Estudiar una carrera universitaria en la cárcel representa la posibilidad de libertad mental y una seria oportunidad para no reincidir. Las estadísticas lo confirman: la gran mayoría de los que estudia no vuelve más a un penal. Pero con la llegada del coronavirus en marzo, más las medidas de aislamiento preventivo ordenadas por el Gobierno nacional, se dificultó para los reclusos la continuidad de sus cursos.

Hace varios años que la educación logró acercarse a los alumnos carcelarios, y son variadas las propuestas estudiantiles a las que se puede acceder desde las cárceles. Las universidades de Buenos Aires (UBA), de La Plata (UNLP), del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), del Comahue (UNCOMA), de la Patagonia San Juan Bosco (UNP), de Salta (UNSA), de La Pampa (UNLPam), de Formosa (UNaF) y la Tecnológica Nacional (UTN) son algunas de las que educan detenidos.

La cantidad de reclusos que participa de la actividad universitaria crece cada año. Para dimensionar la participación de la comunidad carcelaria en proyectos educativos alcanza con ver los números del programa UBA XXII, que en 2019 registró 2.053 alumnos en las distintas dependencias donde la institución está presente.

Pero la llegada del COVID-19 al país hizo que las dependencias carcelarias se cerraran para el ingreso de docentes de todos los niveles de educación que imparten clases. Gran cantidad de alumnos quedó a la espera de una pronta solución para continuar con sus carreras universitarias.

El integrante del Grupo de Estudio sobre la Educación en Cárceles (GESEC), formado en el 2002, Francisco Scarfo, afirma que “el principal problema” al que se enfrentan en este contexto de pandemia “es el dictado de clases, porque los docentes no pueden presentarse, y el segundo es la conectividad, tanto para alumnos como para docentes”. Si bien hay reclusos que tienen celulares autorizados, no tienen un libre acceso a internet y prefieren usar los datos para comunicarse con su familia.

A raíz de esas complicaciones, destaca que hubo docentes de distintas instituciones universitarias, como los de La Plata, que recolectaron “celulares viejos para dárselos a los detenidos, y que se puedan vincular exclusivamente para estudiar”.

“En un estado de emergencia, se volvieron más duras las concesiones sobre lo que se puede o no hacer”, agrega Scarfo, y advierte: “Las complicaciones se extienden a los dos lados del espectro, ya que no todas las universidades tienen tan aceitado el formato online de las carreras”.

Desde el grupo de observación también resaltan la actitud de los detenidos. “Los primeros que no quisieron que nadie vaya fueron ellos mismos”, reconocen, y lo evalúan como una actitud preventiva y responsable. Aun así, parte del trato sobre el cese de actividades académicas y visitas familiares era que mejoraran las medidas sanitarias para los reclusos. “Se banca el aislamiento, pero nadie quiere morir preso”, interpela Scarfo.

En la misma sintonía, el programa UBA XXII, pionero en educación universitaria en cárceles con más de 35 años de antigüedad en el país, también se encuentra con complejidades en el contexto de cuarentena. Su directora, Marta Laferriere, lamenta que la situación abarca a todas las cárceles federales con las que trabaja la universidad.

“El contexto de pandemia impactó muy fuerte porque el programa no tiene virtualidad. La idea siempre fue que los docentes tuvieran contacto con los alumnos, llevar lo de afuera hacia adentro de los penales. Ya se había pedido varias veces al Servicio Penitenciario un acceso a internet, pero no se logró”, lamenta.

Los casos de coronavirus en los penales son muchos, algunos tuvieron finales fatales, y el ingreso a visitas quedó prohibido. Cuando la cuarentena se extendió, se les presentó la inevitable pregunta, ¿cómo lograr un acercamiento en esta situación y que el ánimo y las ganas de estudiar no se frenen? Laferriere afirma que “las unidades académicas debieron pensar e inventar la manera de lograr el acercamiento; y, aunque fue difícil, se pudo y muchos cursos se dan de forma online”.

Por el compromiso y empuje se lograron ciertas excepciones. En Devoto, por ejemplo, consiguieron que los docentes pudieran hacerles llegar a los reclusos el material del curso, tanto vía pendrive como de forma impresa. “En muchos casos se pudo acercar material a la puerta, y dependemos del Servicio para que lo reparta”, subraya la directora.

“Una de las ideas que tuvimos es que los alumnos que estén más adelantados puedan guiar a los demás con el material, pero en muchas dependencias no había lugar para que se reúnan y se respete cierto distanciamiento físico”, relata, y reflexiona que esto es un día a día. “Se verán más adelante los resultados, pero por ahora el futuro no se puede predecir”, reflexiona la responsable de UBA XXII.

Para el coordinador de la Comisión de Educación en Contexto de Privación de la Libertad de la Universidad Nacional de Salta, Miguel Rosales, “el área de bienestar dentro del sistema carcelario no está funcionando, y por eso no está garantizado el acceso a la educación”, y advierte que en esa provincia “no se están dando clases de los niveles primario, secundario y universitario”.

En Salta, la UNSA tiene presencia en las cárceles con la carrera de Comunicación Social. El coordinador considera preocupante la situación y subraya que “los estudiantes no han generado formas de resistencia al encierro, y se ve que se genera más violencia”.

Entre tanto, cuestiona que los estudiantes reciben una doble violencia, institucional y simbólica. Al no tener acceso a los materiales y a la educación, se les coarta el derecho humano al libre acceso a la formación”.

También reafirma que de parte de los estudiantes existe compromiso e interés: “Me han llamado alumnos del penal o familias, desde los teléfonos públicos o celulares porque ven que no tiene respuestas, que no se les pueden facilitar los materiales. Notan la falta de un kit educativo con artículos de librería y material bibliográfico que se les entregaba todos los años”.

La comisión cree que cualquier tipo de educación “despega a la persona de las rejas; tener acceso a los bienes culturales despeja, pone la cabeza en otra cosa”, y critica que “es lamentable que la educación se use como premio o castigo, que solo los ‘buenos presos’ puedan acceder”.

La Universidad Nacional de La Plata, por su parte, presentó al Ministerio de Justicia un programa de continuidad pedagógica durante la emergencia que contiene varias medidas, como la entrega de materiales de estudio, fotocopias y útiles, a cambio de conectividad.

Tristán Basile, coordinador del Programa de Acompañamiento a Estudiantes Privados/as de la Libertad, explica que, a partir de la pandemia, hubo “dos pilares que se quiebran: por un lado, la presencia de los docentes en las cárceles, y, por otro, que los detenidos puedan asistir a rendir”. En este contexto, tuvieron un marco de acción, ya que se autorizó el uso de teléfonos celulares con los estudiantes para mantener el vínculo pedagógico.

“El objetivo ahora es que se pueda lograr un segundo cuatrimestre, o algo parecido, y que el eje de discusión sea la conectividad. Existe la brecha digital en todo el país, pero mucho más en la cárcel, por eso se llevaron módems por parte de la Universidad”, celebra el coordinador.

Esta nueva modalidad virtual, instalada en medio del caos, con la correcta mantención en el tiempo desde las universidades y el sistema penitenciario, abre posibilidades infinitas para los reclusos que quieran cursar una carrera universitaria en el mundo que vendrá, en la nueva normalidad.

Quedará en manos de las autoridades profundizar y mejorar una de las actividades que garantiza la casi nula reincidencia; una actividad que equipara, que compromete, que da oportunidades reales y tangibles, y al mismo tiempo les permite soñar. La universidad como una opción de vida.