Como al resto de los mortales, en las comunidades originarias hay temor de contraer la Covid-19, o que los chicos empiecen con diarreas y terminen deshidratados y esto pueda poner en riesgo su vida. Pero las posibilidades de realizar acciones de prevención suficientes no son las mismas que en otros lugares.
Es sabido que muchas comunidades enfrentan la escasez de agua, y en muchos casos no es potable.
En una comunidad filtran el agua que recolectan en cañadas o madrejones, lo hacen mediante un simple procedimiento de colarla. La pasan de un recipiente a otro a través de una tela limpia para retener las impurezas. La comunidad tienen pozo pero tiene una profundidad de solo 20 metros, en una zona que precisa de una perforación de al menos 100 metros para que salga agua sin arsénico. Se nota que el líquido tiene la sustancia en exceso porque es salada y desagradable al gusto.
En otra, el pozo de 120 metros de profundidad está y hasta tiene conexión a las viviendas que se entregaron en el gobierno de Mauricio Macri. Pero el agua sale con olor a cloaca. Lo que queda, entonces, es juntar agua en recipientes de una manguera pequeña que viene desde el pueblo más cercano. Ese agua es para el consumo humano. La otra, la que tiene olor a desechos cloacales, se la junta en un recipiente y se le pone lavandina para lavarse las manos e higienizarse en general con el fin de cumplir con las medidas preventivas que impone la pandemia.
Dalmiro Acosta es referente de la comunidad wichí San Felipe, ubicada a 25 kilómetros de Rivadavia Banda Sur (uno de los tres municipios del departamento Rivadavia), a tres kilómetros del río Bermejo. En la comunidad hay unas 45 familias abastecidas por un pozo somero, que tiene una profundidad de 20 metros.
El agua salobre no solo tiene mal sabor, sino que genera sospecha de la existencia de demasiado arsénico. Al lavar la ropa el jabón no hace demasiada espuma por lo que se termina usando más del que en condiciones normales se precisaría. La alternativa es juntar el agua de la cañada que se forma al costado de la comunidad y que viene desde el río Bermejo, a tres kilómetros de donde ellos viven. Pero la sequía instalada, y de arrastre, ya empezó a menguar esa cañada más cercana, por lo que deben ir siguiendo el rastro del agua, hasta llegar a la costa del río.
Encima, en la parte más profunda de la cañada, “se cayó un perro y murió y hay gente que no vio”, dijo Acosta, quien alertó sobre el peligro de la descomposición del animal dentro del agua que ellos toman.
Agregó que el agua estancada ya se contaminó por “yuyos que son tóxicos”, por lo que cuando los peces empiezan a morir, los integrantes de la comunidad dejan de tomar el líquido.
La tercera alternativa para acceder al agua es esperar los camiones cisternas que envía el municipio. Y si bien van una vez por semana (a veces van cada dos semanas), “hay familias que no tienen tinacos (tanques con capacidad de hasta 2.500 litros de agua), y juntan en bidones de 20 o 30 litros”. Las familias son numerosas y el agua para beber se acaba enseguida.
“Cuando le planteamos el problema a la Municipalidad ellos aducen que tenemos pozo y nos señalan ese de 20 metros que se hizo hace dos años”, contó Acosta a Salta/12. La falta de agua segura genera diarreas estivales y la preocupación por lo que podría pasar con las niñas y niños de la comunidad. Pues el alerta de la muerte de niños y niñas por deshidratación y/o desnutrición también viene de esta zona.
El agente sanitario llega una vez por mes. Medicamentos no tienen. Y ni hablar de los chicos y sus aprendizajes. Sucede que según sostuvo Acosta, no llegó ningún material para continuar con algún contenido escolar.
Las enseñanzas del cólera
La comunidad wichí El Algarrobal estaba instalada hace unos años “monte adentro” a unos 80 kilómetros de Pichanal, uno de los municipios del departamento Orán. En el inicio de los ‘90, con la epidemia del cólera recorriendo las tierras del norte, los médicos enseñaron a toda la población a tratar el agua con dos gotitas de lavandina por litro. “Teníamos agua linda del pozo. Pero por esa época le poníamos lavandina para que sea potable más en ese tiempo que nos enseñaron los doctores con el tema del cólera”, contó Nelson Campos, presidente de la comunidad.
