El exjefe de la Armería Central de la Unidad Regional II de policía  fue detenido ayer por su presunta responsabilidad en el faltante de cinco pistolas que estaban bajo su custodia como funcionario público entre 2017 y 2019. El exfuncionario será llevado a audiencia imputativa en los próximos días por los delitos de falsedad ideológica de instrumento público y malversación culposa, informó ayer el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Por la investigación, que está a cargo del fiscal Ramiro González Raggio, se realizaron media docena de allanamientos en Rosario y Granadero Baigorria. Los procedimientos se realizaron en Monte Flores al 7300, Cazadores al 2500, Donado al 880, Avellaneda al 2500, Petrone al 8900, de Rosario; y en calle Malvinas al 2600 de Granadero Baigorria.

La causa se originó tras la realización de un inventario de armas de la Unidad Regional II de Policía que detectó el faltante de cinco pistolas, detallaron voceros del caso.

En uno de los allanamientos realizados en calle Petrone al 8900, fue detenido el exjefe de la Armería Central, Pablo P., quien se desempeñó en ese cargo entre septiembre de 2019 y enero de 2020. El policía fue reemplazado en su cargo con la designación de nuevas autoridades por el actual gobierno provincial.

Fuentes de la investigación aseguraron que el inventario arrojó el faltante de 5 pistolas calibre 9 milímetros, una en 2017 y las cuatro restantes en 2019, cuando el detenido estaba a cargo de su custodia como jefe de la dependencia.

“Se le achaca haber violado los deberes del debido resguardo del armamento cuya administración y custodia se encontraban a su cargo”, informó la Fiscalía, y aclaró que aún “no están identificadas” las personas que habrían retirados las pistolas.

En rigor no es la primera ve que desaparecen armas en custodia del propio Estado. En mayo de 2016 el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe capital intentaba dilucidar quiénes habían sido los responsables del ingreso al mercado ilegal de armas que estaban destinadas a ser destruidas de 15 pistolas que estaban en una misma bolsa, y que habrían quedado en un patrullero que las trasladaba a la empresa de fundición.

Es que el 3 de noviembre de 2015 se había ordenado destruir, luego de una clasificación, armas y municiones que estaban en el departamento de Logística de la Policía santafesina. La instrucción incluía catalogar las armas y fundir las piezas por separado. El Ministerio de Seguridad había advertido que tenía varias armas reglamentarias en desuso y remitió tres partidas para que sean quemadas, bajo responsabilidad de la Corte. Tras ello, el procedimiento que hace el Poder Judicial es con personal policial, que colabora en el traslado de las armas hacia la empresa de fundición, con un acompañante en representación del Tribunal.

El 4 de diciembre, el problema se habría dado con la tercera partida de armas que viajaba en diferentes bolsas hacia la fundición. Lo que se lleva al horno, según explicaron fuentes cercanas al caso a Rosario/12, es la parte metálica de las armas, no así las piezas de plástico o madera; por lo que llegan incompletas al horno.

Aquel día, cuando esa partida fue cargada en el baúl del patrullero, se realizó el traslado, pero -al parecer- una de las bolsas, con 15 armas, quedó en el móvil policial. El fiscal Andrés Marchi fue quien primero tomó la causa pero finalmente pasó a manos de Omar de Pedro.