José Luis Gandarillas fue nombrado por el gobierno golpista de Jeanine Añez como cónsul de Bolivia en el departamento Orán de la provincia de Salta. Pero la designación fue anulada en la primera semana de agosto, poco después de que asumiera en el cargo. 

Desde 2018 Gandarillas está acusado por el delito de "homicidio - suicidio" (instigación a cometer suicidio) y por delitos de violencia familiar en perjuicio de la modelo tarijeña Ximena Ferrufino, quien falleció en noviembre de 2015. 

La familia Ferrufino denunció que la causa está frenada por el encubrimiento judicial del que goza Gandarillas, mientras esperan que la audiencia del juicio se haga finalmente el 21 de octubre de este año.

Fuentes del Consulado de Bolivia en la ciudad de Salta informaron ayer a Salta/12 que efectivamente la designación fue anulada. Las declaraciones se sumaron a las ya vertidas por el encargado de negocios de Bolivia en Argentina, Julio Alvarado, quien afirmó que al consultar a Cancillería de Bolivia le notificaron que “ese nombramiento fue anulado hace una semana”, es decir, en los primeros días de agosto, según indicó el diario Página Siete de La Paz. Alvarado dijo además que no le comunicaron si las razones están vinculadas a las acusaciones penales que tiene Gandarillas.

A pesar de que se confirmó que la anulación de la designación sí sucedió, el 16 de agosto el acusado declaró en calidad de diplomático en un medio de comunicación boliviano. Durante 2015, Gandarillas fue asesor legal de Adrián Esteban Oliva, quien va por su segundo mandato como gobernador de Tarija y es ferviente opositor a Evo Morales. Hoy, Oliva se alinea al gobierno dictatorial de Añez.

Tras conocer este nombramiento, la familia de la modelo tarijeña lo repudió. Rocío Ferrufino, hermana de Ximena, dijo a Salta/12 que existía una “decepción” por parte del entorno familiar cuando se enteraron, pero “al mismo tiempo, no nos sorprende mucho porque así funcionan las cosas es esta ciudad (por Tarija)”. “Todo es con influencia”, destacó, afirmando que Gandarillas goza de encubrimiento judicial tras las contínuas suspensiones de las audiencias.

De acuerdo a la reconstrucción de los hechos ocurridos el 1 de noviembre de 2015, Ximena salió con Gandarillas la noche anterior. Cuando sus padres fueron a verla a las 8 de la mañana del domingo la encontraron pendiendo de un árbol al fondo de su casa ubicada en el barrio San Jerónimo de la ciudad tarijeña.

Desde que los Ferrufino se dieron con el fallecimiento de Ximena, emprendieron el pedido de justicia para saber las circunstancias en que la joven falleció, hecho que en 2015 fue caratulado como suicidio. “Mi papi empezó esto porque él quería saber”, lamentó Rocío al contar que su padre no vio acusado a Gandarillas porque murió antes de que se lo acusara formalmente.

Según relató la joven, existen informes de amigas de la modelo y de integrantes de la familia que señalan que Gandarillas indujo a que la joven de 24 años tomara la decisión de quitarse la vida. Esto fue respaldado por la pericia psicológica forense que se realizó años después y que llevó a recolectar suficientes pruebas para señalar que la modelo vivía en un contexto de violencia que la llevó a la muerte. 

Así fue que el fiscal de Distrito de Tarija, Gilbert Muñoz, imputó a Gandarillas por los delitos de homicidio suicido y violencia familiar el 24 de agosto de 2018. La acusación fue acompañada con un pedido de prisión de 10 años, mientras que la familia solicitaba 30 años.

Muñoz dijo en ese entonces que “existían antecedentes anteriores al hecho” que señalan a Gandarillas “como autor de agresión psicológica contra la víctima”, según publicó el medio digital El Periódico, de Bolivia.

Luego de un año de la imputación, se debía iniciar el juicio oral, pero este fue suspendido en tres oportunidades. En la última citación Gandarillas dijo que no se podía presentar por un viaje a Miami. La familia de Ximena espera finalmente que el 21 de octubre se cumpla con la audiencia. 

“Sólo esperamos que ahora que tenemos una fecha no se mueva porque ya son como tres veces que se vienen postergando”, expresó la hermana. Incluso el juez Pablo Zelaya dijo en 2019 “que había casos más importantes, más relevantes y por eso, lo postergaban”, contó Rocío a Salta/12.

El aplazamiento constante preocupa a la familia puesto que las legislaciones bolivianas establecen que si desde la fecha que ocurrieron los hechos y por ocho años no hay una sentencia constatada contra el acusado, el caso prescribe. Este medio intentó contactarse con Gandarillas, pero no obtuvo respuesta.

En un comunicado que emitieron la semana pasada distintas organizaciones feministas de Bolivia reunidas en el colectivo Articulación Sororidad Bolivia, además de denunciar "la ola de fascismo político, racista y misógino" en el país limítrofe, destacaron el caso Gandarillas. Allí recordaron el nombramiento del ex asesor tarijeño y dijeron que “hasta la fecha no hay sentencia y ocupa un cargo diplomático desde marzo de este año".