A través de un comunicado, vecinos de San Lorenzo, Lesser y Vaqueros se pronunciaron en contra del emprendimiento urbanístico Los Maitines, desarrollado en tierras de la familia Patrón Costas y que pretende lotear 125 hectáreas ubicadas entre la Quebrada de la villa veraniega y el centro de la ciudad.

A los reclamos ambientales que objetan el loteo por la pendiente, el uso de suelo boscoso y ser una zona de senderismo por la cual se accede al Mirador de San Lorenzo, se sumaron las críticas por la falta de agua en la zona y el riesgo de que se agoten los recursos del río Castellanos.

Para el abogado Agustín Mogaburu, presidente del Consorcio de Usuarios del Acueducto Pablo Lesser, la falta de agua es una constante de los que viven allí, “en Lesser no tenemos agua potable, la recolectamos del Castellanos desde el acueducto que se construyó, tomamos lo que necesitamos y lo demás vuelve al río, que es lo único que tenemos para vivir”, sostuvo. 

Explicó que para el consumo deben comprar bidones, “aunque vivimos a 7 kilómetros de Salta no tenemos agua potable, Aguas del Norte nunca hizo la obra para compartir, aunque los caños pasan frente e nuestras casas”.

El abogado detalló que el desarrollo urbanístico Los Maitines “quería llevarse un montón de caudal del río”. Precisamente, los desarrolladores del proyecto urbanístico solicitaron a Recursos Hídricos de la provincia un volumen total anual de agua de 182.500 metros cúbicos, es decir más 10,5 litros por segundo de agua para irrigación.

Desde la Secretaría en cuestión dieron el visto bueno para que sea de ese río que el futuro barrio privado pueda obtener el agua para consumo. Pero desde el Consorcio de riego apelaron esa resolución en el Tribunal de Aguas de la provincia, “porque nos parecía vergonzoso que sabiendo la necesidad que tenemos les permitan llevarse todo el caudal”.

Mogaburu añadió que para justificar su solicitud, la empresa Los Maitines SA presentó un informe de impacto ambiental “del río Lesser, que no es el Castellanos, y así y todo desde Recursos Hídricos le dieron el visto bueno”. Y aseguró que si utilizaran ese caudal, “en invierno no va a dar abasto el agua”.

La preocupación no es solo de quienes viven en Lesser, sino también de los ciudadanos de Vaqueros, la localidad aledaña, ya que ese mismo curso de agua luego se convierte en el río Vaqueros.

Una de las respuestas que dieron los desarrolladores, es que utilizarán agua del Acueducto Lesser - San Lorenzo, pero según el presidente del Consorcio, esa obra aún no está culminada y por lo tanto “no se puede tener factibilidad en cuanto a si va a ser suficiente para todos”.

Una audiencia poco pública

Otro de los reclamos de los vecinos está vinculado al apuro del municipio para realizar una audiencia pública en medio de la pandemia por el coronavirus. Desde la comuna ya publicaron en el Boletín Oficial que se realizará el próximo lunes 31 de agosto a las 10 de la mañana. El método utilizado será a través de la plataforma Zoom.

Sin embargo, hasta el secretario de Ambiente de la provincia, Alejandro Aldazábal, se mostró sorprendido por la convocatoria, ya que desde esa cartera suspendieron todas las audiencias hasta que la situación lo amerite.

Agustín Mogaburu le dijo a Salta/12 que esa convocatoria municipal es “escandalosa”, debido a que no responde a lo que la ley de ambiente 7070, en su artículo 49, y la Corte Suprema de Justicia definen como audiencia pública.

“Esto será un monólogo de la empresa y sus técnicos”, manifestó. El reglamento de audiencia publicado estipula que el 31 podrán participar del Zoom los 100 inscriptos, pero no realizarán preguntas en ese momento, sino que solo escucharán a los exponentes. Más tarde, se habilitará un mail para que allí se deriven todas las consultas u objeciones y el 7 de septiembre, los desarrolladores harán una devolución de las mismas.

“Hoy (por ayer) presenté un recurso para que no se haga”, informó el abogado vocero de los vecinos, “necesitamos preguntar y re preguntar de manera presencial, si no, no es pública la audiencia”. Adujo que “mandar un mail con nuestras oposiciones” no es una alternativa válida “no hay una norma legal que avale eso, se inventó un reglamento para dejarnos afuera”.

A su vez agregó que muchos vecinos, por su edad o la mala conectividad en la zona, no tienen acceso a internet y afirmó que intentarán boicotear ese encuentro, “estamos estudiando la manera, pensando si vamos a manifestarnos a la puerta de la Municipalidad, o intentar que nos dejen hacer preguntas y si no, retirarnos y vaciar la audiencia”.

Por último, planteó que llama “muchísimo la atención el apuro que tienen para hacer esta audiencia. Es el interés de una empresa contra el interés legítimo de los vecinos”. Por lo que para Mogaburo y el Consorcio que representa, se debería esperar “a que vuelva la normalidad, que todos nos juntemos y podamos charlar bien”.

Al recurso presentado por el Consorcio del acueducto para impedir la audiencia, se sumó otro firmado por representantes de las Cátedras de Manejo de cuencas; de Manejo de Pasturas y bosques de la Universidad Nacional de Salta (UNSa); del Nodo NOA de la Red de Restauración Ecológica Argentina y de la fundación Yuchán.

Greenpeace le escribió al gobernador

En una nota dirigida a Gustavo Sáenz, la organización ambientalista Greenpeace le manifestó su preocupación ante la inminente convocatoria a audiencia pública para avanzar con el proyecto inmobiliario “sobre una zona de Selva Pedemontana de Yungas que se encuentra protegida por la ley de Bosques en Categoría II Amarilla, ubicada en San Lorenzo”.

La nota, firmada por Noemí Cruz, referenta de la campaña de bosques de esa organización, le recordó al mandatario que en la provincia se encuentran vigentes “restricciones por la pandemia que imposibilitan la real participación pública”.

Añade que la Selva Pedemontana “es una ecorregión escasamente protegida" que "representa el piso de Yungas con mayor porcentaje de especies exclusivas, además este es un sector frágil y único en su tipo al estar emplazado en una cuenca hídrica que favorece el escurrimiento y la regulación climática”.

Y concluye solicitando que declare “en forma urgente” la emergencia forestal, se frenen los desmontes, “e implemente políticas más fuertes en defensa de los bosques y sus históricos habitantes. No podemos perder ni una hectárea más. Destruir bosques es un crimen”.

La finca, propiedad de la familia Patrón Costas, tiene 2.300 hectáreas, de las que pretenden utilizar 125 destinadas a 295 lotes.