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Desde Santa Fe
Un batallón de 200 policías –reforzado con efectivos de Santa Fe y Rosario– que operaba en decenas de patrulleros y carros de asalto rodeó ayer a las trabajadores de la Algodonera Avellaneda en el parque industrial de Reconquista y los expulsó de un acampe que sostuvieron durante 70 días de huelga. El operativo se cumplió en la oscuridad, a las 5 de la madrugada, por pedido del fiscal Alejandro Rodriguez y la orden del juez penal de Reconquista Santiago Banega, quien justificó el desalojo en el “derecho de propiedad” del grupo Vicentin, pero no en el mismo derecho de los obreros y obreras que no cobran los salarios retenidos por la empresa, desde el 5 de junio. “Indignación, bronca, impotencia”, fue el sentimiento que transmitió la delegada gremial Sonia Zanel cuando los uniformados los empujaron fuera del perímetro del parque a punta de bastones, ostentación de escudos y armas y la amenaza de más violencia institucional. Uno de los trabajadores intentó reaccionar ante el abuso y el atropello, pero sus compañeros lo sosegaron para evitar que terminara maniatado y preso. “Ante la represión dispuesta por el grupo Vicentin” y ejecutada por sus “gestores judiciales” (el juez Banega y el fiscal Rodríguez) los trabajadores y trabajadoras aceiteros y desmotadores de algodón de la Argentina advirtieron que “no se quedarán de brazos cruzados” ante la criminalización del derecho de huelga.
Ayer, la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados alertó sobre la escalada del conflicto. “El desalojo de trabajadoras y trabajadores en pleno ejercicio del derecho constitucional de reclamar por sus derechos no tiene nada que ver con la repetida frase de cuidar la paz social. Rechazamos la medida”, dijo. Y exhortó al gobierno de Omar Perotti a “retomar el diálogo” con los trabajadores afectados por la “intransigencia de una patronal que jamás quiso solucionar el problema. Es imprescindible ubicar el conflicto como lo que es: laboral, no penal”.
La comisión parlamentaria le pidió a “todos los actores institucionales” que hagan “los esfuerzos necesarios para garantizar el derecho a la protesta y exigirle al Ministerio de Trabajo que utilice todas las herramientas legales con las que dispone para que la empresa, sindicatos y las trabajadoras y los trabajadores recuperen la ya mencionada paz social en Reconquista y Avellaneda”. Y se alarmó porque "operadores del Poder Judicial" -como llamó al fiscal Rodríguez y al juez Banega- modificaron "su manera de comprender el conflicto". “Rechazamos cualquier intento de violencia institucional y pedimos retomar el diálogo en Algodonera Avellaneda”. La declaración tiene la firma de las diputadas Lucila De Ponti, Lionella Cattalini, María Laura Corgniali, Paola Bravo, Silvana Di Stéfano y sus colegas Sergio Basile, Ariel Bermúdez, Fabrán Palo Oliver, Carlos del Frade y Bettina Fiorito.
En 70 días de huelga, los trabajadores de Algonera sufrieron una persecución judicial constante, con acosos y vigilancias. El hecho más grave ocurrió el 18 de agosto, “cuando una patota comandada por el abogado de Vicentin y parte de la familia, Héctor Vizcay, agredió a dos obreras de la fábrica, que tuvieron que ser hospitalizadas, ante la pasividad policial”, apuntó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Aldogón y Afines de la Argentina. Una de las heridas fue Sonia Zanel. Y hoy, "mientras ese hecho continúa impune, el Poder Judicial actúa con pasmosa celeridad para criminalizar y amenazar con más violencia a quienes hace más de 70 días reclaman un aumento para los salarios de miseria que paga la empresa, utilizando a la Policía de Santa Fe como seguridad privada” del grupo Vicentin.
El dispositivo de represión policial –sin antecedentes en el norte- no sólo se desplegó en el desalojo del acampe en Algodonera Avellaneda, sino que otros diez patrulleros se apostaron en las demás empresas del grupo: cinco en el acceso a la aceitera Vicentin en Avellaneda, y otros cinco ante la planta de Buyanor, en la misma ciudad. “Todo el aparato de la Policía de Santa Fe en la región, comandado por el juez Banega y el fiscal Rodríguez, al servicio del Grupo Vicentin en sus tres plantas de la zona”.
“Estamos indignados”, dijo Zanel a Rosario/12. “La Justicia persigue a los trabajadores y hace la vista gorda con el poder económico. Somos trabajadores, peleamos por un plato de comida, no por un imperio como lo hacen ellos. Es la doble vara”, agregó. “Es una vergüenza que a los trabajadores nos traten como delincuentes cuando los que tienen que rendir cuentas ante la Justicia es el grupo Vicentin”.
Zanel puso como ejemplo de esa "doble vara" la audiencia del jueves pasado en la que el juez Banega ordenó el desalojo del acampe que ejecutó ayer el Ministerio de Seguridad. Los trabajadores de la Algodonera fueron representados por el abogado Iván Bordón. En tanto, la delegada gremial consideró que "por el lado patronal operaron" el fiscal Rodríguez, dos abogados del grupo (Vizcay y Javier Cabral), otros dos de los sindicatos textiles, más los jefes sindicales de estos gremios, Rubén Lemos y Hugo Imoff. Uno contra siete. O contra ocho, si se cuenta al juez Banega.
