Siete de cada diez argentinos respalda la gestión de Alberto Fernández frente a la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Los datos surgen de una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), que -entre otros temas- indagó sobre la valoración al Gobierno en cuanto a sus políticas sanitarias: solo un 24 por ciento de los encuestados la evaluó de regular hacia abajo.
La consulta también hizo mella sobre la prioridad entre dos tópicos: el cuidado de la salud o la cuestión económica. Allí, el 65 por ciento de los interrogados consideró que es preferente evitar el colapso del sistema sanitario que atender la situación económica.
Cabe destacar que, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, los contagios totales de coronavirus confirmados desde el comienzo de la pandemia son 417.735. Los fallecimientos acumulan 8.660. En ese sentido, más de la mitad de los consultados (51,2 por ciento) coincide que es mejor que sea el Gobierno quien tome las decisiones sobre la administración de la pandemia, en vez de confiar en la responsabilidad individual del ciudadano.
El informe tuvo una base de 2.000 entrevistas telefónicas realizadas en 18 localidades de 14 provincias. Una vez sintetizados los datos, el estudio destaca que la aceptación de Alberto Fernández sigue manteniendo índices altos. A ocho meses de sentarse en el sillón de Rivadavia, dos de cada tres argentinos tienen una imagen positiva del mandatario y un 62 por ciento lo ve como un "presidente fuerte", con liderazgo propio.
Es que un amplio porcentaje destaca las acciones impulsadas por el Gobierno nacional en materia económica y social: por caso, un 85 por ciento de los encuestados destacó como prioritario haber resuelto el problema de la deuda argentina. Solo un 5,4 por ciento lo consideró como "poco prioritario" y el 6,4 por ciento restante creyó que no fue importante la reestructuración de la deuda.
Por otra parte, el 65 por ciento de la ciudadanía estaría de acuerdo en que el Estado otorgara un sueldo permanente por el valor de la canasta básica para todos los ciudadanos. Hace un mes, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, comentó que el ingreso universal es una de las variantes que piensa el Ejecutivo Nacional para reactivar la economía. "El camino de salida de la post pandemia en materia social lo vemos sobre tres ejes: la generación de trabajo, la Renta Básica y urbanización de barrios populares", detalló el ministro en declaraciones con la AM 750.
Como contrapartida, hay un 39 por ciento que siente que empeoró su situación laboral, mientras que un porcentaje superior (40,4 por ciento) tuvo dificultades para afrontar los pagos del alquiler, las expensas, o los impuestos municipales, y el 28,5 por ciento se endeudó para cubrir gastos.
Estados de ánimo
Pasados los 164 días desde que se decretó el aislamiento social obligatorio, el estudio de la CELAG expuso que continúa siendo alto el porcentaje de personas que registra estados de ánimos negativos en el contexto de la pandemia. De acuerdo a los números del informe, el 59,7 por ciento de los argentinos se sintió afectado por el distanciamiento social, mientras que un porcentaje menor (41,3 por ciento) dijo no sentirse afectado.
Además, más de la mitad admitió que durante el aislamiento obligatorio aumentó la cantidad de horas que le dedica a las tareas del hogar y el cuidado de los niños. Mientras que solo el 6 por ciento reconoció invertir menos tiempo que antes.
Reforma Judicial
La semana pasada el Senado, con 40 votos afirmativos y 26 en contra, dio media sanción al proyecto del Poder Ejecutivo para la reorganización de la Justicia Federal. Ahora la pelota quedó en la Cámara Baja del Congreso de la Nación. Ante ese panorama, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica decidió indagar sobre la valorización de lo ciudadanos sobre el Poder Judicial.
Ante la consulta de cuál es el principal problema del sistema judicial argentino, el 58 por ciento de los encuestados creyeron que la falta de independencia es el escollo primordial que debe afrontar el Poder Judicial. Un porcentaje menor (34 por ciento) consideró que el eje debe estar puesto en "evitar que los presos permanezcan poco tiempo en la cárcel".
Por su parte, sobre la finalidad de la reforma judicial que promueve el gobierno, la mayoría (48 por ciento) considera que el objetivo central de la medida es evitar el abuso de poder de algunos jueces. Del restante, un 33,5 por ciento indicó que el proyecto busca la impunidad de algunos políticos y un 10 por ciento, aumentar los jueces de la Corte Suprema.
