El Isepci es un instituto conocido por medir los precios de los alimentos en las villas y asentamientos. Lleva también, desde hace años, un control del peso y talla de los chicos que van a comedores populares. Nacido de la mano de las organizaciones sociales, trabaja con encuestadores de los propios barrios. Produce mucha de la información con la que los movimientos leen la evolución de la situación social, que tiene su propia lógica, diferenciada de los períodos de crecimiento macroeconómicos o de los datos que suelen observar as consultoras privadas. Por un acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Social, el Isepci va a relevar en los próximos seis meses los efectos del Plan Argentina contra el Hambre. El estudio buscará particularmente conocer cómo se usa la Tarjeta Alimentar.

El Isepci participa de la conformación del Observatorio contra el Hambre --cuya creación fue anunciada en diciembre, en el lanzamiento de ese Plan-- junto con otros dos espacios, uno referenciado con Agustín Salvia, del Observatorio de la UCA, y otro con el neurólogo Facundo Manes. El convenio para el relevamiento es el primero que se conoce; Manes se ve en estos días más volcado a la militancia anticuarentena. La UCA participó de la segunda reunión del Consejo contra el Hambre y tiene una ligazón con el tema más estructural, por Cáritas. En el caso del Isepci, hay un elemento que agrega interés a lo que aporte y es que está ligado a la militancia de Barrios de Pie-Libres del Sur, un movimiento que no se sumó al Frente de Todos y que frecuentemente se moviliza para reclamar alimentos al gobierno nacional.

El relevamiento va a ser realizado con financiamiento del estado en cinco provincias: Santa Fe, Tucumán, Chaco, Córdoba y Buenos Aires -en el conurbano bonaerense más La Plata--. Son provincias que concentran centros urbanos muy poblados y con mayor número de personas con inseguridad alimentaria. El Isepci va a hacer también la encuesta en el resto de las provincias con su militancia.

“Nosotros presentamos una propuesta para hacer un relevamiento de talla y peso, que venimos haciendo desde 2012 con chicos y adolescentes de 0 a 19 años, más una encuesta a las familias sobre cómo evolucionó su situación alimentaria, para saber qué es lo que y ha cambiado y lo que no la situación al tener la tarjeta Alimentar, y cuáles son las diferencias entre las familias que la tienen y las que no la tienen. Debido a la pandemia, por ahora no podemos relevar talla y peso, porque implica una cercanía con riesgos para la salud. Por esto la talla y peso se va a medir a fin de año. Vamos a arrancar primero con la encuesta alimentaria”, detalló Yuyo Rudnik.

El sábado comenzaron a capacitarse los trescientos cincuenta agentes que van a realizar la investigación, todos ellos vecinos de barrios populares. Realizarán 10 mil encuestas. “La información va a ser útil para ver cómo ha evolucionado desde el inicio del gobierno la situación alimentaria. Hay preguntas concretas para conocer qué productos están comprando las familias, y para indagar las diferencias entre quienes reciben la tarjeta Alimentar y quienes no”, agregó Rudnik. La tarjeta Alimentar está destinada a las familias que tienen hijos de hasta seis años, con montos que dependen de la cantidad de niños que hay en el hogar.

Los aspectos que va a encarar las entrevistas son cuestiones como el acceso a los alimentos, la disponibilidad de dinero, qué tipos de alimentos se consumen, los gustos y preferencias, la calidad y cantidad de comida que están cocinando. Los resultados se darán a conocer a finales de octubre.

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo,  participó en la apertura de la capacitación. "Creo que en lo alimentario, el Estado logró dar una cobertura importante: hay 11 millones de personas que reciben asistencia. Pero hay un serio problema de calidad nutricional. Tenemos,  además, datos dispersos.  Sabemos por ejemplo que antes de la pandemia el 67 por ciento de las compras realizadas con la tarjeta Alimentar eran destinadas a leche, carne, frutas y verduras y que ahora eso bajó a  menos de 50 por ciento. Necesitamos contar con información más precisa y analizada, para poder ir corrigiendo las políticas públicas", indicó.

Las mediciones que el Isepci viene realizando desde hace ocho años en la talla y peso de quienes asisten a comedores y merenderos muestran que hubo un proceso en el que se consolidaron niveles de malnutrición que afectan al 40 por ciento de los niños y adolescentes. Esto se acentuó en los últimos cuatro años, con la crisis del gobierno de Mauricio Macri.

La mala alimentación que se registra en la Argentina vinculada a la falta de ingresos se expresa, en el corto plazo, en problemas de sobrepeso y obesidad. En el largo plazo se detecta también en que los chicos crecen menos, es decir en que tienen menor talla. La falta de nutrientes incide en el desarrollo neurológico y cognitivo de las personas, así como en la aparición de enfermedades crónicas.