En la pulseada que sostiene la vieja cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) para debilitar la causa por espionaje ilegal, este martes se anotó un punto importante la fiscal de Lomas de Zamora Cecilia Incardona ya que el juez Juan Pablo Augé rechazó la recusación con que intentaron desplazarla de la investigación. En la audiencia que se hizo por Zoom, una de las sorpresas fue que hasta las defensas de tres ex espías --Jorge “Turco” Sáez, Leandro Araque y Facundo Melo-- se presentaron para defender la continuidad de la fiscal en el caso. También lo hizo el abogado de la querella de Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Beraldi. El argumento central del pedido de apartamiento es que la fiscal avaló un requerimiento de la AFI para usar un software llamado Earthwatch para captar imágenes satelitales ante supuestas alertas de seguridad, entre 2017 y 2018, y como se mencionaba a políticos debía suponer que era para hacer operaciones ilegales. Por eso, el principal reproche fue la supuesta “falta de objetividad y lealtad procesal”. La propia Incardona dio sus argumentos en una audiencia de dos horas y el juez Augé resolvió respaldarla de inmediato.

Incardona tiene delegada la investigación sobre espionaje ilegal junto al fiscal Santiago Eyherabide. En el tramo en el que analizaron las actividades de inteligencia ilegal contra el Instituto Patria y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, impulsaron el procesamiento del ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, a Silvia Majdalani, ex número dos, al ex jefe de Operaciones de la Agencia Alan Ruiz y al ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste. Este viernes comienzan las indagatorias por más de una veintena de acciones de espionaje ilegal contra políticos oficialistas y opositores, periodistas, representantes eclesiásticos, organizaciones sociales, entre otras víctimas. Por eso, los principales imputados insisten en intentar sacar de la cancha a la fiscalía y en lo posible mandar la causa a los tribunales de Comdoro Py. La recusación había sido presentada por la defensa de Arribas y su segunda, y luego adhirió la defensa de Darío Nieto, secretario privado de Mauricio Macri, también citado como sospechoso.

Se centraron en dos cuestiones. La primera alude a que cuando tramitaba una causa impulsada por la propia AFI en el juzgado de Federico Villena, relacionada con supuestas amenazas a la seguridad durante la organización de la cumbre del G-20, la de la Organización Mundial de Comercio y los Juegos Olímpicos de la Juventud, Incardona tuvo una intervención y por lo tanto perdió objetividad. En aquel expediente, la AFI le pedía a Villena distintas medidas de control, como por ejemplo el acceso a las cámaras de toda la Ciudad de Buenos Aires, a las del aeropuerto de Ezeiza y a la línea 911. También pidió utilizar el programa Earthwatch, desde el 22 de octubre de 2018 y hasta 2019. Al parecer su uso coincidió con el calendario electoral del año pasado, aunque la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, no pudo determinar para qué se usó. Antes de dar autorización para esta herramienta,  el juez Villena le corrió vista a la fiscal Incardona. Después aparecería en el expediente del G-20 una supuesta explicación que hablaba de amenazas a la seguridad de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal, Waldo Wolff y Cristina Kirchner, entre otros. Ya es sabido que a CFK nadie le notificó que estuviera en peligro. Pero incluso Incardona y Eyherabide consideran que esa justificación fue falsa, fue inventada para cubrir espionaje ilegal. La defensa de la ex cúpula de la AFI sostuvo que, si con esos datos a la fiscal todo le pareció legal, por qué ahora le parece ilegal. Son argumentos incompatibles, está a la vista.

La recusación siguió el mismo razonamiento al decir que cuando se cerró la causa del G-20 porque Villena no encontró nada raro, Incardona debió saber que ya a esa altura estaban denunciadlas autoridades de la AFI por el espionaje al Instituto Patria ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, causa donde fueron sobreseídas, precisamente en base a documentos que ella considera falsos. Y que si fue apartado el juez Villena --como ocurrió tiempo atrás, porque él mismo había avalado varias actividades de inteligencia dudosas incluso en la cárcel de Ezeiza-- ella también debería serlo. Ella explicó ante la cámara que las reglas de imparcialidad para jueces y juezas no equivalen al deber de objetividad de fiscales y fiscalas, que son parte en el proceso. Además de que ella no estaba notificada de nada de la causa de Martínez de Giorgi.

Incardona también sostuvo, según pudo reconstruir PáginaI12, que el temor de falta de objetividad no existe en la ley, es un invento de las defensas para apartarla. “Esto es un artilugio procesal más”, señaló, y reclamó que los imputados se defiendan en la causa con pruebas. “Lo que hacen es dilatar el proceso y sacar a quienes les molestan”, enfatizó. El punto central es que la hipótesis de la fiscalía es precisamente que la causa “del G-20”, como se la llama, fue un artilugio para espiar ilegalmente y que las menciones a políticos se introdujeron con posterioridad para justificarlas, porque había salido a la luz el espionaje en el Instituto Patria. 

Las defensas pidieron que si se rechazaba la recusación, el juez reasumiera la investigación. El abogado de CFK, Beraldi, el de Sáez, Alfredo Oliván, y el de Melo y Araque, Fernando Sicilia, argumentaron que la fiscalía debía continuar. El juez Augé resolvió en el momento: dijo que no había manera de comprobar que la fiscal hubiera podido advertir que los informes eran falsos y que había espionaje ilegal, que es lo que se investiga ahora. Tampoco, añadió, se puede comparar su actuación con la de Villena.

Las defensas de las ex autoridades de la AFI dijeron que apelarán, aunque las normas no lo prevén para recusaciones. La otra batalla que se viene es con Comodoro Py, ya que la jueza María Eugenia Capuccheti ya reclamó la causa completa sobre el espionaje a la actual vicepresidenta, y al menos la fiscalía no está dispuesta a mandársela.