Nueve años después de que se dictara la sentencia del Tribunal Oral en lo Federal Criminal de Salta, que realizó el primer juicio por el secuestro y desaparición del ex gobernador Miguel Ragone, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó que el expediente debe ser devuelto a este tribunal para que dicte una nueva sentencia en lo relativo al ex vocero de la Triple A Jorge Héctor Zanetto y al ex oficial de policía Andrés del Valle Soraire, que habían sido absueltos en aquella instancia. 

La confirmación del reenvío de la causa al TOF Salta fue decidida por la Corte en una resolución del 27 de este mes, cuatro años después de que el trámite fuera elevado al máximo tribunal nacional por un recurso de queja de las defensas de Zanetto y Soraire, en contra de la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de anular sus absoluciones y enviar el expediente para que el tribunal salteño dicte una nueva sentencia. 

En un breve decisorio, la Corte Suprema rechazó el recurso de queja de Zanetto y Soraire "en la causa Menéndez, Luciano Benjamín y otros s/encubrimiento (…) incumplimiento de la obligación de perseguir delincuentes, homicidio agravado con ensañamiento – alevosía, coacción agravada (…) y coacción agravada”, con lo que quedó firme la decisión de Casación, que en su momento intervino por apelación de la Fiscalía y la querellas en contra de las absoluciones. 

Zanetto y Soraire fueron juzgados y absueltos en un debate oral que llegó a sentencia el 11 de octubre de 2011, en el primero de los procesos judiciales por el crimen de lesa humanidad del que fue víctima el ex gobernador Ragone, en cuyo secuestro fue asesinado un vecino suyo, Santiago Arredes, y se intentó matar también a Margarita Martínez de Leal. En ese juicio fueron condenados a prisión perpetua el ex jefe del Ejército en la provincia, Carlos Alberto Mulhall (fallecido en 2014); el ex jefe de Policía Miguel Raúl Gentil (fallecido este año) y el ex comisario Joaquín Guil, y recibieron penas de dos años de prisión los ex policías Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera. Hubo apelaciones en un sentido y otro. 

Si nueve años pueden parecer mucho tiempo para que los tribunales resuelvan pedidos de revisión de sentencias (más aún en procesos de lesa humanidad, que ya vienen con grandes retrasos), quienes conocen el paño judicial adelantaron ayer a Salta/12 que esta decisión de la Corte no implica que el TOF Salta pueda dictar enseguida un nuevo pronunciamiento sobre Zanetto y Soraire. Es que el máximo tribunal resolvió una parte de los recursos planteados en este proceso. Queda todavía pendiente uno de Guil. Para dar un nuevo veredicto, indicó una fuente judicial, el TOF necesita conocer también la decisión de los supremos sobre esta apelación.

"La resolución es incompleta porque no aborda toda la causa, aborda estos dos imputados pero queda pendiente que resuelvan la cuestión de Guil", señaló la fuente. En 2017 el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, pidió el rechazo de este planteo. 

En el juicio realizado en 2011 Zanetto dijo que era empleado de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Buenos Aires, que era hombre de confianza de Lorenzo Miguel y que en 1974 viajó “varias veces a España por (gestiones vinculadas a José Ignacio) Rucci o por Lorenzo”. Llegó a Salta en junio de 1975. Según su relato, vino a colaborar con el interventor Ferdinando Pedrini, que había asumido en noviembre de 1974, tras la intervención al gobierno de Ragone. Fue juzgado por coacción, porque fue el encargado de comunicar al ex gobernador que lo iban a matar si no se retiraba de la interna justicialista prevista para el 14 de marzo de 1976. El fiscal federal Horacio Azzolín pidió una pena de diez años de prisión. 

Para Soraire, el fiscal pidió la prisión perpetua, porque dio por probado que participó del secuestro y desaparición del ex gobernador. El policía tenía su ámbito de acción en el sur de la provincia, con epicentro en la ciudad de Metán, donde comandaba el grupo de tareas Guardia del Monte. 

Su participación en este hecho ha sido reseñada por varios testigos, a raíz de un incidente suscitado en mayo de 1977 en un Juzgado de la ciudad de Metán, donde el entonces subjefe de la Policía de Salta, el mayor Juan Carlos Grande (fallecido), interrumpió una audiencia en la que Soraire iba a ser indagado junto a otros policías por un doble homicidio. Los testigos afirman que el militar dijo que esa investigación no podía prosperar porque Soraire había participado de lo de Ragone. 

En mayo de 1977 los hermanos Domingo Nolasco Rodríguez y Bernabé Rodríguez denunciaron a Soraire como uno de los autores del asesinato de su hermano Oscar Ramón Rodríguez y de José Lino Salvatierra, un hecho cometido el 10 de mayo de ese año y conocido como "el crimen de los Arbolitos". Domingo Rodríguez contó que en el Juzgado en Metán Grande le dijo “el juicio no podía continuar ya que existían motivos políticos, que la Policía estaba interesada en proteger a Soraire y los otros, en referencia a los integrantes de la 'Guardia del Monte', en razón de que esa gente había intervenido en el secuestro y muerte del doctor Ragone”.

Estos hechos fueron ventilados en el juicio que concluyó en octubre de 2011, a 35 años del secuestro de Ragone. La jueza Marta Snopek y los jueces Carlos Jiménez Montilla y Luis Giménez concluyeron que este crimen había sido cometido en el marco del terrorismo de Estado y que había sido decidido por el Ejército, con participación de la Policía provincial. Condenaron a perpetua a Mulhall, Gentil y Guil y a dos años de prisión a los ex policías Rubén Nelson Herrera y Pedro Javier Herrera, y absolvieron a Zanetto y Soraire.

La Fiscalía y las querellas apelaron esta última decisión y en julio de 2016 la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas y anuló las absoluciones y ordenó al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta que dicte un nuevo pronunciamiento "con la celeridad y resguardos que impone el caso". Pero hubo nuevos recursos y la causa fue a la Corte Suprema, donde durmió cuatro años más.