Nuevamente, los testigos de la fiscalía, los que venían a apuntalar la acusación, terminaron siendo testigos favorables a las defensas, como ya viene ocurriendo. En una nueva jornada del juicio por la obra pública de Santa Cruz, declaró primero Héctor Carlos Costilla, ex titular de Kank y Costilla, constructora que compró Lázaro Báez en 2006. La hipótesis de la fiscalía es que esas compras fueron violentas, producto de presiones y extorsiones, pero Costilla contó que en la empresa familiar murieron un hermano y un primo que eran claves y que eso los llevó a vender: "No teníamos ganas de seguir con la empresa. Alcanzaba para pagar sueldos y hasta ahí nomás. No hubo ninguna presión". La venta se hizo en seis millones de dólares, con balances, inventarios y toda la documentación. Según contó, terminaron de cobrar en 2009 o 2010. En segundo lugar declaró una ex empleada de la empresa Seguridad Patagónica, Silvina González, a quien le exhibieron un contrato con Austral Construcciones, la constructora madre de Báez. La mujer dijo que ella firmaba decenas de documentos y contratos porque era la empleada administrativa y que ese contrato, que no recordaba, era apenas uno más de los tantos que firmó.
Los testigos convocados por la fiscalía deberían aportar elementos a la idea de que Báez patoteó a sus competidores y que de esa manera se quedó con la mayor parte de las obras viales de Santa Cruz. En ese marco, las defensas se quejan de la agresividad del fiscal Diego Luciani, lo que derivó en un pedido de intervención de los veedores del Colegio de Abogados. Los veedores están presentes en todas las audiencias y por primera vez este martes pidieron al tribunal una copia de la grabación para estudiarla.
El convocado por la fiscalía fue Héctor Costilla hijo, que fuera titular de la empresa en el momento en que se vendió. Ante los magistrados dijo todo lo contrario de lo que esperaba la fiscalía: la venta fue por pedido de las dos familias herederas de los fundadores, actuó como nexo "uno de los dueños de la empresa Gotti, que fue amigo de mi padre de toda la vida y él fue el que nos hizo el contacto. Fue una operación transparente, sin presiones de ninguna índole", afirmó el testigo.
Costilla detalló que la constructora se vendió en forma documentada por seis millones de pesos, con balances, estado de la maquinaria y toda los papeles contables. "Nos pagaron con cheques que terminamos cobrando entre 2009 y 2010", redondeó. El testimonio bajo juramento desechó la existencia de lo que se conoce como una compra hostil.
En segundo lugar, desde Santiago del Estero declaró la ex empleada de Seguridad Patagónica Silvina González, que es santiagueña pero había ido a probar fortuna al sur. La mujer contó que la emplearon en distintos comercios y finalmente fue contratada por José Antonio Chan, un ex policía, abogado, que junto con otro ex policía, Alejandro González, montó una empresa que daba custodia a supermercados y obras. En Seguridad Patagónica la mujer estuvo a cargo de la parte administrativa y en algún momento, como le debían dinero de los sueldos, le canjearon la deuda por acciones. La fiscalía exhibió un contrato firmado por Martín Báez y Silvina González y deslizó que encerraba algún tipo de alianza non sancta. La testigo dijo que la firma era suya, que seguramente era uno de los tantos contratos que firmó, pero que no lo recordaba por esa razón. El detalle, cuestionado por las defensas, es que el papel exhibido en la audiencia fue supuestamente sustraído de la Inspección General de Justicia, por lo tanto no correspondía que se use como evidencia. El uso del documento no calmó la ansiedad de la fiscalía que ve pasar las audiencias sin que sus testigos le rindan.
Al menos hasta ahora, los testigos le sirvieron más a los defensores, aunque, como se sabe, en el territorio de Comodoro Py la coalición judicial-política-mediática alineada con Cambiemos juega siempre de local. Más todavía cuando una de las acusadas, como en este caso, es la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
