En un hecho inédito, un juez de primera instancia convocó al máximo tribunal provincial a una audiencia de conciliación con el abogado Gonzalo Guzmán Coraita, quien luego de fracasar en su intento de que la Corte de Justicia le informara los sueldos de sus integrantes en 2018 y 2019, presentó un amparo reclamando que la Justicia de Salta ordene entregar esa información, que por definición es pública. A la audiencia, convocada para el próximo viernes, a partir de las 9, fueron convocados también la Fiscalía de Estado y el fiscal ante la Corte, Eduardo Sylvester.
El trámite fue decidido por el juez de Garantías Diego Rodríguez Pipino, quien interviene en el amparo en reemplazo el juez original, Leonardo Araníbar, debido a la nueva feria judicial extraordinaria dispuesta desde el 28 de agosto por la Corte a causa de la pandemia.
En su intervención antes de la feria judicial extraordinaria, a pesar de que el amparo era contra la Corte, Araníbar decidió correr traslado a la Fiscalía de Estado y no a este tribunal. Ahora Rodríguez Pipino decidió tratar de acercar a las partes, y citó a la audiencia a la Fiscalía de Estado y al Ministerio Público Fiscal, e invitó a la Corte a que participe a través de un representante designado.
En el portal digital Salta Transparente, dedicado a temáticas de acceso a la información pública, Guzmán Coraita sostuvo que "este juicio no sólo interesa por su objeto –conocer información que es evidentemente pública sobre lo percibido por los Jueces de Corte- sino porque constituye una oportunidad para testear cómo funciona el sistema". Se trata, dijo, "de constatar si un ciudadano tiene alguna posibilidad real de ejercer razonablemente su derecho a la tutela judicial cuando demanda al propio Poder Judicial".
"La situación es atípica, porque no es común que haya un juicio contra el Poder Judicial", reconoció el abogado ante Salta/12. Y destacó que "lo que se reclama es acceso a la información pública", de acuerdo a las previsiones de la ley nacional 27.275, a la que adhirió Salta. Ambas normativas establecen que cualquier poder del Estado está obligado a dar información pública.
Con el patrocinio del abogado Roque Rueda, Guzmán Coraita presentó la acción de amparo el 11 de agosto, "contra el Poder Judicial de la Provincia de Salta / Corte de Justicia de la Provincia de Salta" para que "se le ordene proveer de manera inmediata la información pública que solicito infructuosamente desde hace más de seis meses, esto es, la relativa a la remuneración o sueldo que por todo concepto reciban la totalidad de los Jueces que integran la Corte de Justicia de Salta, detallando en cada caso cada uno de los ítems con carácter remuneratorio y cada uno de los meses comprendidos entre enero y diciembre de 2018, y a cada uno de los meses comprendidos entre enero y diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020”.
En la demanda, el accionante y su patrocinante reseñaron los pedidos de información realizados por vía administrativa antes de llegar a la instancia judicial, y afirmaron: “La conducta asumida por la Corte de Justicia implica una violación clara del derecho de acceso a la información pública que se encuentra reconocido y garantizado por las Constituciones Provincial y Nacional y diversos tratados de jerarquía constitucional”.
Consultado por Salta/12, desde el Poder Judicial se indicó que la información que se requiere está publicada en el portal de la Justicia de Salta, justiciasalta.gov.ar. En efecto, si se cliquea la pestaña "Inicio" se despliega un menú con dos cuadros, "Servicios para abogados" y "Servicios para ciudadanos". En este último cuadro, si se cliquea el último ítem de la derecha, "IP (Información Pública)", se accede al contenido "Información pública del personal del Poder Judicial de Salta". Tiene cuatro ítems, el primero es información sobre la planta de trabajadores del Poder Judicial; los tres últimos remiten a cuadros de las escalas salariales de 2018, 2019 y 2020.
Pero se trata de una "Escala de sueldos básicos del Poder Judicial de Salta", no es toda la información que se pide en el amparo, que procura conocer también si los magistrados reciben otros montos.
Las escalas de 2018 y 2019, comprendidas en el pedido de información, corresponden a julio de cada año. La información es escueta, indican que en julio de 2018 un juez de Corte tenía un sueldo básico de $88.993,36, y en 2019 era de $135.962.08. La escala de 2020 refiere a todo el año, y revela que un magistrado del máximo tribunal provincial tiene un básico de $188.867,64.
Seis meses de pedidos
El 18 de febrero de este año Guzmán Coraita pidió por nota, dirigida al presidente de la Corte, Guillermo Catalano, que informe los sueldos de los ministros de este tribunal. No hubo respuesta. Presentó entonces una intimación, recordando que había pasado un tiempo prudencial sin que se le permitiera acceder a la información, y recibió una nota de la presidencia señalándole que la ley provincial de acceso a la información pública no estaba reglamentada y por lo tanto no corría ningún plazo para darle una respuesta.
"La Constitución de la provincia dice en su artículo 16 que el hecho de que no esté reglamentado no es obstáculo para acceder a derechos y garantías consagrados", sostuvo el abogado, para quien "la falta de reglamentación no puede ser excusa para un Poder no cumpla con sus obligaciones".
Guzmán Coraita señaló que esta es la primera vez, desde 2012, que la Corte no brinda una información requerida. Entre otros pedidos, solicitó datos sobre los contratos del Poder Judicial de Salta con empresas que hacen monitoreo de medios, la Corte informó tiene uno con la empresa Troka y le entregó copias de los contratos. Pidió información sobre los gastos de la Escuela de la Magistratura en cursos y profesores, "y me dieron la información de manera detallada y completa". También requirió información sobre los viajes de los ministros y, si bien hubo alguna dilación, finalmente el tribunal entregó los datos. Y le informó también sobre estadísticas referidas a causas de delitos contra la administración pública.
¿Cuál podría ser la razón para que en este caso no se informe?, consultó Salta/12. "Lo que sabe de acuerdo a fuentes judiciales es que los sueldos de los jueces de Corte no son homogéneos y que habría sobreasignaciones por otras funciones institucionales que desempeñan los jueces, como, por ejemplo, formar parte de la Secretaría Electoral", sostuvo Guzmán Coraita.
El abogado refirió que las leyes de información pública establecen que los sueldos de todos los funcionarios tienen que estar publicados en internet. "La fundamentación de que sean públicos es porque la ciudadanía tiene que tener mecanismos de control que permitan prevenir la corrupción", sostuvo.
Uno de esos mecanismos es la obligatoriedad de que los funcionarios hagan declaraciones juradas de sus patrimonios y de sus ingresos, precisamente para poder determinar si el patrimonio se condice con el nivel de ingresos. También resaltó que otros poderes judiciales publican los sueldos de los integrantes de los tribunales superiores en sus páginas digitales, es el caso de Jujuy, Mendoza, el Chaco, Buenos Aires, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En el caso del Chaco publica también los recibos de sueldos de sus magistrados.
