El equipo técnico del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el gobierno de Ecuador llegaron un primer acuerdo para el desembolso de 6.500 millones de dólares hasta 2022. La aceptación final del convenio depende de la implementación de un programa de metas económicas propuesto por el organismo, conocido como Servicio Ampliado del FMI (SAF). El presidente Lenín Moreno (foto) explicó que los recursos se van a usar para la protección social y la reactivación del país. Aún resta que el directorio del organismo de su aval. Entre algunas condiciones que fijó el Fondo figuran un ajuste en materia de salarios, reducción del gasto relacionado con la crisis del covid-19 y una reforma tributaria integral, entre otras medidas.

El gobierno ecuatoriano espera recibir 4.000 millones en lo que queda del 2020. El resto de recursos llegaría en el 2021 y el 2022. La entrega estaría supeditada al cumplimiento del plan, según manifestó Augusto de la Torre, asesor económico de la presidencia. Por su parte, la directora del Fondo, Kristalina Georgieva, manifestó que propondrá en el Directorio que el programa sea aceptado. La firma final del acuerdo podría darse la última semana de septiembre, para que el dinero entre en las arcas ecuatorianas a partir de octubre. Con el desembolso del Fondo y el crédito de la banca china que podría llegar el mes próximo, el país lograría cubrir la brecha de financiamiento para este año, señalaron fuentes oficiales citadas por el periódico ecuatoriano El Comercio. El organismo estimó que el PIB de Ecuador se contraerá un 11 por ciento en el 2020.

Las autoridades de Ecuador se comprometieron a tomar medidas para mejorar las finanzas en cuanto la economía comience a recuperarse, según la jefa del equipo técnico del FMI Ceyda Oner. Se esperan compromisos en tres áreas. Primero, una reducción del gasto relacionado con la crisis para el próximo año, la implementación de un paquete de reformas fiscales que incluya una moderación del gasto corriente (salarios, bienes y servicios, entre otros) y de inversión. Además, se aspira a un mejor control del gasto público. Segundo, una reforma tributaria integral; y tercero, la expansión en la cobertura de la protección social. El programa, además, incluirá reformas para el fortalecimiento del Banco Central y la mejora de la supervisión del sector financiero.