El Estado argentino resaltó la “variedad y complementariedad” de las diferentes medidas que tomó el Ejecutivo para “mitigar” el impacto de la pandemia de coronavirus en el territorio. Así lo planteó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en un informe en el que reunió todas las decisiones que el Gobierno de Alberto Fernández aplicó siguiendo las recomendaciones de diversos organismos internacionales vinculados a los derechos humanos, que difundió de manera digital y que, prometió, actualizará periódicamente. Allí, no obstante, mencionó “con preocupación” algunas “resistencias” ancladas en el Poder Judicial así como “varios hechos de violencia institucional” durante la pandemia.
El informe, puesto a circular a mediados de la semana pasada, reúne las principales medidas tomadas por el Gobierno de Fernández para evitar la erosión de diversos derechos humanos fundamentales --económicos, sociales, culturales y ambientales, así como la protección de minorías especialmente vulneradas--. Es un compendio con el objetivo de demostrar que se siguieron los consejos y recomendaciones que vertieron distintos órganos del sistema internacional e interamericano de derechos humanos sobre la “especial atención” que los Estados debían prestar “para garantizar la vigencia de los derechos humanos en este nuevo contexto mundial”.
Allí figuran el Ingreso Familiar de Emergencia, las suspensiones a los créditos de Anses y desalojos, la implementación de programas de control de precios, entre otras tantas medidas pensadas y aplicadas especialmente para contener diversas consecuencias de la presencia de la covid-19 en el país. Todas fueron precedidas por la declaración del aislamiento social, preventivo y obligatorio, que limitó la circulación pública al mínimo y esencial con el objetivo de prevenir la del virus, y que afectó montón de otros aspectos de la vida de todos y todas. En ese sentido, según entendió la Subsecretaría, las medidas de aislamiento fueron “razonables” y “proporcionales”. Razonables en el sentido de que sirvieron “para alcanzar los fines que se pretendían” ya que según opiniones de expertos “ante la ausencia de la vacuna, el aislamiento era la mejor alternativa para evitar la propagación del virus de modo masivo”. Y “proporcionales” ya que “previeron excepciones que permitieron la circulación de personas con tareas o vinculadas con servicios Esenciales”, entre otras necesidades.
El documento se encuentra organizado por derecho o eje temático: primero se resumen brevemente las recomendaciones internacionales y luego se reseñan las políticas o medidas adoptadas por el Estado en esa materia. Con el objetivo de garantizar “en el contexto de la pandemia el derecho de la población al acceso a los servicios de salud sin discriminación de ningún tipo”, tal como recomiendan los órganos internacionales, la Subsecretaría mencionó que Argentina amplió la emergencia sanitaria, se creó un fondo de emergencia para las provincias, se implementó un informa diario con la información relativa a la pandemia a nivel nacional. Menciona que se pagó una asignación estímulo al personal de salud de 5 mil pesos durante mayo, junio y julio. También enumeró la creación e implementación del Operativo Detectar.
En cuanto a la protección de los derechos de alimentación y protección social, la primera medida que enumeró la Subsecretaría es la creación del Ingreso Familiar de Emergencia Sanitaria que significó un pago de 10 mil pesos mensuales desde que comenzó el aislamiento, aunque algunos pagos se atrasaron. Estuvo destinado a trabajadores independientes y no registrados. Respecto de la protección del derecho al trabajo, el informe mencionó en primer lugar la prohibición de despidos durante este período, pero también una batería de disposiciones destinadas a asistir a la pequeña y mediana empresa. La suspensión de desalojos, el congelamiento de cuotas de hipotecas y de tarifas de servicios de gas, electricidad y agua fueron las principales entre las pensadas para proteger el derecho a la vivienda.
Por último, el informe enumera planes elaborados y decisiones tomadas para proteger a grupos en vulnerabilidad social, a la niñez y adolescencia, a las personas mayores, a las diversidades sexuales y a las mujeres, en especial peligro de sufrir toda clase de violencias durante la pandemia. Según el tercer y más reciente informe del Observatorio Lucía Pérez, que recaba datos de medios de información de todo el país, son 154 los femicidios sucedidos desde el comienzo de 2020, 80 durante la cuarentena.
En su introducción, el informe plantea que están “entre los temas de preocupación” de la Secretaría de Derechos Humanos “resistencias por parte de muchos tribunales del país para implementar las recomendaciones de los organismos internacionales de derechos humanos en materia de descongestión del sistema penitenciario”. También “varios hechos de violencia institucional producidos por fuerzas de seguridad federales y provinciales que comenzaron con intervenciones policiales abusivas destinadas a hacer cumplir el aislamiento obligatorio”. Hubo casos resonantes en Tucumán, Chaco y San Luis, mientras que la familia de Facundo Astudillo Castro, visto por última vez en un control policial en las cercanías de Bahía Blanca. Aún aguarda los resultados de los estudios forenses que se realizaron la semana pasada a los restos óseos encontrados en un sitio conocido como Cola de Ballena, ubicado entre las localidades de General Cerri y Villariño Viejo, en provincia de Buenos Aires.
