José López deberá cumplir una única condena a siete años y seis meses de prisión por dos hechos vinculados a la gélida madrugada del 14 de junio de 2016, cuando salió disparado de su casa cargando bolsos con casi nueve millones de dólares. Así acaba de resolverlo el Tribunal Oral Federal (TOF) 1, que lo condenó el año pasado por enriquecimiento ilícito, y ahora unificó esa condena con una que había dictado un tribunal provincial por portación de arma de fuego.
Esa noche, el exsecretario de Obras Públicas salió de su casa en Dique Luján, partido de Tigre, para trasladarse hasta el convento Nuestra Señora de Fátima en el partido de General Rodríguez. En los fundamentos de su sentencia del año pasado, el TOF 1 estimó que recorrió entre unos 66 y 68 kilómetros a bordo de su camioneta Meriva. Durante el juicio, López dio distintas versiones para justificar la suma de dinero que estaba en su poder, incluso llegó a decir que era dinero de la política, lo que fue descartado de plano por los jueces. Para el tribunal, el hecho de que se hubiera valido de una carabina con calibre 22 para proteger su viaje hasta el convento fue una de las pruebas contundentes de su interés por asegurar el dinero --que le pertenecía-- en un lugar de difícil acceso y que sólo conocía López.
El enriquecimiento ilícito y la posesión ilegal de un arma de fuego fueron investigadas y juzgadas en distintas jurisdicciones. Por la carabina, López accedió a un juicio abreviado ante el Juzgado Correccional 3 de Mercedes, que terminó imponiéndole en 2017 una pena de un año y siete meses de cumplimiento efectivo. López ya había cumplido con esa condena cuando el TOF 1 de Capital Federal todavía lo estaba juzgando por enriquecimiento ilícito. En ese caso, terminó condenado en junio del año pasado a seis años de prisión y a una multa por el 60 por ciento del enriquecimiento.
La defensa de López insistió con que se unificaran las condenas, algo que el TOF 1 inicialmente rechazó, pero debió hacerlo después de que así se lo consignara la Sala II de la Cámara Federal de Casación. La defensora no sólo reclamó la unificación, sino también una reducción de la condena hasta los tres años y con cumplimiento condicional. El fiscal Miguel Osorio consintió la unificación, pero sostuvo que debían darle una única condena de siete años y siete meses por la sumatoria de ambas condenas. En un fallo de 22 páginas, el TOF 1 sólo le rebajó un mes al cálculo que había hecho el representante del Ministerio Público.
La condena por enriquecimiento ilícito que le impuso el TOF 1 aún no fue revisada por Casación. Para el TOF 1, la estrategia de la defensa de López fue usar el pedido de unificación como un “ropaje” para conseguir una suerte de revisión de la pena impuesta por los mismos jueces. Además, los magistrados rechazaron el planteo de López de volver a sembrar dudas sobre el origen del dinero que él mismo trasladó esa madrugada para intentar esconder en el convento de General Rodríguez.
“Se tuvo por probado tras el debate fue que toda esa fortuna fue producto del ilícito enriquecimiento de López --escribieron los miembros del TOF 1-- en su calidad de funcionario público, de manera tal que mal puede hablarse de un incierto punto de partida en este aspecto. Y aun cuando se aceptara que la evidencia reunida no fue suficiente para determinar si fue producto de un cohecho o una malversación de fondos públicos, lo concreto es que en cualquiera de sus dos vertientes posibles se trató de un dinero cuya distracción o pago clandestino entorpeció el funcionamiento del Estado Nacional y, con él, el cumplimiento de sus finalidades de bien público”.
La defensa de López busca una forma de abrir la puerta para ponerle fin a su detención, que cumple bajo el Programa de Protección de Testigos. Entre otras cuestiones, invocó que lleva más de cuatro años detenido con buena conducta y que está próximo a cumplir los 60 años. Para los jueces del TOF 1, que López esté acercándose a esa edad detenido es “producto del momento de su vida en el que cometió los delitos por los que fue condenado por la sentencia no firme”, situaron el comienzo de esa actividad ilegal antes de 2008, momento en que la justicia comenzó a investigarlo.
La sentencia contra López por enriquecimiento ilícito está recurrida. El 19 de junio último, dos de los integrantes de la Sala II de la Casación Federal, Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci, rechazaron habilitar la feria extraordinaria para tratar sus planteos. Dos semanas atrás, los casadores denegaron un pedido de excarcelación que había formulado el exsecretario de Obras Públicas.