La apuesta es sostener el trabajo de la Mesa de Diálogo. Bajar el tono a la escalada mediática mientras se mantienen abiertos ese y otros canales de diálogo, explican en el Ministerio de Seguridad de la Nación, sobre la disputa por las tierras a orillas del lago Mascardi que volvió nuevamente a la agenda nacional. Con esa síntesis, concluyó el lunes por la tarde la reunión entre la ministra Sabina Frederic y su par de Justicia Marcela Losardo, con la gobernadora de Río Negro Arabela Carreras. Antes, al mediodía, también trató el tema en un encuentro con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
Carreras viajó desde Bariloche, donde intervino, promoviendo la calma, en la protesta de vecinos antimapuches el sábado, en Villa Mascardi. De la reunión entre la gobernadora y las ministras en el Ministerio de Justicia participó también el subsecretario de Justicia Hugo Oyarzo y el secretario de Articulación de Seguridad, Gabriel Fuks.
La ronda de temas abrió una nueva etapa al conflicto, el mismo que este fin de semana provocó declaraciones cruzadas, denuncias preventivas y mediáticas por incitación a la violencia y, entre otras particularidades, denuncias penales contra Frederic y Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, por parte de un particular barilochense, por mal desempeño.
“Con la Mesa de Diálogo, el gobierno a nivel nacional cuenta con una herramienta muy valiosa en estos casos”, destaca Odarda sobre el mecanismo consensuado en el Consejo de Seguridad Interior, en Tucumán, en febrero de este año, que permite abordar la problemática de tierras desde una mirada interdisciplinaria, buscando esquivar la estigmatización y el racismo. Una osadía que abre l posibilidad de pensar que, en la práctica, los conflictos pueden no resolverse con balas. Tal como se demostró el sábado cuando la coordinación entre Seguridad y la gobernación desactivó la ira de "vecinos", destinada a “enfrentar y desalojar” a la comunidad Lafken Huincul Mapu. Fue convocada por redes sociales y se invitaba a portar armas.
Lo altisonante del caso deviene de una serie de actos que incluyen la denuncia preventiva por parte del Ministerio de Seguridad para garantizar la seguridad de las personas ante la promoción mediática de la violencia, y la incitación a portar armas. Todo fue tensión en la zona de los lagos, desde que el jueves que se anunció la marcha. Y sigue siéndolo.
La jornada de reuniones de ayer permite desandar la compleja trama que instaló el conflicto iniciado tres años atrás, cuando una comunidad mapuche, integrada por varias familias, entre ellas, la de Rafael Nahuel, recuperó una fracción del Parque Nacional Nahuel Huapi.
"La ocupación ocurrió en 2017, la justicia ordenó un allanamiento primero de la Policía Federal y luego del Grupo Albatros, que entra al predio y allí ocurre la muerte de Rafael Nahuel. El camino del desalojo que ejecutaron fuerzas que dependían de Patricia Bullrich, fue un fracaso porque el desalojo no prosperó y murió una persona", recordó Frederic. La muerte de Rafael Nahuel todavía no está esclarecida. En algunos medios hoy todavía se habla de "enfrentamiento desigual", de "balas por un lado y piedras por el otro", sobre la situación de persecución y el disparo por la espalda con el que asesinaron al joven.
En ese sentido, Odarda destaca que la defensa de los derechos indígenas es su prioridad. “No me preocupa la denuncia penal, me enorgullece si es por explicar los derechos de los pueblos indígenas. Están instituidos en la Constitución, como el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra indígena, el derecho a tener tierras aptas y suficientes, o el derecho a la educación bilingüe, entre algunos otros”, puntualiza.
El conflicto es cultural, económico y político. Y es, básicamente, una disputa por la propiedad de las tierras, detrás de la cual asoman negocios e intereses inmobiliarios. La protesta que se activó buscó desalojar a la comunidad Lafken Huincul Mapu, acusada de cometer diversos actos vandálicos, aunque las investigaciones que se realizaron no lograron ubicarlos como autores de diversos detrozos e incendios. Preventivamente, ante un ambiente tenso, la denuncia del Ministerio de Seguridad apuntó a prevenir "la posible comisión de un delito, ante la información de que había personas que se estaban armando", sostuvo Frederic.
“El jueves comenzamos a tener información que mencionaba la compra de armamentos y que la protesta estaba orientada, según estos mensajes, a disparar a los mapuches que estaban ocupando Mascardi”, indicó la ministra. Y aclaró que se tomó la medida de “denunciar", pero "también la de desplegar efectivos de Gendarmería para evitar que los manifestantes llegaran al lago Mascardi y se desataran hechos de violencia”.
La búsqueda de contención a la violencia fue compartida por la gobernadora, quien también estuvo en Mascardi. En esos cortes de ruta se percibía tensión y estigma. Tensión política y estigma cultural. “El interés de avanzar en el diálogo en torno a los terrenos reclamados dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, es de competencia federal” señaló Frederic. “Y es un camino que se está transitando", definió.
En tanto la gobernadora coincide en que la toma de tierras en Mascardi “es un problema complejo que no tiene una solución única”. Carreras aseguró que la situación “está en un impasse". Y advirti: "Si presionamos vamos a tener otro escenario de violencia como el que hemos vivido en el pasado, y no queremos eso”.
Desde la secretaría de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad, Gabriel Fuks explicó que hace seis meses esta gestión empezó a desandar un camino para "tratar de bajar los niveles de violencia en la zona y promover un acercamiento". Habla de la Mesa de Diálogo, que ya ha logrado avances en negociaciones desde diversas instancias de intervención. Existen problemas sin resolver, pero "de ninguna manera" esas disputas por los territorios "se resolverán con actitudes virulentas o violentas", dijo el funcionario, recordando, de paso, que no se trata de tierras privadas: La fracción en disputa pertenece a un parque nacional. Y es una fracción muy codiciada: Para la comunidad es un lugar sagrado, "el rewe". Pero también es una zona provilegiada para quienes sueñan con avances inmobiliarios en la zona.
En este marco de intereses contrapuestos, "institucionalmente empezamos a desandar un camino para tratar de bajar los niveles de violencia en la zona y llegar a algún tipo de acercamiento" sostuvo Fuks. Asimismo, reconoció que el motivo de la preocupación del sábado fue “la virulencia de la situación, porque cuando alguien llama a marchar y dice 'hay que matarlos a todos, hay que meter bala', nos preocupa. Estamos hablando de una comunidad pequeña, donde el sábado marcharon con 80 autos", precisó. En ese marco, con la pandemia acechando, la voz de la cordura llega desde la Instituto de Asuntos Indígenas: “Es necesario reencauzar el diálogo, seguiremos trabajando arduamente por eso” concluye Odarda.