El intendente catarmaqueño Enrique Aybar, condenado por violar a una chica de 15 años, "planificó la agresión sexual" y "armó la escena delictiva mediante un engaño". Así lo aseguró el juez Jorge Rolando Palacios en los fundamentos de la condena a 6 años de prisión efectiva que le dictó al funcionario, que sigue en su cargo y permanecerá en libertad hasta que quede firme la condena.
En la resolución, el magistrado remarcó “el comportamiento del acusado en el hecho, que demostró su crueldad en el modo de ejecutarlo”. Al momento de cometer el abuso sexual, Aybar "tenía bajo su cuidado y poder a la víctima", una adolescente de Puerta de Corral Quemado -el pueblo donde todavía hoy es intendente- a la que había ofrecido ayuda.
El magistrado, a cargo de Cámara Penal N°3 de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, condenó a Aybar por considerarlo “autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple agravado por la guarda”, cometido en 2013, cuando la denunciante tenía 15 años. En la decisión de la condena, aclaró Palacios, pesó también la perspectiva de género.
Si bien la querella pidió la inmediata detención de Aybar, porque “dado el poder institucional y los recursos materiales que maneja, puede eludir la acción de la justicia, es decir fugarse”, el juez no consideró necesaria la detención preventiva por lo que Aybar continúa en libertad y ejerciendo su cargo hasta tanto la sentencia quede firme una vez que hayan pasado los diez días que establece la normativa provincial. “Es un riesgo el hecho de que esté el libertad porque es un sujeto con poder”, señaló a Página/12 Sebastián Ibáñez, abogado querellante.
En las conclusiones de la sentencia, el juez señaló “el engaño” que Aybar utilizó para cometer el delito, y remarcó que “jugó con la ilusión de la víctima de escaso recurso económico”. “Todos estos actos de significado sexual fueron realizados en forma dolosa por parte del acusado”, afirmó Palacios en el fallo, y remarcó que "el acusado planificó la agresión sexual contra la víctima". En este sentido, el juez señaló que Aybar "había quedado a cargo del cuidado físico y moral de la víctima" ya que "la madre confió" en él y "creyó que era una persona respetable, al ser intendente y docente".
Respecto de las circunstancias del delito, el magistrado sostuvo que “este accionar delictivo como lo hizo el acusado, era pues, para lograr su impunidad y eludir la acción de la justicia”. Además, consideró “la magnitud de las consecuencias materiales del delito” sobre la vida de la denunciante. Según detalló el juez, existió una “violencia moral”, que sufrió la denunciante al ser “cosificada, coaccionada moralmente, ridiculizada, desvalorizada”.
El texto aclara que la decisión fue abordada "desde una perspectiva de género", por lo que pide "que se adopten medidas de protección, aseguramiento y resguardo de la víctima”.
“Hay otras denuncias contra Aybar radicadas en la fiscalía de Belén, que están en una etapa muy iniciática por el poder que él tiene. Hasta que no se haga efectiva la detención, las víctimas no quieren avanzar, no se sienten seguras”, señaló Ibáñez. Avanzar con una denuncia de este tipo “requiere un proceso muy lento para lograr la fortaleza anímica”, agregó.
La judicialización del hecho, denunciado por la víctima hace 7 años, fue dilatada en ocasiones anteriores, la última en junio de este año, cuando se suspendió el juicio por un planteo de nulidad presentado por la defensa. El viernes 14 de agosto, el Tribunal dio a conocer la condena.
La sentencia quedará firme a mediados de septiembre, si la defensa no interpone recurso de casación. En ese caso, el expediente se elevaría a la Corte de Justicia de Catamarca. "Manifestamos desde un primer momento las demoras y trabas en el juicio", advirtió Ibáñez, y afirmó que, en caso de que la defensa apele la resolución del juez Palacios, "vamos a pedir a la Corte el encarcelamiento preventivo".
