El macrismo no solo desarticuló las políticas de desarme de la población civil y alentó la tenencia indiscriminada sino que empujó a la informalidad a quienes tenían sus papeles en regla. En Argentina son 1.038.777 los usuarios legales de armas de fuego, pero el 74 por ciento tiene ahora sus licencias vencidas, como consecuencia de la política desarrollada por el gobierno de Mauricio Macri. La Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) puso en marcha un nuevo sistema de evaluación psicofísica de usuarios, dado que la privatización de esos controles provocó “la caída de las renovaciones por lo engorroso y oneroso del trámite, cuyo costo pasó de 700 a 3500 pesos” en 2016, le dijo a Página/12 el nuevo director del organismo, Ramiro Urristi. Adrián Marcenac, integrante de la Red Argentina para el Desarme, coincidió en que “la gestión anterior fue lamentable, un retroceso enorme en todo sentido”.

Ese retroceso quedó sellado en la figura de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que impulsó la “doctrina Chocobar”, que incentivo el “gatillo fácil” policial y alentó a los civiles a la tenencia de armas para autodefensa. “El que quiera andar armado, que ande”, dijo en su momento.

Dienst Consulting

Marcenac precisó que “el desastre mayor fue el negociado con la empresa Dienst Consulting, una vergüenza por donde se lo mire”. Esa empresa, denunciada por irregularidades en otros casos, fue la encargada de los controles durante el macrismo. “Revertir esta situación va a llevar mucho tiempo”, alertó.

El gobierno de Cambiemos, tras asumir en diciembre de 2015, dispuso que la encargada de entregar los certificados de aptitud psicofísica a los usuarios de armas de fuego fuera Dienst Consulting. La firma, que por su metodología hizo encarecer la tasa para realizar el trámite, abrió sólo cuatro sedes en todo el país, en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Eso significó un costo adicional de traslado a los usuarios de otras partes del país.

En su momento, el titular de Voz Ciudadana, Adrián Bastianes, legítimo usuario e instructor de tiro, denunció que el que tenía en sus manos la firma era “un potencial negociado de 3500 millones de pesos para una empresa que ya fue cuestionada por manejar las licencias de los docentes bonaerenses y la de los agentes de la (ex) Policía Metropolitana”.

La licitación con la firma Dienst Consulting finalizó el 9 de mayo de este año y ahora se instrumentó un nuevo sistema en forma conjunta con el Ministerio de Salud, para chequear a los médicos que se anotaron para la nueva metodología.

Consultado por este diario sobre la cantidad de armas existentes en el país que nunca han sido declaradas, Urristi respondió que no hay estadísticas certeras al respecto.

El número de inscriptos legales es de 1.038.777, pero hoy el 74 por ciento está en infracción porque no renovó su licencia. La gestión anterior de la Anmac dijo que los usuarios legales tenían en su poder 1.606.741 "artefactos", porque muchos contaban con más de un arma declarada.

Las convenciones internacionales estiman que por cada arma blanqueada hay una ilegal. Esto indicaría que el universo que debe controlar la Anmac supera los tres millones de armas de fuego.

Urristi aseguró que el control de las armas legales se complicó por la decisión del gobierno de Cambiemos de “poner a un único prestador monopólico, habilitando un negocio privado”. El costo del trámite “subió de 700 a 3.500 pesos, que puede parecer más o menos razonable hoy, pero no en el 2016”.

Marcenac es miembro de la Red por la Asociación Civil Alfredo Marcenac, que lleva el nombre de su hijo, asesinado en julio de 2006 por Martín Ríos, conocido como “el tirador serial de Belgrano”. En ese carácter participó de una reunión virtual con Urristi. “Nosotros le pedimos que disponga los recursos necesarios cuando se arranque con el Programa de Desarme y que se ponga a funcionar el Consejo Consultivo, que nunca funcionó”, señaló y destacó que “el Consejo es lo que nos va a permitir, como sociedad, que expresemos nuestra opinión a cada gestión”.

En su momento, Marcenac, en una carta pública dirigida al entonces presidente Macri, denunció “las irregularidades” en las que incurrieron las autoridades de la Anmac en el manejo general de las habilitaciones y por “haber querido ocultar el hallazgo de un arsenal” en una sucursal del hipermercado Coto. 

Regularizar

Por su parte, el actual titular de la Anmac señaló que en el país “siempre hubo muchas armas” en poder de usuarios civiles, desde las décadas de 1950 y 1960. “Muchas todavía siguen hoy en poder de las mismas familias, porque el ex Renar (Registro Nacional de Armas) nació recién en los noventa. Antes las armas se declaraban en las comisarías, sin un control certero”.

Comentó que el organismo hará “un llamado para que la gente registre sus armas, porque sabemos que no hay tantas armas destinadas al delito, sino que son esas que quedaron en las casas y que no se registraron por las dificultades para hacer el trámite o por desconocimiento”.

La Anmac integra ahora el Consejo de Seguridad Interior, junto con los Ministerios de Seguridad del país. “Parte de las armas que hay en el país (en manos civiles) son desvíos de las armas de las fuerzas de seguridad”. Ahora se planea hacer “un control de esas armas porque nunca se hizo”. Se haría un convenio para que se puedan realizar controles en todo el país.

Urristi precisó que si bien el ex Renar se creó en los noventa “esas armas recién están registradas a partir del 2012, de manera que hay que hacer esa tarea de revisión”.

Otra de las regularizaciones tiene que ver con las armas que están “en conflicto con la ley penal” porque fueron usadas para cometer delitos y están retenidas por el Poder Judicial. “En estos casos, vamos a tratar de hacer convenios con los poderes judiciales, para que una vez que hayan pasado por la etapa probatoria de las causas, puedan hacer una suerte de amnistía para que puedan ser destruidas”. Señaló que esas armas “crean más preocupación que las que están en los galpones de las fuerzas armadas, porque a lo mejor están en un armario y hay que garantizar que no vuelvan a ser usadas” para cometer nuevos delitos. Recordó que la ley dice que “el único depósito de armas definitivo es el Banco Nacional de Materiales Controlados que tenemos en San Martín. Los otros son depósitos provisorios y no el definitivo para su posterior destrucción”. Hace casi tres años que no se destruyen armas y “tenemos miles que están esperando para eso, cuando podamos hacerlo, una vez que superemos las actuales circunstancias”.