El bloque del Frente de Todos de la Cámara baja solicitó la convocatoria a una sesión especial, que se llevará a cabo el próximo martes, para tratar el proyecto de asistencia al sector turístico y una iniciativa que establece multas sobre la pesca ilegal.
El pedido presentado ante la presidencia de la Cámara de Diputados fue acompañado por la mayoría de los bloques opositores, a excepción de Juntos por el Cambio.
Ante la convocatoria a sesión apoyada por casi todas las bancadas, el macrismo tendrá que definir una nueva estrategia.
Juntos por el Cambio insistía con que el protocolo de sesiones virtuales debía hacerse sobre temas consensuados previamente y se negaba a la posibilidad de extenderlo por un mes -plazo previsto en el acuerdo inicial-, para evitar que el oficialismo incluyera temas con disensos, como la reforma judicial.
Con el pedido de sesión especial realizado hoy, los bloques firmantes avalan implícitamente la continuidad de las sesiones mixtas.
Eduardo Bucca, presidente del interbloque Federal; José Ramón, titular del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, y Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino, avalan la nota encabezada por Máximo Kirchner.
Entre todos esos espacios suman 139 diputados, diez más de los necesarios para iniciar una sesión, por lo que Juntos por el Cambio se encuentra ante este escenario al momento de decidir que hará el próximo martes a las 13, hora prevista para retomar las sesiones.
La sesión, que originalmente estaba prevista para esta semana, finalmente se realizará el próximo martes, con un temario en el que no estará incluido el proyecto de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del sistema previsional (FGS), acordado hace diez días por el Gobierno y las provincias.
La Cámara baja retomaría así la actividad del plenario, que funcionó por última vez el pasado martes 4 con la aprobación de la ampliación presupuestaria y el proyecto sobre deuda, tres días antes de que expirara el acuerdo para el trabajo remoto.
El proyecto de Emergencia Turística implica 470 mil empleos para el turismo, la hotelería y la gastronomía; y un aporte de 70 mil millones del Estado para el sector.
En cuanto a la pesca ilegal, trae como consecuencia que el 2.5 del PBI de Argentina se vea influenciado por esta situación. La iniciativa propone un aumento de las multas en dólares.
