Arrinconados en carpas de tela y casitas de chapa y nylon, expuestos a temperaturas heladas y a un virus que no para de sumar casos en el territorio bonaerense, más de 2500 familias sobreviven en un descampado de Guernica. Hace un mes y medio, empujados por la crisis habitacional, estas familias decidieron ocupar un predio abandonado de 100 hectáreas en el Partido de Presidente Perón, al sur del conurbano, con el objetivo de construir un barrio donde vivir. La toma de tierras en la provincia continúa así su ritmo, consolidándose como solución ante la profundización de la crisis social y económica durante la pandemia, y dividiendo, a su vez, a la clase política entre quienes piden desalojos y quienes sostienen priorizar las necesidades sociales subyacentes.
"La mayoría son parejas jóvenes que estaban viviendo en la casa de los padres, o familias que pagaban alquiler y un día ya no pudieron hacerlo más. Empezó a correr la voz de que se había tomado un terreno cerca y fueron metiéndose, siempre con la esperanza de conseguir un pedazo de tierra propio", explica Nidia Báez a Página/12. Militante de Barrios de Pie, Báez va tres veces a la semana al predio a llevar comida, abrigo y dar una mano para organizar las ollas populares, única fuente de alimento de muchas de las personas que ocupan el terreno ubicado en los barrios Numancia y San Martín.
Las tomas comenzaron el 20 de julio --fecha que terminó dando nombre a uno de los cuatro barrios que se fueron conformando en el predio-- y desde entonces ha generado conflictos con la policía, los propietarios y algunos vecinos de la zona.
Ana Rolón es una de las miles de mujeres que tomó un pedazo de tierra en Guernica. Llegó al predio hace un mes junto a su marido y sus tres hijos, luego de que los echasen de la casa que alquilaban porque su pareja se quedó sin trabajo en el contexto de la cuarentena. "Necesitamos un pedacito de tierra para hacer crecer a nuestros hijos de manera digna. Para no estar en la vereda de la calle, con los hijos cartoneando, muriéndonos de frío con temperaturas de bajo cero, con la enfermedad. Nos echaron del alquiler y nos arrinconamos donde encontramos un lugar", contó Ana en diálogo con Radio Con Vos, y aseguró que su historia es la del 80 por ciento de las personas que se encuentran con ella en aquel predio de 100 hectáreas. "No sabría qué hacer si me llegan a sacar de acá, terminaré en la vereda con la misma carpa y mis hijos. Esperemos que el gobierno pueda reanalizar nuestra situación", pide, entre lágrimas.
"Se nota que realmente hay una necesidad enorme y que la están remando como pueden. Es muy tremendo ver cómo aguantan el frío y la lluvia, hay muchas familias que viven en carpa porque no les alcanza para pagar una chapa para cubrirse. Algunos están viendo de pagar con la asignación social algunos de los materiales", describe, por su parte, Nidia. Chapa, tela, nylon, cartón, alambre y madera: esos son los materiales que resguardan a las cientos de familias, muchas con niños pequeños, de los fríos bajo cero y las lluvias. Son trabajadores que se quedaron sin changa, como el marido de Ana, peones, albañiles, desocupados cuya vulnerabilidad se profundizó durante la pandemia, y reclaman al Estado provincial y municipal que les otorguen una vivienda digna. Nidia cuenta que varios de ellos utilizan las asignaciones sociales para protegerse mejor del frío. Las mismas que varios funcionarios ya están analizando cortar como castigo contra aquellos que ocupen tierras.
"Es muy probable que evaluemos la posibilidad de que aquel que realice una toma de tierras se le caigan todos los beneficios que le da el Estado, como la Asignación Universal por Hijo o el Ingreso Familiar de Emergencia, porque si no es 'hago lo que quiero'", sostuvo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Se refería a los casos de toma de tierras en Villa Mascardi, pero mientras él hacía esas declaraciones, el diputado bonaerense de Juntos Por el Cambio, Alex Campbell, presentaba efectivamente un proyecto para que las personas que usurpasen tierras en la provincia de Buenos Aires perdiesen los beneficios sociales que reciben del Estado provincial.
A estas propuestas se sumaron las críticas de varios intendentes de Juntos Por el Cambio, que le reclaman al gobernador Axel Kicillof que interviniese más activamente. "La necesidad de algunos no puede generar el caos en todos. El problema de la toma de tierras, lejos de desaparecer, hoy se agrava frente al silencio y la inacción", lanzó el intendente de Vicente López, Jorge Macri.
Los pedidos de desalojo no son exclusivos de los intendentes, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, también se manifestó a su favor. "El que toma tierras en la provincia de Buenos Aires irá preso", aseguró en declaraciones radiales. Como ya es costumbre en materia de Seguridad, la ministra nacional Sabina Frederic se diferenció y opinó que la toma de tierras "no es un tema de Seguridad", sino "de déficit habitacional". En una línea similar, Kicillof, sostuvo ayer durante una conferencia de prensa que detrás de la toma de terrenos "hay una necesidad" y que el gobierno debía dar una respuesta desde el Estado "con programas y planes", diferenciándose de los reclamos de los intendentes.
Informe: María Cafferata.
