Durante el 2020, los bonaerenses no recibirán aumentos de luz. Lo ratificó el gobierno de la Provincia de Buenos Aires con la firma del acuerdo para extender el congelamiento de tarifas eléctricas hasta fin de año. De esta manera, la Provincia se suma a la medida implementada por el Gobierno nacional en el marco de la pandemia.

El acuerdo contó con la firma del gobernador Axel Kicillof y el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, por la parte estatal y el presidente del grupo DESA que concentra a cuatro concesionarias eléctricas (Eden, Edes, Edea y Edelap), Rogelio Pagano. Casi la mitad de la distribución de la Provincia de Buenos Aires es abastecida por las cuatro empresas del grupo DESA y la otra mitad en términos de usuarios y energía, se realiza por más de 200 cooperativas. Sin contar el área abastecida por Edenor y Edesur, reguladas por el estado nacional. Más allá de este contrato, la resolución que se publicó en el boletín oficial rige para todas las empresas, ya que es una propiedad de la autoridad regulatoria.

En los hechos, el cuadro de tarifas vigente es el de agosto de 2018. La cartera de la cual depende la subsecretaría de energía heredó la prórroga de aumento tarifario de la gestión de María Eugenia Vidal. El mismo, que vencía en agosto de 2019, iba a impactar en una suba del 25 por ciento en las tarifas. En pleno contexto electoral, la ex gobernadora lo pospuso al primero de enero. Con el aval de la declaración de la Ley de emergencia energética de la Provincia, aprobada por la legislatura bonaerense, se congeló ese aumento por seis meses en pos de hacer una Revisión Tarifaria Integral (RTI) que incluía el cumplimiento de las inversiones comprometidas. Vencía en julio, y "nosotros no ibamos a aplicar el aumento que postergó Vidal, sino el resultado de nuestra revisión", explica Gastón Ghioni, el subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia. "Si en enero era imposible en términos sociales, hoy en día en plena cuarentena lo es aún más y por eso se decidió posponer", agregó. 

Desierto de inversiones

La Subsecretaría de Energía ya realizó un primer análisis del relevamiento con las declaraciones de las empresas: "Lo que vimos son incumplimientos en las inversiones en relación a lo que eran las comprometidas y, principalmente, que todos los criterios que se usaron para ver la RTI, como definición del capital, regulación, etc, fue en el 100 por ciento de los casos a favor de las empresas  y nunca de los usuarios, sin ningún análisis técnico que lo justifique", adelanta Ghioni. Al mismo tiempo, se observan retiros de dividendos y aumento patrimonial en los balances de las compañías distribuidoras. 

Hubo tres años de tarifa plena sin realizar las inversiones comprometidas. "Lo que más tira por la borda esta situación, es el argumento de que tarifas altas permiten inversiones y mejoren la calidad de los servicios. Durante los primeros fríos la red comenzó a cortarse. Lo que hay que hacer es acomodar las tarifas a un precio razonable para el consumidor, pero que también permitan a las empresas invertir. Y, para asegurarse esto, es crucial que haya un Estado controlando para que esa plata se reinvierta en la red y no se vaya en dividendos. Eso es lo que faltó, sobre todo en estos cuatro años, mas allá de los excesivos costos de tarifas en términos sociales", reflexiona Ghioni, que es el encargado de realizar estas fiscalizaciones. 

En el corto plazo, el gobierno está exigiendole a las empresas un plan de inversiones con urgencia para el verano, y luego uno más a mediano y largo plazo que va a estar sujeto a lo que se resuelva en términos tarifarios.