Hace 6 años, ante la falta de trabajo y acceso a la Salud, decidieron moverse a la zona más periférica de Pichanal, en las afueras del pueblo. Al asumir Macri, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, anunció el plan de 20 viviendas para la comunidad con pozo de agua incluido. De esa cantidad de viviendas a la comunidad le entregaron solo 18. El resto de las familias vive en casa de madera o bajo plástico. Con la obra se perforó un pozo a 120 metros de profundidad para obtener el agua. Pero como se fue el ex intendente Julio Jalit, que perdió su cargo después de 20 años, en 2019 el pozo quedó andando pero sin conexiones.
Luego de la insistencia de la comunidad, la nueva gestión lo terminó. Pero el agua no se puede tomar. “Apenas querés tomar sentís un olor como a cloaca”, describió Campos al sostener que ante la diarrea que empezaron a tener algunos integrantes decidieron dejar de beberla. Según la descripción del dirigente, cerca de la comunidad pasarían redes cloacales. Su sospecha es que los líquidos que transportan se hayan filtrado a las napas subterráneas contaminándolas.
En las festividades de Navidad y Año Nuevo las comunidades se manifestaron en reclamo de respuestas por parte del nuevo intendente, Sebastián Domínguez, pero no hubo cambio alguno. Campos contó que en otro momento fue un hombre diciendo ser “el hermano de(l gobernador salteño, Gustavo) Sáenz”, para revisar el pozo. Pero no pasó nada.
La alternativa de ellos es consumir el agua que llega de una pequeña manguera conectada desde la red que tiene el pueblo de Pichanal. Allí la gente llena sus tachos. Al agua con olor a cloaca la juntan en un recipiente y le echan lavandina para dejar las manos en reposo y así cumplir al menos con algunas normas de higiene para evitar el contagio de la Covid 19.
“Queremos que alguien haga el estudio del agua”, dijo Campos al solicitar alguna respuesta a la situación que reclaman desde hace meses sin obtener respuestas.
La concejala Graciela Castillo confirmó las denuncias de Campos e indicó que pese a que en enero se solicitó a la Municipalidad a cargo de Sebastián Domínguez una respuesta, “como sucede con todo lo que hace el Concejo Deliberante, no dio respuestas”.
En espera de un diagnóstico
Rodrigo Sola, quien actúa como enlace para la respuesta humanitaria internacional en Salta por las Naciones Unidas, dijo a Salta/12 que se reconoce que hay “8 meses de sequía y no se pudo dar respuesta integral a todas las comunidades”. Sostuvo que por ahora hubo reuniones con entidades nacionales como el Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) y el Ministerio de Desarrollo de la provincia, la Secretaría de Asuntos Indígenas y la coordinadora de la Mesa del Agua (marco en el que actúa Sola), Florencia Luñis Zabaleta. También hubo un encuentro con referentes de UNICEF y otros referentes de la Oficina del Coordinador Residente de Naciones Unidas.
Entre los acuerdos que se hicieron en una reunión del 13 de julio pasado fue la necesidad de hacer un relevamiento del estado de los pozos en las comunidades y los elementos necesarios para recuperarlos. En la evaluación surgió también la posibilidad de que estas comunidades puedan contar con los pozos de las escuelas que se encuentran en territorio. Pero con la pandemia las escuelas fueron cerradas y, al menos la de San Felipe, según Acosta, tiene su pozo hundido desde hace tres años y pese a los insistentes reclamos nunca fue arreglado. La provincia está a cargo del relevamiento que los otros organismos están a la espera de que entregue para iniciar el arreglo de pozos.
Aunque se intentó hablar con funcionarios de los municipios en donde se denunciaron estas dos situaciones, no hubo respuestas.
