. Esta madrugada ratificó esa decisión y fue un paso más allá al asumir las competencias del Poder Legislativo.
"Se advierte que mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga para velar por el Estado de Derecho", señala el fallo.
La sentencia se produjo en respuesta a un recurso de interpretación sobre la Ley Orgánica de Hidrocarburos. La norma indica que el gobierno necesita "la aprobación previa" del Parlamento para constituir empresas mixtas en el sector petrolero. Sin embargo, al declarar "omisión legislativa", el TSJ indicó que no existe "impedimento alguno" para que el Ejecutivo las cree sin pasar por el Legislativo.
Mientras desde la oficial Agencia Venezolana de Noticias afirmaron que el Tribunal “actúa en defensa del orden constitucional amenazado por el desacato parlamentario”, la oposición denunció que la maniobra es un golpe de Estado.
”Esto no tiene otro nombre que un golpe de Estado y dictadura. En Venezuela no hay Constitución, hoy Nicolás Maduro tiene todo el poder que de manera ilegal le otorgó la Sala Constitucional del TSJ", dijo el presidente de la Asamblea Nacional, el opositor Julio Borges, quien acusó al mandatario de haber ordenado la sentencia del tribunal. En la rueda de prensa en el palacio legislativo Borges mostró una copia de la sentencia y la rompió en pedazos. "No la acatamos", resaltó.
Por su parte, el excandidato presidencial Henrique Capriles dio una conferencia de prensa en Bogotá y pidió que la OEA convoque "de emergencia" a su Consejo Permanente para abordar la situación en Venezuela, donde, dijo, el Tribunal Supremo dio un "golpe de Estado". Al respecto, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, también consideró un "auto golpe de Estado" lo ocurrido en Venezuela. Afirmó que la decisión del TSJ de asumir las competencias del Parlamento, sumada a la adoptada ayer que retira inmunidad a los legisladores, son "los últimos golpes con que el régimen subvierte el orden constitucional del país y termina con la democracia”. "Aquello que hemos advertido lamentablemente se ha concretado", señaló Almagro, que desde el año pasado encabeza una campaña para aplicar a Caracas la Carta Democrática del organismo.
En su alocución en Bogotá, Capriles dijo también que la decisión del TSJ es "el Madurazo", al compararla con la situación vivida en Perú en 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori promovió el cierre del Congreso con el respaldo de las Fuerzas Armadas. "Este es un escenario distinto porque en este momento usted no ve que haya tanques ni la Fuerza Armada rodeando al Parlamento, no lo hicieron de esa forma, lo están haciendo a través del Tribunal Supremo de Justicia", subrayó.
Hasta el momento Perú fue el país que reaccionó con mayor dureza ante el fallo. El gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, uno de los abanderados de la campaña contra la revolución bolivariana, afirmó que se trató de un "quebrantamiento del orden democrático" y dispuso el retiro "de manera definitiva" de su embajador en Caracas. En el resto de la región, por ahora países como la Argentina, Chile, Colombia, México y Uruguay fueron más cautos: expresaron "gran preocupación" por la situación y pidieron respeto a las instituciones. El gobierno golpista brasileño fue un poco más allá y rechazó lo que calificó como "una clara ruptura del orden constitucional", mientras Estados Unidos condenó la "ruptura de las normas democráticas y constitucionales".
La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, respondió vía Twitter a la decisión peruana y acusó al gobierno de Kuczynski de "injerencista" ante "asuntos de la jurisdicción interna venezolana". Denunció un "concierto de la derecha regional para atacar el sistema democrático venezolano, de base popular e inspiración bolivariana".
