Por Juan Manuel Boccacci

Paola Pabón, abogada y prefecta de la región ecuatoriana de Pichincha, que estuvo 72 días en prisión preventiva, manifestó que su caso es un claro ejemplo de la persecución judicial existente en el país. Pabón fue acusada de “rebelión” junto al exasambleísta Virgilio Hernández y el dirigente Christian González, todos integrantes del partido de Rafael Correa, Revolución Ciudadana (RC). Según el fiscal del caso, Alberto Santillán, habrían fomentado actos de violencia durante el estallido social de octubre del año pasado. El jueves, el juez que tiene a su cargo la causa resolvió elevarla a juicio. Pabón también enfrenta una causa por tráfico de influencias y otra por peculado. La gobernadora denunció que la Justicia ecuatoriana actúa como un brazo operador del presidente Lenín Moreno.

Los tres detrás del estallido

La noche del 14 de octubre quedó grabada a fuego para la prefecta. Mientras en las calles los sectores populares llevaban a cabo un levantamiento histórico, la policía entraba en su casa tirando abajo la puerta. Fueron hasta su habitación y le notificaron que sería detenida. En paralelo lo mismo vivía González y otros militantes del correísmo. Una semana antes, con el país en llamas tras el aumento en los combustibles decretado por el gobierno, el presidente le ponía nombre y apellido a la rebelión. Moreno aseguró que Correa, Pabón y Hernández, estaban detrás de un intento de golpe de Estado. También dijo que el líder chavista Nicolás Maduro participaba en la maniobra.

La denuncia contra los tres dirigentes del correísmo avanzó y el jueves pasado el juez Vladimir Jhaya elevó la causa a juicio. Según la ley ecuatoriana la "rebelión" tiene penas de entre cinco y siete años de cárcel. Además constituye un delito contra la seguridad del estado, por lo que hay secreto de sumario. Sin embargo al momento de las detenciones en la prensa se filtraron supuestas conversaciones que involucraban a la gobernadora. También se dijo que habían hallado miles de dólares para financiar actos vandálicos. Según Pabón todo el proceso se inició con pruebas falsas. “Para justificar el allanamiento a mi casa y la de González el fiscal dijo tener evidencias de que utilizamos 750 mil dólares para financiamiento ilegítimo. Eso es falso. Sólo hallaron 750 dólares que como te imaginarás no alcanzan para organizar una rebelión nacional”, dijo la abogada. Además señaló que en la audiencia del jueves el fiscal tuvo que abandonar este argumento. 

Con respecto a las conversaciones la gobernadora sostuvo que los audios no prueban que haya instigado las manifestaciones. “No se pudo evidenciar una sola llamada telefónica mía dando órdenes directas o exigiendo algo por el estilo. No puede establecerse mi responsabilidad mediata en el caso. Lamento que la causa sea reservada ya que sino podría comentarte todas las incongruencias y la debilidad de la acusación. Se nos está procesando por habernos pronunciado en redes sociales”, indicó Pabón. Además sostuvo que sus tweets, lejos de llamar a la violencia, pedían calma al pueblo ecuatoriano. “El delito de rebelión en nuestra ley implica un alzamiento en armas para derrocar al gobierno, desconociendo la Constitución. Además es un delito colectivo. En octubre hubo levantamientos en las 24 provincias del país. No se puede responsabilizar sólo a tres personas”, sostuvo la abogada.

"Queremos que haya elecciones"

En febrero de este año se abrió otra investigación en su contra, en este caso por presunto tráfico de influencias en relación a un contrato de consultoría con una empresa de relaciones públicas. En junio el fiscal Santillán volvió a denunciarla. La acusó de haber incurrido en “presunto peculado” por la compra de bolsas para cadáveres a 52 dólares cuando se conseguían a 15 dólares. También denunció que la prefectura de Pichincha adquirió test rápidos de coronavirus a través de una empresa inhabilitada. Según Pabón la denuncia del fiscal sigue la misma lógica que el caso "rebelión". La abogada sostuvo que las bolsas compradas por su administración fueron "categoría 4 de bioseguridad". En tanto que las de 15 dólares eran de "categoría 1", por lo que no cumplían las consideraciones técnicas de la licitación. En cuanto a las pruebas de la covid-19 la prefecta señaló que la empresa pública “Pichincha Humana" está habilitada desde febrero de 2019.

Para Pabón, Moreno llegará al final de su mandato habiendo atentando contra la democracia ecuatoriana. “Lo que busca la judicialización de la política es minar la credibilidad del opositor, minar su capacidad electoral y obviamente descalificar su nombre y su legado. Por eso la saña con la cual se ha llevado adelante este proceso, no solamente contra nosotros tres, sino también contra tantos otros militantes de la RC”, sostuvo la gobernadora. La causa “Sobornos 2012-2016” en la que el expresidente Correa espera la última instancia de apelación es el ejemplo más claro de esto, según la prefecta. 

Además recordó que varios exasambleístas permancen asilados en México, entre ellos Gabriela Rivadeneira, y refirió la situación de la exministra de Transporte, María de los Ángeles Duarte, que se encuentra refugiada en la embajada Argentina en Quito. “Agradecemos a estos gobiernos porque recibirnos es reconocer los problemas que tiene la Justicia ecuatoriana", sostuvo la abogada. Y pidió a los países de la región estar atentos sobre el proceso electoral que está pautado para febrero del año que viene. “La preocupación es que bajo la lógica de los contagios de la pandemia y de las arbitrariedades que hemos visto se pospongan las elecciones”, señaló Pabón.